El Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad y por razones de «interés general» autorizar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos al rechazar el recurso presentado por la familia del dictador contra la decisión del Gobierno.
Fuentes jurídicas han señalado que el Supremo ha desestimado «en su totalidad» el recurso de la familia Franco, lo que significa que ven conforme a derecho la prohibición del Ejecutivo de inhumar al dictador en la Catedral de La Almudena.
Los magistrados no apuntan cuál debe ser el destino de los restos del dictador, pero de forma implícita estarían avalando su inhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo. Esto, salvo que la familia proponga otro lugar de enterramiento alternativo, en cuyo caso habría que estudiarlo.
La ejecución del traslado también dependerá de la decisión del juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, quien tendrá que decidir si mantiene las medidas cautelares urgentes que paralizaron la licencia de obras para el levantamiento de la losa que cubre la sepultura en la que yacen los restos mortales de Franco en el Valle de los Caídos.
La reunión de los magistrados, de la que sólo ha trascendido el fallo, apenas ha durado una hora y media. Los argumentos de los jueces al rechazar cada uno de los puntos recurridos por la familia se conocerá en los próximos días, cuando se haga pública la sentencia.
Promesa de Sánchez
La decisión sobre una de las grandes promesas de la legislatura de Pedro Sánchez coincide el mismo día con la disolución de las Cortes y el decreto de convocatoria de elecciones del 10 de noviembre.
El presidente en funciones, que se encuentra en Nueva York, ha definido como «una gran victoria de la democracia española». La vicepresidenta, Carmen Calvo, encargada de pilotar todo el proceso ha avanzado ya que la intención es «que los restos de Franco estén fuera de Cuelgamuros antes del 10-N», informa Víctor Ruiz de Almirón.
El objetivo del Ejecutivo era que los restos se reinhumaran en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y aludía a motivos de seguridad para oponerse al deseo de los nietos del dictador de hacerlo en la cripta de la catedral de la Almudena, donde su hija, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos.
La familia Franco, en declaraciones a ABC, ha mostrado su profunda «decepción» por el fallo del Supremo. «Nunca imaginamos que el TS, y menos por unanimidad, validaría una decisión contraria a Derecho tomada por el Gobierno», ha declarado el abogado familiar, Luis Felipe Utrera-Molina, según informa Enrique Delgado. El abogado avisa de que los nietos del dictador recurrirán pidiendo amparo al Constitucional y, después, podrían incluso continuar la batalla legal en Estrasburgo.
En este recurso, podrán solicitar las medidas cautelares previstas en el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que permite paralizar una decisión en aquellos casos de urgencia excepcional, una vía que rara vez tiene éxito ante el tribunal de garantías. La familia no podrá dar este paso hasta que se les notifique la sentencia, de la que por ahora solo se ha adelantado el fallo.
El Supremo paralizó la exhumación acordada por el Gobierno para el pasado 10 de junio y lo justificó en la necesidad de evitar el perjuicio que provocaría que, una vez «exhumados los restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan». En este asunto están personados, además de la familia Franco, la Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, si bien estos recursos se resolverán más adelante.
