El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves una proposición de ley para suprimir el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable que afecta a las estaciones de esquí presentada por Ciudadanos y apoyada por el PSOE, el PP y el PAR y rechazada por Podemos, CHA e IU.
Un impuesto, según ha afirmado en el pleno el portavoz de Hacienda de Cs, Javier Fernández, que no aportaba «absolutamente nada» -ya que su aplicación está en suspenso- y que suponía una «espada de Democles» por el mero hecho de existir para el sector de la nieve al poder verse penalizado.
Para Ciudadanos, según recoge en la exposición de motivos de la ley, el balance positivo de las cuentas de la Comunidad por la evolución positiva de los ingresos permite la aprobación de rebajas fiscales para apoyar la reactivación de la economía, en este caso la eliminación del impuesto sobre las instalaciones de transporte por cable, con aplicación con efectos retroactivos al 1 de enero de este año.
El texto ha salido adelante después de incorporar las enmiendas del PP y del PSOE, en el caso de los socialistas, según ha manifestado el diputado Alfredo Sancho, porque a efectos prácticos es lo mismo la suspensión de la aplicación que la supresión.
Pero para Yolanda Vallés, del PP, la supresión de este impuesto evidencia la falta de acuerdo de la izquierda y por tanto el fracaso del Gobierno en materia económica, mientras que Elena Allué, del PAR, ha incidido en que la propuesta es la misma que en su día presentó su grupo y en que el PSOE se sirve de Cs para sacar adelante esta supresión de cara a las elecciones al no haber podido hacerlo a través de los presupuestos.
Por su parte, Erika Sanz, de Podemos, ha denunciado la «carrera» en la que está inmersa la derecha para bajar o suprimir impuestos «dejando vendidos los servicios públicos», en este caso «con la colaboración necesaria del PSOE».
Por el grupo mixto, Gregorio Briz, de CHA, ha criticado la actuación «oportunista» de Cs, porque este impuesto no se ha puesto en marcha y es mucho más razonable, desde el progresismo de izquierdas, mantenerlo para activarlo si interesa bajo el principio de «quien contamina paga».
