El Tribunal Supremo ha acordado volver a la doctrina que establece que son los clientes, y no la banca, la que debe afrontar los gastos derivados del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas. La decisión se habría adoptado por 15 votos a favor y 13 en contra en medio de una gran división del tribunal.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo reanudaba pasadas las cuatro y media de ese martes su segunda sesión de deliberaciones sobre quién debe asumir el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados –impuesto sobre hipotecas–, con el objetivo de superar la grave fractura existente.
El tribunal debe fallar si estima o no tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias. Por el momento la Sala se inclina, por la mínima, por atribuir a los clientes el pago del impuesto, volviendo a la jurisprudencia tradicional, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.
Otra de las claves del debate la fijación de la retroactividad de la nueva doctrina en el caso de que ésta se confirme. Se baraja que pueda fijarse expresamente en la sentencia en cuatro años, que es el plazo legal que permite la reclamación directa por los ciudadanos a Hacienda del dinero pagado por este impuesto, aunque algunos magistrados no lo creen necesario.
