Los primeros compases del juicio en Bélgica contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena escenifican el desacuerdo entre las partes. El letrado Hakim Boularbah, que defiende al magistrado español, ha insistido este martes en cuestionar la jurisdicción belga para juzgar el asunto, en el que España se persona formalmente desde hoy. Enfrente, los abogados de Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos creen que la competencia de los tribunales belgas para juzgar a Llarena no es debatible, y reclaman entrar ya en el fondo del caso: la presunta parcialidad del juez por unas declaraciones públicas en las que supuestamente habría vulnerado la presunción de inocencia de los instigadores del referéndum ilegal del 1-O
Ambas partes solo parecen estar de acuerdo en una sola cosa: en que no están de acuerdo. Y se abre ahora un periodo de un mes para que los abogados presenten por escrito sus alegaciones defendiendo una y otra postura. A partir de ahí, la justicia belga tendrá dos semanas para pronunciarse sobre si la demanda es admisible o, por el contrario, da por cerrado el caso al estimar que no puede tomar posición sobre los actos de la justicia española.
Lo novedoso del proceso hace su resultado incierto. Es la primera vez que en Bélgica está sobre la mesa una demanda contra un juez extranjero, por lo que la defensa de Llarena, que quiere evitar a toda costa que la justicia de ese país examine el fondo del caso, ha recurrido a precedentes como la compra del banco holandés Fortis por el francés BNP Paribas, salpicado de denuncias que los jueces belgas finalmente rehusaron tratar al declararse no competentes. «Hay que decidir primero si hay jurisdicción belga antes de entrar sobre el fondo. El Reino de España viene aquí para defender la jurisdicción y solo ha tomado posición sobre eso», ha dicho Boularbah. El abogado de la acusación, Gonzalo Boye, cree en cambio que no hay motivos para cerrar la causa. «La justicia belga es competente porque no se está enjuiciando a un magistrado del Supremo sino a un señor que se llama Pablo Llarena que hizo unas manifestaciones privadas fuera del ámbito de su jurisdicción», ha afirmado este martes.
Una cámara de tres jueces deberá pronunciarse al respecto, tal y como había solicitado la defensa dada la complejidad del caso. La acusación, encabezada por los letrados Paul Bekaert, Christophe Marchand y el propio Boye, aceptó esa petición de sus oponentes de elevar a tres el número de magistrados. «Es lo mejor para un caso de estas características», ha explicado Boye a la salida de la audiencia, que ha durado escasos minutos. Su principal línea argumental es que no hay ningún impedimento para que la justicia belga analice las palabras pronunciadas por Llarena en Oviedo el pasado febrero, en las que consideran que el juez se extralimitó y dio opiniones sobre la macrocausa contra el independentismo para las que no está habilitado en su posición.
El magistrado dijo entonces que «delitos políticos son aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal». Y añadía: «No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos —si es que eso ha sido así— pues tienen que ser investigados».
Boye ha señalado que ve muy optimista el plazo de mes y medio que Boularbah anuncia que tardará la justicia belga en decidir si puede juzgar a Llarena, y cree que se extenderá por más tiempo, entre seis y doce meses. «Ahora viene un intercambio de escritos bastante largo», ha afirmado el abogado de los políticos independentistas.
