El primer anuncio de calado del nuevo ministro de Fomento, acerca de la supresión del pago por uso en las autopistas que vayan venciendo, ha tenido tanto de diligencia como de electoralismo. Quizás también lleva algunas gotas de temeridad por cuanto un compromiso apresurado en este sentido marca la senda a seguir en un asunto no exento de aristas, como la financiación de infraestructuras.
José Luis Ábalos ha prometido el fin del peaje el próximo noviembre en la autopista AP-1 Burgos-Armiñón, gestionada por Itínere. Y en diciembre de 2019 se dejará de pagar en la AP-4 que enlaza Sevilla con Cádiz, y en el tramo entre Tarragona y Alicante de la AP-7 (las dos últimas son operadas por Aumar, filial de Abertis). Se ha comprometido en una entrevista concedida a El País,y horas antes avanzó su posición en un acto de partido, en la escuela de verano del PSC en Barcelona, en el que llegó a pedir el voto a los catalanes que quieran autopistas gratuitas.
Los críticos bien pueden acusar al PSOE de un arranque de mandato pensando en las urnas, máxime cuando venía reclamando desde la oposición un análisis de las prioridades del país en infraestructuras ajeno al oportunismo político. Eso sí, en el haber de los socialistas está la defensa de la gestión pública, e incluso de levantar barerras, antes de posibles relicitaciones.
Donde el anterior ministro, Íñigo de la Serna, reclamaba un amplio debate sobre el futuro del sistema concesional, Ábalos ha zanjado una polémica de años en apenas una semana. Todos los actores implicados coinciden en que urgía la toma de una posición; pero también los hay que ayer hablaban de ligereza. El Ejecutivo apuesta por asumir el coste de la conservación, dejar de ingresar los impuestos derivados de la explotación privada, y renunciar a cientos de millones con la relicitación de algunas de las autopistas de mayor tráfico pesado del país. Y reconoce menos margen con el ramillete de autopistas quebradas, ante el rescate ya consumado y el próximo impacto en déficit. En ese caso, Fomento parece abocado a nuevas concesiones.
El ministro crea un precedente para Acesa (479 kilómetros de la AP-7 y AP2), que vence en agosto de 2021, y para la catalana Invicat (66 kilómetros de la C-32 Montgat-Blanes y C-33 Barcelona-Montmeló), esta última titularidad de la Generalitat. Por ello, Ábalos debe explicar en profundidad cómo se afrontarán futuros costes, hasta ahora financiados con el pago por uso, en un contexto de máxima presión a los Presupuestos del Estado.
