Los presidentes del Congreso y del Senado han asumido por decisión propia, al margen del Gobierno, la defensa ante los países de la UE de los argumentos constitucionales frente al discurso independentista. Ana Pastor y Pío García-Escudero, máximos representantes del poder legislativo, abogaron este lunes en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión, reunida en Tallín(Estonia), por poner freno en Europa a los «nacionalismos radicales y los populismos de ultra izquierda» que, como en Cataluña, advirtieron, amenazan los fundamentos básicos del Estado de derecho. Pastor y Escudero reaccionan así ante el relato enhebrado por los secesionistas en el terreno internacional que dibuja un país carente de garantías democráticas y en el que no se respetan los derechos fundamentales. Ambos han aprovechado su primer viaje conjunto para alertar a los socios europeos, en palabras del presidente del Senado, del «peligro de contagio».
Unidos para defender la imagen de España, ayer mismo. Los máximos representantes del Congreso y el Senado alzaron la voz en Estonia. Para la presidenta del Congreso, tercera magistratura del Estado, los miembros de la Unión deben ver en la respuesta que ha dado la democracia española al desafío secesionista de Cataluña una «lección de fortaleza» ante los intentos de quebrar la unidad nacional. «Lo sucedido en España debe ser una lección para todos los que, en cualquier lugar de Europa, sientan la tentación de transformar sus realidades nacionales al margen de la ley», defendió Ana Pastor, junto a Pio García-Escudero, su homólogo en el Senado.
La voz del poder legislativo se hace oír mientras en el Gobierno, por el contrario, la actitud imperante tras la aplicación del 155 es la de dejar a la Justicia el freno contra al rupturismo y, a falta de una estrecha coordinación, surgen contradicciones; grietas en el discurso constitucional en las que el secesionismo hace palanca.
Las dudas del tribunal de Schleswig-Holstein a la hora de dar respuesta a la euroorden presentada por el juez del SupremoPablo Llarena han sido acogidas con el silencio por parte del Ejecutivo. No todos los miembros del Gobierno, y aun menos en el seno del partido, coinciden en que esta sea la mejor estrategia porque la ciudadanía, lejos de las interpretaciones puristas acerca de la euroorden, lo que ve es, en palabras de un miembro destacado de la diplomacia, «una actitud temerosa que cede terreno ante el adversario».
La reciente controversia entre Llarena y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha hecho sino incrementar el desasosiego. Ya no es sólo ausencia de reacción sino graves discrepancias las que emergen en un frente, el constitucional, que debería ser monolítico. La coordinación en el Ejecutivo para pronunciarse, para defender los argumentos del Estado dentro y, sobre todo, fuera de las fronteras, brilla por su ausencia.
Los que han actuado discretamente en sus ámbitos de competencia intentando amplificar el mensaje constitucional ante la prensa, los inversores y los think tankextranjeros se quejan de la falta de acompañamiento y de la ausencia de directrices comunes para actuar a coro.
Rafael Catalá hace equilibrios entre la dura posición de los tribunales y la aparente apatía de Moncloa; Montoro defiende la gestión y los controles de sus inspectores y funcionarios frente a los datos de la Guardia Civil; Zoido hace bandera de las investigaciones de las fuerzas de seguridad contra los vericuetos de la malversación y Alfonso Dastis transita del silencio gubernamental al aluvión de preguntas que se suscitan en los medios y foros internacionales. La coreografía es caótica y falta la música de fondo.
En estas circunstancias otros personajes han asumido el rol de la defensa del Estado. A las palabras decididas del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el pasado domingo en Alemania -«el procés también amenaza a Europa»-, se unen ahora las voces de los presidentes de las dos Cámaras legislativas.
«El futuro de la Unión no está exento de amenazas», avisó García Escudero en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la UE. «La más importante es el crecimiento de movimientos populistas y ultranacionalismos radicales, contra el modelo de democracias liberales y parlamentarias». En Cataluña, explicó, lo que está ocurriendo es la «resultante de una peculiar confluencia entre nacionalismo radical, sociológicamente burgués, y populismo de ultraizquierda, una sucesión de hechos consumados frontalmente dirigidos contra la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles, es decir, contra los fundamentos de nuestra Constitución y el Estado de Derecho».
García-Escudero relató la «triple respuesta» que se ha dado para restablecer la ley y la convivencia. Primero citó la social, la de una «mayoría silenciosa» en Cataluña que ha decidido movilizarse; después, la política, con la autorización por el Senado de la aplicación del artículo 155, la destitución del Govern de la Generalitat y la convocatoria de elecciones. Y, por último, la judicial, por actos que son, dijo, «de extrema gravedad». «Se investigan», recalcó, «y serán juzgados por sus actos, no por sus ideas, por lo que es insultante que se hable de presos políticos». Para él, resulta «realmente triste tener que reivindicar lo obvio». El presidente de la Cámara Alta finalizó su intervención advirtiendo del «peligro de contagio» si Europa no es capaz de «fortalecer su unidad interna» y olvida «la mutua lealtad» en la aplicación del imperio de la ley.
La presidenta del Congreso describió el desafío independentista como «el mayor ataque sufrido por la democracia española» e insistió ante sus homólogos en una defensa rotunda de la Constitución para hacer frente a quienes arrojan sombras sobre la justicia en España. «Nada hay más fuerte que el valor compartido de las democracias amparado por las leyes que nos hemos dado; las leyes», añadió, «que nos protegen, pero que también nos obligan, pues son la última garantía de nuestras libertades».
Las leyes que, recordó Pastor, han respondido con contundencia a «una agresión de especial gravedad por parte de quienes desde las instituciones de Cataluña han pretendido violentar nuestra Constitución y el Estado de Derecho».
