La Mesa del Parlament ha aprobado este martes la delegación del voto del diputado de ERC Toni Comín para los plenos de la Cámara. El exconsejero se encuentra en Bélgica pendiente de saber si es extraditado o no en virtud de la euroorden impulsada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La reacción del Gobierno de Mariano Rajoy no se ha hecho esperar: el propio presidente del Gobierno ha anunciado que el Ejecutivo estudiará emprender «acciones legales» ante la decisión adoptada por la Mesa.
Concretamente, Rajoy ha reclamado en rueda de prensa en Moncloa, junto al primer ministro turco, Binali Yildirim, que se recuperen la «cordura» y la normalidad «política y social» en Cataluña con la investidura de un presidente que esté «habilitado para gobernar».
Las palabras del presidente del Gobierno contestaban así a la votación de hoy en la Mesa del Parlament, que ha admitido la solicitud presentada por Comínpara delegar su voto en el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, «durante el tiempo que dure» la imposibilidad de acudir al hemiciclo, puesto que no puede abandonar Bélgica a la espera de que las autoridades judiciales se pronuncien sobre la extradición.
La admisión de la delegación del voto a Comín se suma a la ya aceptada previamente del ‘expresident’ Carles Puigdemont, por encontrarse en Alemania pendiente también de que se decida sobre su extradición. Ambas delegaciones de voto podrían facilitar el desbloqueo de la investidura, ya que, con las abstenciones de la CUP, un candidato de JxCAT puede conseguir ahora la mayoría requerida.
La delegación de voto de Comín ha sido aprobada en la Mesa del Parlament con los votos favorables de los miembros pertenecientes a los grupos independentistas (JxCAT y ERC) y los contrarios del resto de grupos representados en este órgano: Ciudadanos y PSC. CUP y PC no tienen a ningún representante.
Una vez aprobada la delegación de voto, que es una potestad exclusiva de la Mesa del Parlament, los grupos de JxCAT y ERC podrán contar mañana, en el pleno ordinario que ha sido convocado, con todos los votos de diputados elegidos en las elecciones del 21-D.
Un movimiento polémico
La petición de delegación era polémica, ya que el ‘exconseller’ se fue a Bélgica a finales de octubre de 2017 para no comparecer ante el Tribunal Supremo. En este sentido, cabe señalar que existe un auto del Tribunal Constitucional del 27 de enero que advierte de que «los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios«.
De hecho, ERC y Comín habían rechazado pedir la delegación hasta ahora, por lo que en los tres meses de legislatura el ‘exconseller’ no había votado en ningún pleno. Ahora se animan a presentar esta delegación después de que Puigdemont ya votara de forma delegada en un pleno anterior y nadie lo haya impugnado ante la Justicia.
Tanto ERC como JxCAT defienden que Comín y Puigdemont se han puesto a disposición judicial en los países en que están ahora, Bélgica y Alemania respectivamente, por lo que defienden delegar el voto aunque en su día no comparecieran ante el Supremo.
JxCAT y ERC tumban la petición de Cs
Además, la mayoría independentista de JxCAT y ERC en la Mesa del Parlament rechazó la petición de Cs para que la cámara reconsidere la decisión de presentar una querella por prevaricación contra el juez Pablo Llarena, por lo que la formación naranja prevé presentar un recurso contencioso-administrativo. El pasado 13 de abril, JxCAT y ERC acordaron en una reunión de la Mesa, con la oposición de Cs y el PSC, que el Parlament presente unaquerella contra Llarena por «vulneración de derechos«, después de que el juez denegase al diputado Jordi Sànchez asistir al debate de su investidura.
Ante esta decisión del máximo órgano de la cámara catalana, Ciudadanos presentó un escrito para que la Mesa reconsiderase su decisión de presentar una querella contra Llarena, petición que fue rechazada en la reunión de este martes. También los letrados de la cámara catalana desaconsejaron, tras el acuerdo de JxCAT y ERC, presentar esta querella por motivos técnicos, jurídicos e institucionales. Fuentes parlamentarias de la formación naranja avanzaron que prevén interponer un recurso contencioso-administrativopara que la jurisdicción determine si un órgano de gobierno como la Mesa del Parlament puede «defender intereses particulares», los de Jordi Sànchez, con recursos públicos.
