No lo va a tener nada fácil Mariano Rajoy para cumplir la ley y garantizar que el castellano sea, junto al catalán, la lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. Además del grueso muro de oposición política que tiene enfrente, se le presentan muchas dificultades técnicas que lo ponen entre la espada y la pared y hacen casi imposible articular en tan poco tiempo un cambio que supone, en la práctica, poner fin al actual modelo de inmersión lingüística. Hay bastantes posibilidades de que la resolución que será publicada en las próximas semanas con las normas de preinscripción y matriculación para el próximo curso no aluda a la famosa casilla lingüística que permite a las familias escoger en qué lenguas aprenden sus hijos.
Fuentes educativas sostienen que «no es tan sencillo» incluir esta casilla en las hojas de preinscripción escolar de los centros sostenidos con fondos públicos. También lo admiten los propios colectivos cívicos que defienden a los padres que piden más castellano. «No es la solución, porque la casilla no tiene amparo judicial», dice Pepe Domingo, de Impulso Ciudadano, explicando que, hace 10 años, hubo sentencias que sí les dieron la razón en esta vieja reivindicación, pero, «más recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado los impresos de la Generalitat sin casilla, y ha dicho que bastaría con que, en el momento de la matriculación, los padres pudieran expresar verbalmente el deseo de escolarizar a sus hijos en su lengua habitual».
La solución más acertada, según Domingo, sería introducir una fórmula generalista en las instrucciones de la Generalitat que dijera, sin hacer mención a la casilla, que «los proyectos lingüísticos de los centros deben adaptarse a la ley e incluir una proporción razonable de castellano y catalán como lenguas vehiculares que en ningún caso podrá ser inferior al 25% en cada una de ellas».
Porque la ley no permite ir más allá. La Lomce estableció el uso del castellano en una «proporción razonable» junto al catalán, y luego el TSJC concretó esa proporción en un mínimo del 25%. Según los colectivos cívicos, sólo hay un colegio público en toda la comunidad autónoma que haya cumplido e imparta esta proporción del 25% de forma generalizada en todas las edades. Se trata del Josep Guinovart de Castelldefels, que este curso comenzó a dar dos asignaturas en español (Lengua Castellana y Matemáticas), entre seis y siete horas semanales.
El resto de los centros públicos ofrece sólo en español la asignatura de Lengua Castellana, así que, si Íñigo Méndez de Vigo finalmente se decidiera a blindar el castellano en la resolución que tiene a su cargo, lo primero que tendría que hacer es redactar un reglamento en el que se dictaran nuevas instrucciones a los colegios, ya que deberían modificar de arriba abajo sus proyectos educativos para adaptar a las nuevas normas los proyectos lingüísticos.
«Es una bola muy grande, el Gobierno se está metiendo en un berenjenal», opinan las fuentes consultadas, que dudan de que, a estas alturas de curso, vaya a dar tiempo a hacer todos los cambios para tener en septiembre un nuevo modelo educativo alternativo a la actual inmersión lingüística.
Lo dice hasta Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe: «A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Si se hace mal, podemos tener muchos problemas. No podemos poner en marcha una medida populista que genere un incendio y no esté bien articulada».
Las fuentes consultadas opinan que el Departamento de Enseñanza de la Generalitat debería dar instrucciones concretas y detalladas a los centros para que modifiquen sus proyectos lingüísticos, pero esto supone cambiar los libros de texto y también las programaciones didácticas de los profesores, algo que tendría que estar listo antes del próximo junio. Las editoriales tendrían, por su parte, que actuar «contra reloj» para preparar los nuevos materiales «en un tiempo récord».
Y todo esto en un contexto en el que el Gobierno se encuentra en funciones en Cataluña. Porque, aunque Méndez de Vigo ejerza a la vez como ministro y conseller, ha ido hasta ahora con mucho tiento para no pisar callos y, salvo con el adoctrinamiento, se ha limitado a hacer lo imprescindible. Es consciente de que tiene a toda la maquinaria nacionalista preparada para saltar. El sindicato mayoritario de profesores, USTEC, ya ha anunciado que desobedecerá las órdenes de escolarizar también en castellano. Y, si los docentes y los directores no quieren cambiar, no hay 155 que se haga efectivo en la escuela.
