El proceso independentista fue un «fake» en toda regla, una falsedad, una «enorme representación» que utilizó «las cuentas de la Generalitat como caja» para los fines independentistas, y no para el interés general. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, denunció ayer de esta manera en el Senado el uso fraudulento que los separatistas hicieron del dinero público cuando estaban en el poder. Lo resumió en dos datos:mientras se alimentaban las «estructuras de Estado, incompatibles con la legalidad», el gasto en Sanidad se recortó en 1.000 millones de euros, y el tijeretazo al conjunto del gasto social fue de 5.500 millones, en un lustro.
Sáenz de Santamaría, que asumió las funciones de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, por delegación del presidente Rajoy, compareció en el Senado para hacer un balance de las medidas excepcionales que se han aplicado en esa Comunidad. Los independentistas criticaron a la vicepresidenta por dar explicaciones en plena campaña electoral, y aprovecharon de paso para afearle que dijera en un mitin que el Gobierno había descabezado al independentismo.
«Tienen ustedes la piel mucho más fina que la lengua», replicó Sáenz de Santamaría, quien recordó los insultos que reciben los constitucionalistas, y sus familiares, a todas horas por parte de quienes ahora se echan las manos a la cabeza:«Franquistas y tardofranquistas, falangistas y neofalangistas, dictadores, fascistas, golpistas, fachas, miserables, descerebrados, ladrones, racistas y psicópatas». «Los independentistas perdieron la cabeza con el procés», sentenció.
Empleados públicos
La intervención «excepcional» del Gobierno en la Generalitat se ha desarrollado con total «normalidad», y con la colaboración de los funcionarios, según subrayó la vicepresidenta, quien destacó de forma especial la profesionalidad de los empleados públicos. Los consejeros separatistas cesaron en sus puestos, por el 155, pero la Generalitat ha seguido funcionando, y se han pagado las nóminas a final de mes, a pesar de los malos augurios de algunos.
El Gobierno ha podido constatar cómo el antiguo Ejecutivo presidido por Puigdemont centró sus esfuerzos, y su presupuesto, en el objetivo ilegal independentista, y desatendió los asuntos que afectan directamente a la vida de la gente. «Nadie obligó a la Generalitat a pagar más de un millón de euros para mantener la delegación en Estados Unidos, mientras se negaban 1.800 euros a los ayuntamientos para pagar una plaza de guardería en Cornellá o en Hospitalet, como acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», recordó.
A medida que se radicalizó el discurso independentista, se desatendió todo lo demás, explicó Sáenz de Santamaría. Y puso estos ejemplos sobre las áreas prioritarias de los servicios públicos: respecto a 2016, los acuerdos sobre Educación descendieron un 26 por ciento; los relativos a Sanidad, un 28 por ciento, y los referentes a Asuntos Sociales un 30 por ciento.
«Todo ello, después de haber rebajado en 1.000 millones de euros el presupuesto sanitario y en 5.500 millones el gasto social. Una cuarta parte del total», subrayó durante su comparecencia, en la Comisión conjunta de Comunidades Autónomas y Constitucional. Fue una sesión a la que, a excepción del PP, los grupos enviaron una representación mínima (el portavoz) en una sala que se quedó grande.
Las «incomparecencias e incompetencias» de la Generalitat durante la etapa de Puigdemont no se limitaban al área social. La vicepresidenta se refirió a la Justicia: las cuestiones tratadas en los Consejos de Gobierno se redujeron casi a la mitad (un 46 por ciento). «La aplicación del 155 ha revelado que los asuntos estaban paralizados durante semanas. Nos hemos encontrado con 26 contratos vencidos y no renovados. El de seguridad y el de traducción, entre ellos», desveló.
Listas de espera
«Para los independentistas, seguir anunciando la avenida de la República era siempre el único punto del orden del día. Era lo primero, y lo último. Todo lo demás podía esperar», comentó. Y redondeó su argumento con estos datos:«Poco importaba que las listas de espera en Sanidad crecieran en un 10 por ciento, hasta 170.000 personas. Que se redujeran otro tanto las camas hospitalarias o los propios profesionales de la sanidad. O que la lista de espera en la dependencia sea la segunda más alta de España, con 80.000 personas esperando su prestación».
Frente a ello, en los nueve Consejos de Ministros que se han celebrado desde la aplicación del artículo 155 se han aprobado más de cien acuerdos, según explicó la vicepresidenta, «centrados especialmente en las áreas prioritarias para el bienestar de los catalanes y la creación de empleo». Destacó la convocatoria de 2.000 plazas para maestros y profesores, tras siete años sin que hubiera ninguna. Además, se han convocado subvenciones por valor de 10,5 millones de euros, para los servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastorno de la salud mental. «Y, gracias a la tramitación urgente de la renta garantizada de ciudadanía, cada mes se dedican 19 millones de euros a ayudar a 26.000 personas en situación de vulnerabilidad», remató Sáenz de Santamaría. Y para asegurar el pago a proveedores, «se han pagado facturas por valor de más de 1.500 millones de euros a proveedores, pymes y empresas, especialmente del ámbito sanitario».
Los portavoces del PDECat y ERC criticaron el «tinte electoralista» del discurso de la vicepresidenta. Este último partido llegó a decir que «la ley no es el fundamento de la democracia», porque hay leyes «injustas». «No sacralicemos la ley», aseguró su portavoz.
