La gestión ministerial permanece prácticamente bloqueada ante la negativa de los funcionarios a firmar instrucciones de los superiores por temor a eventuales consecuencias legales en el futuro
El ha devenido en un comisariado político, el de Óscar Puente, quien ha expresado su veleidad de jugar a la sucesión de Pedro Sánchez. La consecuencia es que la gestión ministerial permanece prácticamente bloqueada: interventores, abogados del Estado y técnicos han optado por solicitar el traslado a otros destinos de la Administración mientras los funcionarios que todavía resisten en el departamento se han rebelado contra las órdenes políticas del círculo del ministro. Huelen el fin de ciclo y temen las posibles consecuencias jurídicas de firmar “instrucciones que nada tienen que ver con criterios profesionales, sino políticos y personales”.
En el momento actual, según ha podido saber este periódico, solo permanece en el Ministerio un interventor en el ejercicio de estas funciones, el adscrito a Hacienda, y ello porque “es preceptivo por ley. El resto ha ido desmarcándose de un departamento, el de mayor presupuesto de la Administración, en el que el proyecto político de Puente parece resultar mucho más prioritario que el desempeño ligado al interés general”, señalan a Vozpópuli fuentes del propio Ministerio.
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La decisión de Puente de verbalizar, este verano, su ambición de aspirar a relevar a Sánchez al frente del PSOE ha precipitado en Transportes una especie de revuelta cuyo motivo principal se sitúa en el rediseño del organigrama ministerial acometido por el ministro actual en julio del año pasado, cuando, con la excusa de ‘limpiar’ el Ministerio del rastro de José Luis Ábalos, impuso la eliminación de la Unidad de Emergencias y Prevención de Accidentes, la promoción de cargos de su estricta confianza como la directora general de Organización e Inspección ministerial, Belén Villar, y la imposición de directivos, varios de ellos procedentes de la etapa de Puente como alcalde de Valladolid, “cuyas únicas credenciales son la relación personal con el ministro, pero que en ningún caso están a la altura de la responsabilidad que tienen en sus manos”.
El colofón a esta iniciativa fue el encargo de que se elaborara una auditoría interna sobre la etapa de Ábalos, que ha sido incluso pericialmente cuestionada en sede judicial durante la celebración del juicio del ‘caso mascarillas’, por el que el Tribunal Supremo sentenció a Ábalos a una pena de 24 años de cárcel.
‘Caza de brujas’
Con anterioridad, Transportes fue escenario de una ‘caza de brujas’ en el departamento impulsada por el círculo del ministro a partir de la elaboración de coartadas de dudosa veracidad con las que se justificaba una purga contra funcionarios afines a Ábalos. Especialmente elocuente sobre estas prácticas fue un informe policial instruido por un mando de la Unidad de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía que apuntaba a la existencia de acusaciones prefabricadas, manipulación de pruebas, falta de diligencia y prácticas irregulares en la apertura de expedientes internos, atribuidos a Villar durante su etapa como secretaria general del gabinete técnico del susbsecretario de Transportes, en 2025.
La ‘remodelación’ de Puente, en la que, según las mismas fuentes, “prima el criterio político en el mejor de los casos y el amiguismo más descarado en el peor” ha forzado la salida de cargos como Angélica Martínez Ortega, interventora al frente de la Secretaría General Técnica durante años en Transportes y recolocada como directora de Recursos Humanos en Ineco. Fue sustituida por Alejandra González Madrid, técnico procedente del Ministerio de Hacienda con nula experiencia en asuntos departamentales relacionados con Transportes.
Otro purgado por Puente y su equipo ha sido José Manuel Gómez, también interventor, que se desempeñó como subsecretario de Transportes y que acabó siendo sustituido por Rafael Guerra Posadas. Gómez fue cesado por haber sido el cargo en que recayó la contratación de las mascarillas a la empresa representada por el comisionista Víctor de Aldama.
El ‘clan’ de Valladolid
José Manuel Gómez siempre ha negado haber tenido una participación activa en esa contratación más allá de haber dado cuenta de la existencia de esa oferta que llegó al Ministerio a través del exasesor de Ábalos Koldo García Izaguirre.
Guerra Posadas, sucesor de Gómez, guarda estrechos vínculos con Puente en la etapa de este como alcalde de Valladolid. De hecho, desde 2015 hasta su nombramiento ministerial, en noviembre del año pasado, Guerra Posadas estuvo al frente de la Asesoría Jurídica General del Ayuntamiento de la capital castellana.
El entorno de Puente también ha forzado la salida del Ministerio de Transportes del abogado del Estado Rafael Domínguez, cuyo destino actual se sitúa en Correos, entidad presidida por Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes en la etapa ministerial de Ábalos y señalado como uno de los propiciadores del rescate, en 2021, de la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra, motivo de una causa judicial en la Audiencia Nacional por la que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero permanece imputado desde el pasado mes de mayo.
Irene Bonet, abogada adjunta del Ministerio de Transportes, es otra de las ‘damnificadas’ de la ‘era Puente’. En la actualidad, se desempeña como secretaria general de Adif tras haber ejercido sus funciones en el Ministerio hasta la llegada del actual ministro, en noviembre de 2023.
Cerdán como ‘padrino’
La ambición política en clave sucesoria de Puente fue espoleada por el hoy repudiado Santos Cerdán, pieza clave en varias causas de corrupción que cercan al sanchismo. Cerdán, desde la dirección orgánica del PSOE, alimentó las ambiciones del ministro para entrar seriamente en la carrera sucesoria de Pedro Sánchez. Ocurrió durante los famosos cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, entre el 24 y el 29 de abril de 2024, según los detalles recogidos por Vozpópuli en fuentes que tomaron parte en aquel episodio, determinante en la trayectoria posterior de otros dirigentes del partido, como la entonces todopoderosa vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reducida hoy a la irrelevancia política tras su cantado fracaso electoral en Andalucía.
Cerdán, como Puente, integró ese ‘gabinete de crisis’ en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa el punto de arranque de las actividades de la cloaca de Leire Díez ligada a Ferraz, para buscar entorpecer las investigaciones policiales y las causas que comprometían al círculo más personal del presidente, quien, desde su aparente retiro, fue tomando nota en aquellas jornadas del comportamiento de unos y otros en términos de adhesión hacia su proyecto.
