El mensaje que queda de las primeras declaraciones de Pedro Sánchez, tras sus bien aprovechadas vacaciones, es demoledor: máxima cautela con Mohamed VI y reproche a Felipe VI
Pedro Sánchez ha decidido estratégicamente que la Corona tampoco quede fuera de la batalla política. El paso tiene más trascendencia de la que puede aparentar porque no estamos ante una discrepancia sobre Felipe VI ni ante el viejo debate entre Monarquía y República, sino ante un presidente del Gobierno que introduce al jefe del Estado en el terreno de la responsabilidad política precisamente cuando su propio Gobierno atraviesa uno de sus momentos de mayor debilidad y cuando él mismo parece haber perdido buena parte de aquella capacidad para controlar los tiempos y elegir las batallas que durante años fue su principal fortaleza.
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El movimiento resulta todavía más grave porque no es un episodio aislado. El PSOE de Sánchez empieza a modificar la relación que tradicionalmente mantuvo con la Corona y a romper un equilibrio que todos los presidentes socialistas habían preservado desde la Transición. Los socialistas nunca escondieron sus raíces republicanas, pero cuando gobernaron entendieron que la Jefatura del Estado no podía convertirse en un instrumento de la confrontación partidista. Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero asumieron que gobernar también significaba proteger instituciones que no necesariamente formaban parte de su tradición ideológica.
Sánchez había mantenido hasta ahora, con tensiones y contradicciones, ese mismo principio. Incluso cuando ministros de Podemos atacaron a Felipe VI durante la pasada legislatura, el PSOE trató de diferenciarse de ellos y reivindicó su compromiso con la Monarquía parlamentaria. La diferencia es sustancial: entonces eran los socios del Gobierno quienes cuestionaban al Rey; ahora es el propio presidente quien lo coloca bajo el foco.
La Constitución diseñó deliberadamente una Jefatura del Estado sin poder político propio. El artículo 56 define al Rey como jefe del Estado y «símbolo de su unidad y permanencia», le encomienda arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones y le atribuye la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. Pero esa posición está inseparablemente unida a su irresponsabilidad política y al mecanismo del refrendo previsto en el artículo 64: de los actos del Rey responden quienes los refrendan. No es una formalidad jurídica. Es una de las piezas esenciales de la Monarquía parlamentaria.
El Rey no gobierna porque no responde políticamente, y no responde políticamente porque no gobierna. La doctrina constitucional ha insistido precisamente en esa ausencia de autonomía política del monarca. Felipe VI no puede comportarse como un presidente de República, decidir su propia política exterior, establecer una agenda diplomática independiente o utilizar sus desplazamientos para transmitir posiciones distintas de las del Gobierno. Mucho menos cuando hablamos de Ceuta y Melilla y, por tanto, de una cuestión que afecta directamente a las relaciones con Marruecos.
Por eso resulta especialmente difícil aceptar que Sánchez convierta ahora al Rey en responsable de no haber hecho aquello que Felipe VI no puede decidir por sí mismo. El Gobierno forma parte esencial de esas decisiones. Lo sabe Sánchez, lo sabe Zarzuela y lo sabe cualquiera que haya ocupado responsabilidades en Presidencia o Exteriores. Un viaje del jefe del Estado a Ceuta y Melilla no es una excursión privada ni una iniciativa personal de Felipe VI. Es un acto de Estado con consecuencias diplomáticas evidentes y debe ser coordinado con el Ejecutivo. Sánchez está, por tanto, trasladando hacia el Rey una responsabilidad que corresponde también a su Gobierno, y eso tiene un nombre político: eludir la propia responsabilidad.
Lo más inquietante es que este nuevo frente llega cuando cada vez resulta más difícil saber dónde está políticamente Pedro Sánchez. No porque haya desaparecido durante un mes de crisis nacional en Ceuta, sino porque cuesta reconocer al dirigente que durante años dominó el escenario político español. Aquel Sánchez podía resultar imprevisible, pero rara vez parecía desorientado. Elegía los adversarios, controlaba los tiempos, polarizaba cuando le convenía y conseguía casi siempre que los demás discutieran sobre el terreno que él había elegido.
Hoy ocurre algo diferente. El Gobierno llega tarde a las crisis, ofrece versiones contradictorias, tiene dificultades para imponer una dirección política común y transmite una creciente sensación de agotamiento. Y el presidente que antes buscaba las batallas parece ahora esconderse de algunas de ellas mientras abre otras cuya utilidad resulta difícil de comprender. El enfrentamiento con el Rey es una de ellas. El mensaje que queda de sus primeras declaraciones tras sus bien aprovechadas vacaciones es demoledor: máxima cautela con Mohamed VI y reproche a Felipe VI.
Pero las consecuencias van mucho más allá de una polémica. La primera afecta al PSOE, ya que durante décadas los socialistas fueron una de las fuerzas que hicieron posible que la Monarquía parlamentaria dejara de ser patrimonio de la derecha. Ésa fue una de las grandes aportaciones del PSOE a la estabilidad constitucional: demostrar que se podía proceder de una tradición republicana y, al mismo tiempo, considerar la Corona una institución del Estado que debía quedar al margen de la lucha entre partidos. Si Sánchez rompe ese equilibrio, no sólo cambia su relación con Felipe VI. Cambia la posición institucional del PSOE.
La segunda consecuencia afecta al propio Rey. Felipe VI está obligado a una neutralidad que Sánchez no tiene. El presidente puede criticarlo, interpelarlo o convertirlo en asunto político. El Rey no puede responder en los mismos términos sin vulnerar precisamente la posición arbitral que la Constitución le reserva. No puede contar públicamente qué pidió Zarzuela, qué aconsejó Moncloa, qué conversaciones hubo con Exteriores o por qué determinadas decisiones fueron aplazadas. El presidente puede utilizar políticamente el silencio del Rey porque el Rey está constitucionalmente obligado a ese silencio.
Y la tercera consecuencia es todavía más profunda: incorporar la Corona a la polarización significa reducir otro de los pocos espacios institucionales que permanecen fuera de la lógica de bloques. España lleva demasiado tiempo convirtiendo sus instituciones en prolongaciones de la batalla política. La renovación del Consejo General del Poder Judicial terminó convertida en una guerra partidista; el Tribunal Constitucional es leído continuamente en términos de mayorías ideológicas; la Fiscalía está sometida a una discusión permanente sobre su independencia y el Parlamento ha perdido su capacidad para construir consensos. Convertir ahora al Rey en otro actor de esa confrontación es una enorme irresponsabilidad.
Después de tantas líneas rojas convertidas en simples inconvenientes, que Sánchez haya decidido que la Corona también puede utilizarse en su estrategia de supervivencia es su última desvergüenza. Y una de las más graves, porque esta vez la factura no la pagará sólo él.
