El documento introdujo un cambio llamativo en la clasificación de amenazas estratégicas al sacar los flujos migratorios por primera vez desde 2023 del grupo de los cinco principales riesgos para España
La imagen de cientos de jóvenes marroquíes saltando la valla de Ceuta y entrando en la ciudad autónoma ha devuelto la crisis migratoria al primer plano político. El Gobierno se ha visto obligado a movilizar efectivos, intensificar la coordinación con Marruecos y enviar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para tratar de contener una situación que ha desbordado a las autoridades locales. Sin embargo, la oleada migratoria estalla apenas dos meses después de que Moncloa rebajara de forma drástica el peso de la inmigración irregular dentro de los principales riesgos para la Seguridad Nacional, pese a que las cifras oficiales ya apuntaban a un fuerte incremento de las entradas por la frontera ceutí.
El contraste entre el diagnóstico elaborado por el Gobierno y la realidad vivida este jueves resulta difícil de pasar por alto. Mientras el presidente Pedro Sánchez aseguraba que el Ejecutivo está «movilizando todos los recursos necesarios» para recuperar la normalidad y reforzaba la colaboración con Rabat, los datos del propio Ministerio del Interior reflejan que las llegadas por vía terrestre a Ceuta habían aumentado cerca de un 150% antes incluso de la avalancha registrada este jueves. Entre el 1 de enero y el 15 de julio accedieron a la ciudad autónoma 2.826 inmigrantes, frente a los 1.133 contabilizados en el mismo periodo del año anterior.
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A esas cifras se suman las entre 1.500 y 2.000 personas que han alcanzado Ceuta durante los últimos diez días y la entrada masiva registrada este jueves, cuando miles de jóvenes marroquíes se concentraron junto a la frontera y centenares lograron acceder a territorio español tras superar los dispositivos de seguridad.
La crisis reabre el debate sobre el contenido del Informe Anual de Seguridad Nacional 2025, presentado por el Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa el pasado mes de mayo. El documento introdujo un cambio llamativo en la clasificación de amenazas estratégicas al relegar los flujos migratorios irregulares desde la tercera hasta la novena posición, sacándolos por primera vez desde 2023 del grupo de los cinco principales riesgos para España.
El cambio resulta especialmente significativo porque apenas se ha producido variación en el resto de amenazas, lo que convierte la caída de la inmigración en una de las principales novedades del informe. La decisión contrasta, además, con la valoración de los 806 expertos de distintos ámbitos de la Administración que participaron en su elaboración, muchos de los cuales consideran que el fenómeno migratorio continuará deteriorándose durante los próximos años, aunque a un ritmo inferior al de otros riesgos como la desinformación, la ciberseguridad o la creciente tensión geopolítica internacional.
Ni siquiera el análisis específico dedicado a la inmigración irregular justifica ese descenso tan acusado. El documento reconoce que las entradas por Ceuta y Melilla descendieron durante 2025 respecto al ejercicio anterior, pero advierte de que la presión migratoria sigue condicionada por factores estructurales que permanecen intactos. Entre ellos cita la inestabilidad política y económica en el continente africano, el deterioro de la seguridad en el Sahel, el auge de organizaciones yihadistas y el impacto del cambio climático como elementos que continúan alimentando los movimientos migratorios hacia Europa.
El informe identifica especialmente a Mali como uno de los principales focos de preocupación al considerar que las rutas terrestres que atraviesan ese país constituyen uno de los corredores esenciales hacia Mauritania, Senegal, Marruecos o Argelia, principales puntos de salida de las embarcaciones y de los desplazamientos con destino a España. Incluso llega a advertir de que un escenario de estabilización parcial en ese país podría traducirse en un incremento progresivo de los flujos migratorios.
Ceuta reclama medidas extraordinarias
Los acontecimientos vividos este jueves parecen haber dado la razón a quienes sostienen que la presión migratoria continúa siendo uno de los principales desafíos para la frontera sur española. Todos los partidos con representación en Ceuta reclamaron el cierre inmediato de la frontera y solicitaron el despliegue urgente del Ejército para reforzar la seguridad. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, pidió además la declaración de la emergencia nacional, una posibilidad que fue descartada por el Ministerio del Interior al argumentar que la legislación sobre protección civil no contempla los flujos migratorios entre los supuestos que permiten activar ese mecanismo excepcional.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo intensificó los contactos con Marruecos. Interior destacó la «ejemplar colaboración» entre ambos países y atribuyó parte del aumento de las llegadas a la actuación de redes de tráfico de personas que estarían utilizando una reciente resolución judicial para incentivar los intentos de entrada irregular.
La sucesión de acontecimientos deja una imagen difícil de obviar. Mientras el Gobierno defendía en mayo que la inmigración irregular había dejado de figurar entre las principales amenazas para la Seguridad Nacional, la mayor presión migratoria registrada en Ceuta en meses ha obligado ahora a movilizar recursos extraordinarios, reforzar la cooperación con Marruecos y desplazar al ministro del Interior para hacer frente a una crisis que ya venían anticipando las propias cifras oficiales del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
