El ataque no se ciñe, desde luego, a la colaboración público-privada
PSOE y Sumar han dejado bien claro esta semana lo que de forma paradójica algunos se han negado siempre a querer ver: que toda la sanidad privada, y no solo una parte, se encuentra en su punto de mira. La última muesca de la cuchillada que ambas formaciones pretenden asestar al sector se ha producido a cuenta del Impuesto sobre las Primas de Seguro (IPS) para los seguros privados de salud. Un golpe en la línea de flotación de las empresas que operan en este ámbito y, subsidiariamente, para los cerca de 12,4 millones de asegurados que se distribuyen por toda España.
Obviamente, la patronal Unespa ha puesto el grito en el cielo. Y también lo han hecho en pequeños círculos varios directivos de la sanidad privada. Alguno, por cierto, aseguraba ufano hasta hace poco que la embestida de la izquierda y la ultraizquierda contra la sanidad privada no sería generalizada, sino selectiva, excluyendo a una parte de la misma. Craso error. El ataque no se ciñe, desde luego, a la colaboración público-privada.
La justificación que los autores han esgrimido para tal desatino al que, afortunadamente, Junts y PNV han puesto freno, es que «la exención a las primas de seguros privados sanitarios (…) tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de rentas altas», una falacia que oculta que muchos de los suscriptores de tales seguros son ciudadanos hartos de aguantar el deterioro que sufre la sanidad pública bajo un Gobierno que tanto dice defenderla. Unespa precisa que más de 10 millones de asegurados no gozan de rentas altas. Esta cuchillada fallida puede terminar en cambio en la yugular de la privada en el caso de Muface. Si se consuma la muerte de este régimen, el deterioro de la sanidad pública sería imparable y el perjuicio para los pacientes, evidente.