La querella de Alberto González Amador se dirige contra dos fiscales y los acusa de haber filtrado datos personales en una nota de prensa del Ministerio Público
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha iniciado una investigación este martes contra dos fiscales por una supuesta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. La Sala de lo Civil y lo Penal ha decidido admitir a trámite la querella que interpuso Alberto González Amador contra el fiscal Julián Salto –encargado de la denuncia sobre su fraude a Hacienda– y la fiscal jefa provincial de Madrid, Isabel Rodríguez a los que acusa de revelación de secretos.
El procedimiento se inicia así en contra del criterio de la propia Fiscalía que, después de una pugna interna, proponía la inadmisión de la querella de plano. El ponente y presidente del tribunal, Celso Rodríguez, considera, sin embargo, que el derecho de defensa de González Amador pudo haberse visto alterado por las filtraciones sobre la investigación del Ministerio fiscal tras su defraudación a la Administración. «Debe indagarse si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información […] y en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionalmente reconocidos al querellante», refleja el escrito del Tribunal.
La revelación de secretos –según la querella en poder de este medio– se basa en varios datos: primero, que hubiera periodistas que supieran previamente a la interposición de la denuncia de Fiscalía que ésta iba a sucederse; que en las informaciones publicadas había más datos de los que había en la denuncia, datos que figuraban en el expediente tributario solo; tercero, que los medios de comunicación tuvieran el contenido completo de los mails entre el fiscal del caso Julián Salto y el abogado de la pareja de Ayuso; y cuarto, que la Fiscalía de Madrid hiciera pública una nota de prensa aclaratoria en la que incluyera entrecomillados de esas comunicaciones internas.
Su abogado señala que si él no tuviera una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid «jamás habría padecido» este trato sobre su inspección fiscal.
La Sala de lo Penal del TSJ no coincide con el Ministerio Público cuando creía que se debía inadmitir el asunto porque según los jueces «los hechos que se relatan resultan atípicos». Los togados consideran que la Fiscalía acota el debate a una perspectiva muy concreta cuando dice que trató de «salir del paso de determinadas informaciones» y que la nota de prensa que emitieron tuviera secretos que no fueran conocidos. Ellos creen, sin embargo, que de lo que se trata ahora es de «analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales», expresan.
La ponencia de Celso Rodríguez deja claro, eso sí, que la estimación de este recurso no puede entenderse como una «imputación anticipada» a los fiscales que están bajo el foco, ni se pueden calificar todavía los hechos de delito.
La pelea en la Fiscalía
Este asunto ha provocado un choque de trenes en el seno de la Fiscalía General del Estado que llevó a la Junta de fiscales de Sala a reunirse el 24 de abril para acordar una postura común. De un lado, estaba la fiscal encargada del caso María de la O Silva que creía que la querella debía admitirse a trámite e indagar en quién había dado la orden de publicar dicha nota de prensa. Del otro lado, estaba la teniente fiscal del Tribunal Supremo y ‘número dos’ del fiscal general del Estado, Mª Ángeles Sánchez Conde, que consideraba lo contrario. Que no había que admitirla a trámite porque no se había revelado ningún secreto dado que los correos estaban previamente publicados.
La tesis ganadora fue la de Sánchez Conde, si bien hubo mucho debate sobre los límites del derecho. Un grupo de fiscales de Sala consideró que el asunto debería iniciarse aunque no contra los fiscales denunciados, sino de forma genérica para esclarecer por qué se publicaron tantos datos de González Amador.
La otra denuncia del Colegio de Abogados
Por otro lado, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpuso otra denuncia por estos mismos hechos pero sin dirigirse a fiscales en concreto. Por eso, recayó en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. El decano del Colegio, Eugenio Ribón, ha defendido que se ha quebrado la confianza entre ellos y los fiscales a causa de esta filtración que, a su juicio, afecta al secreto profesional.
El titular de este juzgado, Jaime Serret, apreció indicios de delito el pasado mes de abril y elevó una exposición razonada al TSJM por si el hecho de que Rodríguez y Salto estuvieran aforados le impedía a él abrir una investigación allí. En este mismo auto de hoy, la Sala acepta la exposición razonada elevada por el magistrado y el Colegio se queda como acusación popular.
La Sala ha nombrado al magistrado Francisco José Goyena Salgado como instructor de la causa, que será el que decida ahora qué vías hay que explorar.
