«Existen sobrados indicios que apuntan a que la ministra de Hacienda y el presidente del Gobierno lo sabían todo de la trama a 11 y 13 de julio de 2021»
AsÍ se deduce claramente de una lectura pausada y detallada del contenido del informe que el pasado 2 de febrero remitió la AEAT —en concreto, la ONIF— al Juzgado de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. Arranca el citado informe exponiendo que en enero de 2020 la sociedad Soluciones de Gestión presentó en la Delegación de la AEAT de Aragón su declaración anual de IVA en la que solicitaba la devolución de cuotas del impuesto que la empresa había ingresado en el organismo tributario durante 2019. Como se sabe, la AEAT no devuelve un euro sin comprobar la procedencia de devolverlo por lo que decretó la correspondiente comprobación, en principio rutinaria. Y ahí empezó todo.
El expediente de comprobación le fue asignado a Raúl Burillo, un inspector avezado y un profesional como la copa de un pino al que conozco bien. No en balde en mi etapa de director general, y con independencia de su orientación política más escorada a la izquierda que a la derecha, le ascendí a delegado especial adjunto de la Delegación de Cataluña de la AEAT. Como dato significativo señalaré que años después, y estando destinado en Baleares, él fue el responsable de la inspección fiscal que finalizó con la condena a Iñaki Urdangarín. Con estos antecedentes, Burillo se dispuso a comprobar la procedencia o no de devolver a Soluciones de Gestión el importe de IVA que había solicitado.
En sus primeras indagaciones —mayo/junio de 2020— además de conocer por los medios de comunicación que Soluciones de Gestión estaba siendo uno de los proveedores de mascarillas a diversas entidades públicas, Burillo empezó a descubrir conductas sospechosas de la citada sociedad. Por ejemplo, que carecía de cualquier experiencia en la compraventa del citado material sanitario; que en 2019 no había obtenido ingreso alguno; que la devolución que solicitaba se basaba en haberse deducido improcedentemente cuotas de IVA ficticias; que la titularidad formal de la sociedad no se correspondía con la real que Burillo atribuye a Cueto, el socio de Aldama; o que estaba relacionada con actividades empresariales en Angola que habían sido o estaban siendo investigadas por posible corrupción.
Ante estas circunstancias Burillo propone, y así se le acepta, inspeccionar en profundidad a la reseñada sociedad así como al propio Aldama y a dos sociedades instrumentales de éste, Deluxe Fortune y MTM 180 Capital. Al tratarse de contribuyentes domiciliados en Madrid, Burillo instó la solicitud de la correspondiente autorización al Departamento de Inspección de la AEAT para la extensión de competencias que permitiera su inspección desde Aragón. La autorización fue concedida y las inspecciones se iniciaron entre los meses de junio y julio de 2020. Quiere decirse que ya a mediados de 2020, los directivos de la AEAT conocían las sospechas que recaían sobre un suministrador de mascarillas a diversos organismos públicos.
Desarrollando la investigación, y haciéndolo en profundidad como es su estilo, Burillo accede a los secretos y al modus operandi del gran fraude, cuestiones que refleja de modo nítido en el informe que emite el 1 de febrero pasado y que es remitido al día siguiente por la ONIF al Juzgado competente.
«Quien fuese el receptor de la información de Burillo, pocas dudas caben sobre que la trasladó hasta la ministra de Hacienda»
Permítanme que en este momento haga un stop en la narración del curso de las investigaciones realizadas por Burillo. Conociendo todo lo que iba descubriendo, creo imposible que Raúl Burillo no trasladara hacia arriba el grueso de la información que fue obteniendo. Así se hace en la Agencia Tributaria en supuestos como éste y así debe hacerse pues el funcionario que descubre presuntos hechos delictivos, aunque excedan del ámbito tributario, tiene la prohibición legal de guardárselos para sí.
Pero, además, así resultaba lógico y obligado tras haber pedido y conseguido la competencia para inspeccionar a toda la trama. Fuera quien fuese el receptor en primera instancia de la información suministrada por Burillo, pocas dudas pueden caber sobre que la trasladó hasta la propia ministra de Hacienda. ¿Es imaginable que el Delegado de la AEAT en Aragón, el director de la ONIF o el director del Departamento de Inspección guardaran en su cajón lo que Burillo estaba descubriendo? No, no es imaginable por lo que el conocimiento por MJ Montero de la existencia y funcionamiento de la trama de fraude ha de presumirse con un alto nivel de fundamentación.
Sucede que la presunción anterior resulta reforzada con las fechas en las que se producen los ceses de Ábalos como ministro y como Secretario de Organización del PSOE, 11 y 13 de julio de 2021. Puede mantenerse, así lo hacen los dirigentes socialistas, que dejó el ministerio en el curso de un cambio más amplio que incluyó entre otros los ceses de Carmen Calvo o de Iván Redondo. Y así es. Pero que 48 horas después de abandonar el ministerio, le fuera abruptamente cortada la cabeza como segundo dirigente del PSOE —la figura de presidente es poco más que simbólica en este partido— siendo en eta ocasión el único descabalgado y siéndolo al margen de congreso alguno, lugar en el que se producen los cambios en la dirección del partido resulta más que chocante y obliga a preguntarse por el doble cese de Ábalos y en especial por el segundo, abrupto y quirúrgico donde los haya.
Y es aquí donde hay que volver a enlazar con la investigación que llevaba a cabo Raúl Burillo con una cierta atención cronológica de los hechos. Es en febrero de 2021 cuando él recibe la declaración de ingresos y pagos —modelo 347— de Soluciones de Gestión donde figuran los clientes y proveedores que tuvo la sociedad en 2020. Su contenido le revela a Burillo que todos los ingresos de la sociedad provinieron de entidades públicas: ministerios, comunidades autónomas y otros órganos del Estado, regidos todos por mandatarios socialistas. Con esta información, emitió el inspector un conjunto de requerimientos de información a los citados clientes públicos, proceso en el que descubre cuestiones más que relevantes.
«Varias operaciones de compraventa estaban cerradas con anterioridad a que se publicara en el BOE la adjudicación»
Entre otras muchas que omito en aras de una cierta brevedad:
Una, que todo empezó en el Ministerio de Transportes pues es una entidad de éste departamento —Puertos del Estado— la primera en adquirir mascarillas a la trama fraudulenta. Dos, que esta adquisición se realiza por orden directa recibida del Ministerio. Tres, que a partir de ahí se suceden nuevas compraventas de mascarillas con la trama en base al consejo/instrucción recibido desde el Ministerio de Transportes. Cuatro, que el centro visible del sarao lo ocupa alguien llamado Koldo, cuyo nivel de responsabilidad organizativa no estaba acorde con el realmente ejercido en las compras de mascarillas a la trama del fraude. Cinco: que si las entidades públicas adquirentes de mascarillas hubieran realizado una mínima comprobación sobre quien les vendía, hubieran comprobado que Soluciones de Gestión no tenía experiencia alguna en el sector y que no era más que una sociedad pantalla para que Cueto, Aldama y sus cómplices llevaran a cabo el negocio de las mascarillas.
Seis: Que varias operaciones de compraventa estaban acordadas y cerradas con anterioridad a que se publicara en el BOE la adjudicación. Siete: Que en el suministro de mascarillas hubo partidas defectuosas que no respondían a lo adquirido y pagado. Ocho: Que existe un triángulo formado por Javier Hidalgo-Victor Aldama-expresidente Zapatero que participó en la gestión de cobro ante Venezuela de las deudas que mantenía con el grupo Air Europa/Globalia. Nueve: Que el grueso del transporte de las mascarillas compradas/vendidas, y por tanto los ingresos correspondientes, correspondió a Air Europa (uno de los tres vértices del triángulo reseñado). Diez: Que, al menos, los dos primeros vértices del triángulo Hidalgo-Aldama-Zapatero mantenían una intensa relación con el Ministerio de Transportes para negociar el rescate que la SEPI acabaría concediendo a Air Europa.
No cabe esperar sino que la detección de estas incidencias fueran elevadas dentro de la AEAT, pues resultaría anómalo que su cúpula hubiera admitido la ampliación de competencias a la Delegación de Aragón tras las primeras gravedades conocidas y se desentendiera después del curso de las investigaciones. Sería una dejación de funciones inadmisible. Por ello, creo innegable la existencia de sobrados indicios que apuntan a que la ministra de Hacienda y el presidente del Gobierno lo sabían todo a 11 y 13 de julio, fechas en la que se produce el cese de Ábalos como ministro y a su abrupta decapitación como secretario de organización del PSOE.
Si desde mediados de 2020 la cúpula de la AEAT estaba al corriente de las sospechas que rodeaban a Soluciones de Gestión y desde entonces las inspecciones en curso no hacían más que aumentarlas con datos, hechos y fechas, imaginar que Montero y a través de ésta Sánchez estaban en babia es faltar a la lógica más elemental.
Los defensores de ambos dirán que tal conclusión se basa en indicios y no en una prueba directa o lo que lo mismo, que el conocimiento por Montero y Sánchez de lo que se fraguó en el Ministerio de Transportes y se extendió a otros ministerios y a las comunidades autónomas de Baleares y Canarias solo puede ser presumido. Pero no está de más recordar que la prueba indiciaria es aquella en la que partiendo de hechos base demostrados —los que se reflejan en el informe de Raúl Burillo y los dos ceses de Ábalos— se deduce una conclusión que responde a los criterios de la lógica humana. Y tampoco lo está recordar que la prueba indiciaria está ampliamente admitida por nuestra jurisprudencia así como validada en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. De hecho, no son pocos los españoles que han sido condenados en base a la aplicación de pruebas indiciarias.
