Actúa además contra Bartomeu, Rosell, dos directivos y el exnúmero dos de los árbitsas de Enríquez Negreira no tenían soporte legal aros y apunta que los 7,3 millones desviados a las emprelguno
La Fiscalía Provincial de Barcelona denuncia al Barça como persona jurídica y a los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu por los pagos a José María Enríquez Negreira. El Ministerio Público ha presentado formalmente su denuncia en los juzgados de Barcelona para que se investigue a todos ellos, incluido al exnúmero dos de los árbitros por los pagos que recibió del equipo para favorecerle con los colegiados y que, según expone, «no tuvieron soporte legal alguno».
Además de todos ellos se actúa también contra el director ejecutivo Óscar Grau, y el director de deportes profesionales, Albert Soler, por los abonos que canalizó el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por supuestos servicios de asesoramiento. El Ministerio Público sostiene que los hechos son constitutivos de delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil.
«Favorecer al Barça»
La denuncia se ha adherido a la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona donde ya hay una causa abierta a tenor de la querella presentada por el árbitro Xavier Estrada Fernández. La Fiscalía sostiene que, de la investigación practicada por la Policía, se concluye que tanto Rosell como Bartomeu y el propio club alcanzaron y mantuvieron un «acuerdo verbal estrictamente confidencial» con Enríquez Negreira para que, «a cambio de dinero», «realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase».
Llegaron a una cuerdo con Enríquez Negreira para que a cambio de dinero, favoreciera al Barça. En contraprestación sus sociedades giraron facturas sin que respondieran a un servicio real
Es más, la Fiscalía apunta que estos pagos -que ascendieron a 7,3 millones de euros en dos décadas- buscaban también alterar el resultado de las competiciones. En contraprestación, la empresa de Enríquez Negreira (Dasnil 95), giró facturas a cargo del Barça «sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicio de asesoramiento real».
Al respecto la Fiscalía explica que se requirió al club cualquier material que probara los supuestos servicios prestados por Enríquez Negreira, tales como «vídeos, documentos o informes». También se solicitó identificar a profesionales técnicos o personal auxiliar que hubiera prestado esas labores de coaching que ha defendido el equipo que preside Joan Laporta. Sin embargo, la respuesta fue que no habían encontrado esta documentación.
«Las facturas perdieron la presunción de validez del acto que incorporaban, a pesar de acreditar el pago efectivo, cuando de la actuación de comprobación e investigación llevada a cabo por la Inspección de los Tributos se concluyó que dichas facturas no se correspondían con prestaciones de servicios por parte de las empresas antes referidas ante la falta de una prueba que acreditara la realidad de la actividad desarrollada», recoge la Fiscalía.
3 millones en 4 años
Aunque se han identificado pagos desde principios de los 2000 la investigación refleja únicamente los abonados desde 2014. Así, se desprende que ese ejercicio Enríquez Negreira ingresó del club 645.559 euros y en 2015 640.970 euros. Un año después, en 2016, 644.600 euros; en 2017 655.519 euros y 385.022 euros en 2018. Precisamente, este cobro menor del último año desencadenó el enfrentamiento del dirigente arbitral y el Barça, a los que amenazó vía fax con desvelar los hechos si no le pagaban todos los honorarios.
La suma de los ejercicios que han estado bajo la lupa de la Fiscalía es de 2,9 millones de euros. Al respecto constata que la empresa de Enríquez Negreira (que también estuvo controlada por su hijo Enríquez Romero) se nutrió principalmente de los pagos del Barça. No obstante, el total de abonos identificados desde 2001 hasta que rompieron relaciones es de 7,3 millones.
«Ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General por lo que carecía de título que lo justificara. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno«, concluye el Ministerio Público.
