La banca se compromete a mantener las libretas de ahorro para los mayores de 65 años

Las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc han anunciado su compromiso por mantener las libretas de ahorro para los mayores de 65 años. Esta es una de las principales conclusiones que han trasladado tras la reunión mantenida con las asociaciones de consumidores, el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos para hacer seguimiento de las medidas y la situación de inclusión financiera en España.

José María Méndez, director general de CECA, ha señalado en rueda de prensa que han detectado «inquietud» entre las personas mayores sobre la posibilidad de que las cartillas tradicionales acaben por eliminarse del mercado de manera generalizada. Es por ello que el gremio financiero ha decidido a nivel sectorial que han de mantener las libretas para los más mayores, que son el colectivo con menos uso de los canales digitales y qué más apuesta por el formato físico para controlar sus finanzas.

Caixabank recurrirá el impuesto a la banca pese a que el Estado es uno de sus mayores accionistas

DANIEL CABALLERO

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Con todo, aún no está definido si esta medida, que es ya un compromiso público, se incluirá por escrito en el protocolo de inclusión financiera de los mayores que se alumbró hace ahora justo un año. Un documento firmado por las patronales con el Ministerio de Asuntos Económicos para mejorar la atención a este colectivo tras el revuelo armado a raíz de la campaña del jubilado Carlos San Juan contra el servicio presencial que dan las entidades.

En este sentido, cabe señalan que la asociación de consumidores OCU sacó un informe en abril del año pasado en el que se denunciaba la situación respecto a las libretas. «Entre las principales 18 entidades bancarias con una red de oficinas físicas, algunas ya no emiten libretas: Abanca, Bankinter, BBVA o Caja Rural de Jaén, lo que impide el correcto control de los movimientos y saldo bancario de aquellas personas sin capacidad para acceder a la banca digital. Entre las que ofrecen libreta, Kutxabank señala una comisión de 3 euros por emisión a todos sus clientes. Mientras que Sabadell indica 10 euros por el mismo concepto a los menores de 65 años, Ibercaja 2 euros a los menores de 70 años y BBVA 10 euros de comisión de mantenimiento a los titulares de cuentas con libreta activa, salvo que tengan domiciliada una pensión contributiva de al menos 300 euros», señalaba el informe.

Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, ha puesto en valor las medidas adoptadas por el sector financiero para garantizar la inclusión financiera en España, así como para mejorar el trato a los mayores. Así, se ha tratado de una reunión calificada por los asistentes como cordial y constructiva en la que se ha constatado la mejora en los servicios en zonas rurales, donde existían más problemas de acceso a los canales físicos.

En la cita también ha tratado las medidas aprobadas para aliviar a las familias con hipotecas a tipo variable ante la rápida subida de los tipos de interés. «Se ha constatado que los códigos de buenas prácticas suscritos por las entidades financieras están ya en pleno funcionamiento, tras la adhesión de la práctica totalidad de entidades que representan el 97% de la cartera hipotecaria. Desde el mes de enero se han recibido 9.000 solicitudes de alivio de la carga hipotecaria, que multiplican por 15 la media mensual del código anterior», ha indicado Economía en un comunicado.

Respecto a esas mismas medidas sobre hipotecas, el ministerio ha comunicado que la banca se compromete también a «estudiar la forma de comunicar más proactivamente las opciones disponibles de alivio de la carga hipotecaria para los clientes. En particular, se garantizará la comunicación en las oficinas bancarias y a través de los medios digitales de la posibilidad de amortización anticipada sin coste y el cambio de hipoteca de variable a fijo de forma gratuita durante 2023».

Más allá de ello, esta se ha referido también al impuesto a la banca en respuesta a preguntas de los medios de comunicación. Caixabank, entidad en la que el Estado tiene un 17,3% del capital social a través del FROB que controla la propia Calviño, anunció hace escasos días que recurrirá el nuevo gravamen.

Calviño, aunque ha señalado que no es procedente comentar decisiones particulares, sí que ha destacado que el Gobierno sostiene que «se trata de un gravamen necesario, oportuno y legal que garantiza que los sectores con beneficios extraordinarios ayuden a financiar las medidas de apoyo a la economía». «Es una cuestión de justicia y oportunidad», ha ahondado.