La Cámara Baja ha dado ya cumplimiento a la orden de la juez instructora
El «Caso Mediador» sigue teniendo eco entre los muros del Congreso de los Diputados pese a que la presidenta Meritxell Batet trate de hacer todo lo posible para acabar con todo rastro. En este sentido, la Cámara Baja terminó ayer de dar cumplimiento a la solicitud remitida por el Juzgado de Instrucción nº4 de Santa Cruz de Tenerife, que está investigando la presunta trama de corrupción, y registró el despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, que se encontraba cerrado desde que dimitiera el pasado 14 de febrero.
De esta manera, los servicios del Congreso han dado también cumplimiento a las órdenes de Batet, quien pidió celeridad en los trabajos de rastreo de pruebas en el despacho de Bernardo Fuentes. La orden judicial llegó el lunes por la noche y, tras 48 horas, concluyó la inspección, con la recogida de todas las pertenencias que quedaban en el habitáculo.
Ha concluido ya la carpeta judicial, pero ahora se abre otra carpeta parlamentaria porque Bernardo Fuentes, según ha avanzado «El Confidencial», ha solicitado una indemnización, que le corresponde tras haber dejado el acta de Diputado, tal y como está estipulado en el Reglamento de pensiones de la Cámara Baja. La cuantía de esta indemnización es la equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional (3.126,89 euros) por cada año de mandato parlamentario, siempre que los diputados hayan estado al menos dos años en la Cámara, requisito que cumple Bernardo Fuentes. Por tanto, en total, le corresponderán más de 9.000 euros a cobrar en tres mensualidades porque ha estado tres años como diputado. Tal y como explican fuentes parlamentarias, esto es así porque los diputados no pueden «cobrar el subsidio de paro» porque no están adscritos al régimen de la Seguridad Social.
No obstante, las mismas fuentes parlamentarias también precisan que la última palabra y decisión final corresponde a la Mesa del Congreso de los Diputados, que se reúne el martes. En este sentido, según especifican, en ese encuentro se estudiará la documentación aportada por el exdiputado socialista y, a partir de ahí y en base al Reglamento, se tomará la decisión. Tampoco hay mucho margen para el debate porque el derecho a la indemnización está recogido en el Reglamento. Cabe recordar que la Mesa del Congreso está compuesta por tres miembros del PSOE, tres de Podemos, dos del PP y uno de Vox.
Bernardo Fuentes está imputado por los delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo criminal y ha sido ya relevado como diputado por José Francisco Duque.
Lo cierto es que el registro del despacho de Bernardo Fuentes ha estado en entredicho porque el pasado 28 de febrero el fiscal se opuso. La petición había partido ese mismo día de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, que pedía acceso al despacho del exdiputado «sin restricciones y de manera exclusiva». Sin embargo, la Fiscalía señaló que las Cortes son «inviolables», tal y como queda recogido en el artículo 63 de la Constitución. Además, según estipula el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la potestad para permitir la «entrada y registro» en las Cortes corresponde al presidente: en este caso, a Batet, que no ha puesto ningún obstáculo.
En el auto de la magistrada Ángeles Zábala Sanz, en el que solicitaba el registro del despacho de Fuentes Curbelo, se sitúa al exdiputado socialista como el «líder de la rama política de la organización criminal» y se pedía que la Secretaría Técnica de la Cámara Baja entregue al grupo de delitos tecnológicos de la Policía Nacional «los efectos depositados» en el interior del despacho. En este sentido, la juez indicó que el exparlamentario socialista utilizaba su despacho personal del Congreso para aparentar las influencias con los empresarios y, por tanto, no se descarta que allí pueda haber documentos relevantes para el devenir de las diligencias. Asimismo, la juez da permiso para el «análisis, estudio y confección del correspondiente informe pericial de todos los equipos informáticos» que se hayan recogido.
Casero
El exdiputado del PP Alberto Casero, que dimitió el pasado viernes tras haber sido procesado por el Tribunal Supremo por prevaricación y malversación, también ha pedido una indemnización. En su caso, le corresponden cuatro meses por valor de 3.126,89 euros cada uno ya que ha sido cuatro años diputado (desde abril de 2019), lo que suma en total más de 12.000 euros. Casero adquirió protagonismo por su error en la votación de la reforma laboral que salvó al Gobierno y, tras ser procesado, ha dejado el acta parlamentaria y la militancia en el PP.
