La institución considera que «en el ámbito rural hay una sensación de inseguridad» | El informe apuesta por una reorganización de los recursos para ser más efectivos
El Justicia de Aragón ha constatado, a través de un informe, la falta de seguridad ciudadana en el medio rural que achaca, entre otras cuestiones, a la falta de agentes unida a la organización de los mismos. Una radiografía de situación que el lugarteniente de esta institución, Javier Hernández, entregó al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada.
El término «inseguridad» en la España vacía no es nuevo, si bien el portavoz del Justiciazgo incidió en el «hecho objetivo» que «en las zonas más ricas, con grandes explotaciones agrícolas, hay más delitos» y que el modelo con el que se distribuyen las fuerzas y cuerpos de seguridad por el territorio «ha quedado obsoleto» porque «no se ajusta a la legalidad vigente y a las necesidades».
«Se habla mucho de Educación, Sanidad o Servicios Sociales en el medio rural pero de la inseguridad poco se dice», lamentó Hernández, quien explicó que en el informe se analiza el modelo de seguridad y las tasas de delincuencia, teniendo en cuenta la dispersión poblacional.
Es, en opinión de uno de los autores del informe, el intendente de la Policía Local de Ejea de los Caballeros y profesor tutor de Derecho Constitucional en la UNED, Óscar Muñoz, el «primer obstáculo a la hora de dimensionar las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad». De los 731 municipios de Aragón, 674 tienen menos de 1.000 habitantes y solo 14 superan los 10.000. Zaragoza engloba más del 50 % de la población, por lo que 42 % de la población reside en el 97 % del territorio, apuntó Muñoz, siendo reafirmado por David Acín, asesor del área de Justicia e Interior y encargado de analizar unos datos del 2021.
Este expuso que las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en el medio rural, una superficie que supone «el 99% del territorio» ya que se ha considerado como medio rural «los municipios de menos de 20.000 habitantes». Acín enumeró los 67 efectivos con los que cuenta la Policía Nacional en Calatayud y los 65 de Jaca. A ellos se suman los 374 agentes de los 32 cuerpos de Policía Local –aunque cinco de ellos están fuera de servicio y once cuentan con cinco efectivos o menos– y los 3.258 de la Guardia Civil. Estos últimos se agrupan en 122 puestos y a los 3.258 guardias civiles se suman los 36 efectivos de los grupos Roca, «creados en 2013 para disminuir la actividad delictiva contra las explotaciones agrícolas y ganaderas».
Los grupos Roca tienen nueve equipos en la comunidad aragonesa, tres en cada provincia: Zaragoza suma 19 agentes en Caspe, Ejea de los Caballeros y Casetas; Huesca con nueve en Barbastro, Fraga y Graus, y Teruel con ocho en Alcañiz, Calamocha y Mora de Rubielos. No obstante, las conclusiones del informe ponen de relieve que estas nuevas unidades no se han nutrido de nuevas contrataciones sino que «se detraen de las patrullas de seguridad ciudadana».
Este es uno de los puntos clave del informe que sugiere un cambio de modelo, especialmente en el instituto armado, que conllevaría, según Muñoz, «un único cuartel que podría ser comarcal».
En este sentido, Acín recordó que la distribución actual de los 122 puestos de la Guardia Civil «se remonta a unos 40-50 años atrás» por lo que las administraciones se deben plantear la pregunta de «si realmente es necesario tener abiertos 122 puestos». «¿Qué es preferible: el dinero que se destina a mantener unos puestos de la Guardia Civil inoperativos o que ese dinero se destine a aumentar el número de guardias civiles que tenemos en Aragón?», planteó el asesor del área de Justicia e Interior.
No obstante, el intendente de la Policía Local de Ejea, Óscar Muñoz, puntualizó que las soluciones que ellos manejan deberían partir «de un estudio empírico elaborado por verdaderos profesionales y técnicos de la materia» –de hecho, es a lo que insta el informe en su primera conclusión–.
«Con una distribución comarcal, por ejemplo, se podría conseguir unificar esos servicios de autoprotección y las tareas burocráticas del cuartel y disponer del resto para tareas de seguridad ciudadana. Podrían salir tres/cuatro patrullas en turno de mañana, en turno de tarde y en turno de noche y distribuirse por el territorio de tal modo que estuvieran a menos de diez minutos de una llamada de emergencia por parte del ciudadano», detalló Muñoz.
Continuó, señalando la necesidad de abordar esa «labor de docencia» hacia los ayuntamientos y los habitantes; una labor que debería iniciar el Ministerio del Interior, «el competente». «Es decir, para qué queremos puestos que están instalados, que cuestan un mantenimiento y que el personal que está destinado a ello, que es poco o nada porque algunos de ellos están cerrados, se tienen que dedicar a tareas burocráticas o de autoprotección y seguridad del propio cuartel. Con lo cual no disponemos de la seguridad ciudadana necesaria», reflexiona el intendente de Policía Local de Ejea.
Por último, incidió en que la finalidad de su cuerpo es la de «garantizar la seguridad ciudadana» y «no el asentamiento de la población» ante las posibles reticencias de los alcaldes a la agrupación de puestos.
