Génova cree que la elección «tensiona» el órgano y critica que el Ejecutivo se haya saltado el consenso de gobiernos anteriores otorgando la vicepresidencia a otro miembro progresista, en este caso a Inmaculada Montalbán
La elección de Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Tribunal Constitucional y la entrada de Juan Carlos Campo y Laura Díez, ambos promovidos por el Gobierno, ha generado enorme malestar en el Partido Popular. A través de un comunicado, el primer partido de la oposición ha lamentado que, «a día de hoy», el Alto Tribunal se haya convertido en una «institución debilitada por los efectos del sanchismo». En este punto, el partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo pide a la nueva cúpula del órgano blindar su labor de la «voracidad institucional» de Sánchez.
Génova ha aprovechado la votación de este miércoles para emitir una dura crítica contra el jefe del Ejecutivo, al que ha acusado de colocar «a dedo» a militantes y simpatizantes socialistas al frente de distintas instituciones, una maniobra de la que, aseguran, no ha escapado el Tribunal Constitucional. Los populares reprochan que el Gobierno haya «tensionado» el órgano hasta el punto de que esté en riesgo la percepción de «independencia» del mismo.
Para el PP resulta inverosímil que, además, la Moncloa haya actuado «saltándose los consensos respetados hasta ahora por gobiernos de diferente signo político» y haya acabado con la tradición de que la Vicepresidencia del Alto Tribunal corresponda a un miembro con una corriente doctrinal distinta a la del Presidente. En este caso, la número dos del TC será la también progresista Inmaculada Montalbán. A juicio del PP, ese puesto debería corresponder a un magistrado del bloque conservador.
Conde-Pumpido se ha convertido este miércoles en el nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras vencer a María Luisa Balaguer por un solo voto. La presidencia del exfiscal general del Estado arranca en un momento en que el órgano de garantías debe pronunciarse sobre cuestiones de gran relevancia polígica, entre ellas el recurso que el PP presentó hace más de doce años contra la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, la ley de eutanasia o la reforma educativa impulsada por la exministra Isabel Celaá.
