El Gobierno pisó el acelerador legislativo a finales de diciembre para intentar cerrar el año dando carpetazo a los asuntos más controvertidos que tenía sobre la mesa, entre ellos, la derogación del delito de sedición y el abaratamiento de la malversación sin enriquecimiento personal. La vocación del Ejecutivo era despejar el horizonte de polémicas previsibles y dejar el camino expedito para afrontar un 2023 de campaña ininterrumpida sin contratiempos. Sin embargo, desde el momento mismo en que se activó la precipitada reforma del Código Penal –cuyo trámite parlamentario se solventó en apenas diez días– saltaron las alarmas sobre los efectos adversos que podría acarrear la revisión de penas y la previsible afectación de los plazos de prescripción de los delitos. La Fiscalía Anticorrupción advirtió ya desde un primer momento de que la «confusa» redacción del texto abría la puerta a interpretaciones más beneficiosas para los condenados por el que se considera el delito central de la corrupción, anticipando una futura cascada de revisiones a la baja de sus penas.
Cuando los cambios en el Código Penal todavía no han entrado en vigor ya amenazan con hacer realidad el peor de los escenarios para el Gobierno, en el entorno de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. En Moncloa existe preocupación por los efectos negativos que pueda tener la aplicación de la malversación, una reforma que ya está generando un importante coste político al Gobierno –que sufre sus efectos en las últimas encuestas– y que no encuentra ni siquiera comprensión entre sus propias filas, ya de por sí desmovilizadas. A esto se suma que, ante la entrada en vigor este jueves de las modificaciones penales, los operadores jurídicos están reorientando sus acusaciones y las defensas de algunos condenados por estos delitos preparan sus recursos para beneficiarse de las rebajas de penas en los supuestos de malversación sin enriquecimiento personal, cuyo castigo se reduce tras el pacto entre el PSOE y ERC. Si la horquilla aún vigente va de los dos a los seis años de prisión, en unas horas, con la nueva redacción, quedarán en entre uno y cuatro; mientras que las penas de inhabilitación asociadas al mismo delito pasan de los entre seis y diez años actuales a entre dos y seis años.
La Audiencia Nacional ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si quiere modificar su escrito de acusación del «caso Acuamed» a la luz de la nueva tipificación. Además, fuentes jurídicas aseguran que los fiscales de «Kitchen» también están volviendo sobre las penas para ver si la rebaja del delito afecta a los acusados que se sentarán en el banquillo. La Fiscalía salió rápidamente al quite anunciando que fijará un criterio único que aplicar en las revisiones de las condenas por malversación, con «celeridad» pero también buscando «consenso». La sensación de «déjà vu» respecto a la situación generada con la Ley del «solo sí es sí» invade la Moncloa, ante el riesgo cierto de que al goteo de excarcelaciones y rebajas de penas de agresores sexuales se sumen también las de políticos corruptos. En este sentido, en el Gobierno evitan garantizar con rotundidad que pueda llegar a materializarse este escenario y se limitan a asegurar que lo que ha hecho el juez Joaquín Gadea –«caso Acuamed»– se encuadra dentro de «la normalidad procesal».
«No saldrá ningún ladrón»
Preguntada por esta concreta cuestión, si pueden garantizar que no habrá rebajas de penas, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, evitó comprometerse, limitándose a señalar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «lo que aseguro es que el Gobierno quiere penar todo tipo de corrupción: el que se lo lleva para sí, cuando se produce un uso irregular en la gestión, y también el que se enriquece a costa de su desempeño público y que hasta ahora se iba de rositas».
Fuentes gubernamentales se aferran a la disposición transitoria que han introducido en esta reforma, en contraposición al escenario de rebajas y excarcelaciones que se están produciendo al amparo de la normativa de Igualdad en la que no se introdujo, y reivindican que el Ejecutivo de coalición «persigue penar todo tipo de corrupción». «Ningún ladrón va a salir de la cárcel con esta reforma», defienden.
«Para la aplicación de las reformas penales contenidas en esta ley a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor, las tres disposiciones transitorias reproducen las de otras Leyes Orgánicas destinadas a modificar el Código Penal, que a su vez se corresponden sustancialmente con las que en su momento estableció el Código Penal de 1995, en su redacción original, que son disposiciones que hoy se encuentran vigentes y han sido convenientemente interpretadas por el Tribunal Supremo», reza la citada disposición, que en el Ejecutivo confían en que sea suficiente para taponar la vía de agua. La contradicción a la que se enfrentan es manifiesta porque, si en virtud de esta reforma se ven beneficiados políticos corruptos, la imagen del Gobierno que llegó al poder «con una moción de censura a la corrupción» quedaría muy tocada de cara a las citas electorales.
