El fiasco del ingreso mínimo vital: iba a llegar a 800.000 familias y se ha quedado en la mitad

Hasta el pasado mes se han concedido 461.788 prestaciones a hogares que viven en la pobreza extrema, la mitad de lo previsto por el Ejecutivo, teniendo en cuenta, además, que se han tramitado casi dos millones de solicitudes. Es el balance de un subsidio que, dos años después de su puesta en marcha, reciben 1.176.187 beneficiarios, la mitad también del objetivo (2.300.000). Hoy el ingreso mínimo vital (IMV) apenas beneficia al 13% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en nuestro país.

Este es el escenario de aplicación de la que iba a ser la ‘vacuna anticrisis’, una prestación que fue aprobada por la vía de urgencia en 2020 y que hoy tiene efectos limitados, tras una batería de cambios a sus espaldas que no han evitado que el IMV siga atrapado en un enredo normativo que tapona su llegada a los hogares más necesitados.

Este subsidio, la medida estrella del Gobierno, se diseñó para luchar contra la pobreza en tiempos de pandemia, pero no termina de cuajar pese a los reiterados intentos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de cambiar una prestación que este año está situada en una horquilla de entre 491 euros por perceptor y un máximo 1.081 euros por hogar. Nacida en un momento de máxima expectación social, y también de máxima tensión en el seno del Ejecutivo de coalición, la gestión de esta ayuda ha defraudado a pie de calle.

Segun informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales desde marzo se han incorporado a la percepción del IMV 111.000 personas, lo que supone una ralentización respecto al anterior trimestre. Los datos apuntan a que se ha pasado de una media de unos 80.000 perceptores nuevos cada mes a 37.000 entre los meses de marzo y junio.

La extensión de la ayuda entre regiones también es muy desigual. El grupo de expertos avisa de que hay comunidades que únicamente registran una cobertura del 7,23%, como Baleares, o del 7,83% como Cataluña, mientras otras, como Navarra y Ceuta se sitúan en torno al 28% de la población bajo el umbral de la pobreza.

No obstante, en el informe se asegura también que el IMV supera en su cobertura (1.176.187 beneficiarios) al sistema de rentas mínimas en 2020 (795.861 perceptores) y precisa el documento que algunas autonomías siguen rezagadas en la concesión de esta prestación. Así, Cantabria (82%), Asturias y Baleares (71%), Cataluña (64%), Navarra (47%) y País Vasco (36%) siguen sin alcanzar la cobertura que tenían con el sistema de rentas mínimas en 2020 y se alejan del incremento medio de beneficiarios que se ha producido en España (148%) con la llegada del IMV.

Recuerda la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que el ministro de Seguridad Social sostiene que el ingreso mínimo vital «ha sido un reto desde el punto de vista de la gestión si tenemos en cuenta que en estos casi dos años se han tramitado cerca de 1,9 millones de solicitudes». Pero añaden que «lamentablemente el alto número de solicitudes no se ha traducido en un alto número de resoluciones aprobadas. Solo se conceden -dicen- el 24,30% de las peticiones tramitadas».

1.176.187 son los beneficiarios del ingreso mínimo vital, cifra que, dos años después, está lejos del objetivo que se marcó el Gobierno (2.300.000).

Muy duros con la gestión realizada por el Ejecutivo, este grupo de expertos subraya que las trabas burocráticas pueden estar generando un gran volumen de trabajo administrativo, con «pocos resultados para la población en riesgo de pobreza, que sigue viendo como tres de cada cuatro solicitudes son denegadas».

Remarcan que «el Gobierno llega a duras penas a la mitad del objetivo que se planteó de que el IMV beneficiaría en unos meses a 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país». Y añaden: «Mientras tanto las colas del hambre deberían avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la «vacuna contra la pobreza», que es el ingreso mínimo vital».

Varios cambios normativos

Para desatascar el proceso y aligerar la concesión de las ayudas, en los dos años de aplicación, el Ministerio de Seguridad Social ha puesto en marcha varias modificaciones de la norma. Desde un complemento de ayuda a la infancia de entre 100 y 50 euros por hogar en el caso de familias con niños de hasta 18 años, hasta la inclusión de los jóvenes extutelados, pasando por la rebaja de ciertos requisitos, como el plazo de convivencia necesario para acceder a la prestación. También se han elevado los umbrales de renta y patrimonio en algunas circunstancias y eliminado del cómputo de la renta el cobro de las prestaciones por dependencia, desempleo, o la pensión de alimentos. No parece que haya sido suficiente a tenor de los resultados.

Ahora, el ministro que gestiona las pensiones quiere dar un nuevo empujón a este subsidio con los fondos europeos. Como ya informó este diario, ha repartido 110 millones a dedo entre fundaciones, asociaciones, comunidades autónomas y municipios para que realicen proyectos piloto «innovadores para el desarrollo de itinerarios de inclusión social». Y que estos itinerarios «mejoren la tasa de acceso al IMV al incrementar su efectividad» con medidas que permitan una «atención integral de las personas más vulnerables», según relató el Gobierno en el BOE donde publicó el reparto.

Políticas de inclusión

Hace unos días, en plena campaña electoral en Andalucía, Escrivá anunciaba que el IMV conservará hasta finales de año la subida del 15% que caducaba a finales de junio y que a partir de ahora su prórroga no será trimestral. El ministro de Seguridad Social aprovechó también para celebrar los resultados logrados en los dos años de aplicación del subsidio y dijo que «cada vez es más importante para los gobiernos desarrollar políticas de inclusión y mejoras en la redistribución de la renta». Según el titular es «esencial disponer de instrumentos que permitan abordar políticas sociales como el ingreso mínimo vital».