Rapapolvo del Tribunal de Cuentas: el Gobierno infravalora en 1.074 millones el agujero de los ICO

El Tribunal de Cuentas considera que el Gobierno está minimizando en sus estimaciones las potenciales pérdidas para las arcas públicas que se pueden derivar de las líneas de avales puestas en marcha a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia, que según el último balance oficial han conseguido movilizar 138.501 millones de euros de financiación bancaria hacia empresas en dificultades, de los cuales 105.452 millones están garantizados por el Estado.

El organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas advierte en su análisis sobre la contabilidad del Estado del año 2020 de que el Ministerio de Hacienda se ha decantado por el «escenario más favorable de valoración de las potenciales pérdidas» por este instrumento, y que incluso sobre la base de la propia metodología utilizada por el Gobierno las coberturas para hacer frente a las pérdidas por los potenciales fallidos en las devoluciones deberían ser un 25% superiores a las estimadas desde el Estado.

El Tribunal de Cuentas destaca que a cierre de 2020 -último ejercicio para el que existen datos oficiales- Hacienda había provisionado 4.260 millones de euros para hacer frente a los impagos que se puedan derivar de las líneas de avales del ICO, cuando incluso aceptando la favorable metodología escogida por Hacienda estas coberturas deberían ser superiores en 1.074 millones de euros y superar holgadamente los 5.300 millones de euros.

Según el órgano fiscalizador, la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda realizó este cálculo basándose en un informe de análisis sectorial del Banco de España que estimó una tasa de mora del 10% sobre el volumen total de la financiación concedida y una tasa de impago del 60% sobre la morosidad total. En opinión de los consejeros del Tribunal de Cuentas, ese cálculo no está suficientemente fundamentado, no se sostiene en un análisis comparado que señale esa metodología como la más afinada y, además, «está rodeada de una gran incertidumbre debido, entre otros factores, a la propia naturaleza y persistencia de la crisis generada por el Covid, a la existencia de largos períodos de carencia en los créditos avalados y al reducido período de tiempo transcurrido desde su concesión».

Morosidad al alza

Más allá del tirón de orejas que asesta el Tribunal de Cuentas al Gobierno, la evolución de la morosidad muestra que lo dotado en 2020 se ha quedado ya corto, incuso antes de que terminaran por completo los períodos de carencia y sin tener en cuenta que hay préstamos con vencimiento único que todavía no han de ser amortizados.

En su último informe de estabilidad financiera, el Banco de España desveló que los préstamos avalados por el ICO estaban empezando a aflorar problemas, pese al colchón de carencia que han disfrutado. «Los préstamos garantizados por el ICO concedidos a empresas y empresarios individuales han registrado un deterioro adicional en el segundo semestre de 2021», señala el documento.

En este sentido, la institución cuantificó a cierre de 2021 que los créditos dudosos de los ICO habían llegado al 3,5%. Esto supone alrededor de 3.000 millones de euros ya con esa etiqueta; se considera que un préstamo es dudoso cuando existen señales de que no podrá devolverse o si han pasado más de 90 días sin que se hayan pagado las cuotas acordadas. En otras palabras, 3.000 millones de euros en créditos que ya no se están devolviendo.

En la actualidad, el porcentaje de aval público sobre los créditos, de media, asciende a un 76%. Tomando en consideración que ya hay 3.000 millones en impago, el Estado está asumiendo por ellos unas pérdidas de 2.280 millones.

Las provisiones que ha realizado el Gobierno ascienden a 4.260 millones, aunque esto abarca solo lo que se ha dotado hasta 2020. No existen datos sobre si Hacienda ha incrementado dicha cifra. Sea como fuere, la morosidad que ya tienen los ICO se habría comido ya más de la mitad de las provisiones realizadas por el Ejecutivo. Unas provisiones que, teniendo en cuenta la totalidad de avales concedidos hasta la fecha, equivaldrían en realidad a esperar una mora del 6%.

Asimismo, el Banco de España advirtió en su informe de estabilidad financiera de un aumento considerable de los créditos clasificados en lo que se llama vigilancia especial: esto son préstamos que no han entrado aún en morosidad pero que tiene riesgo de estarlo próximamente. «Se ha observado un incremento de la proporción de volumen dispuesto clasificado en vigilancia especial, que ha alcanzado el 20,2% en diciembre de 2021 (3,9 pp más desde junio 2021)», dice el documento. Uno de cada cinco euros de los préstamos ICO está en esa consideración

«En el caso de sectores particularmente afectados por la crisis del Covid-19, y que también pueden verse fuertemente afectados por el repunte de los precios de la energía y los alimentos, se observan unas proporciones de préstamos en vigilancia especial (por ejemplo, 35,5% y 22,7% en hostelería y transporte en diciembre de 2021, respectivamente) superiores a los del conjunto de operaciones ICO, al igual que en el caso de los préstamos dudosos (por ejemplo, 6,5% y 4,5% en hostelería y transporte)», añade el informe.