El Gobierno carga sobre los funcionarios la mitad del coste de la subida de las cotizaciones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presenta el avance de la estadística experimental de afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo, en la sede del Ministerio, a 19 de mayo de 2022, en Madrid (España). Durante la rueda de prensa, Escrivá ha explicado que los contratos de mayor duración crecen con más fuerza, mientras se desploma el número de contratos de corta duración. Además, la creación de empleo y la mejora de su calidad redundan en un elevado crecimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social. 19 MAYO 2022;SEGURIDAD SOCIAL;MAYO;ESTADISTICA;AVANCE;ESTADISTICA EXPERIMNETAL Eduardo Parra / Europa Press 19/5/2022

La reforma de pensiones enviada a Bruselas lejos de recortar el gasto ha alimentado una espiral de desembolsos con medidas como ligar las nóminas al IPC en un momento en el que la Seguridad Social acumula desde 2010 elevados déficit -2.669 millones aquel año y unos 11.200 en 2021 pese a la desviación de más de 18.000 millones de gastos no contributivos al Presupuesto General del Estado-, que han dilapidado el Fondo de Reserva y endeudado al organismo en 100.000 millones, una cifra sin precedentes que es equivalente al 8,1% del PIB.

Este escenario anticipa una reforma dura de pensiones en la que se incluirá una ampliación de los años para calcular las pensiones y una triple subida de cotizaciones sociales, que la hoja de ruta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, enfoca en las rentas más elevadas, las de más de 49.000 euros.

Pero la medida, en este caso, tendrá poco impacto para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la subida de los ingresos que generará el alza de las bases máximas, alimentará, a su vez, el gasto público.

El ‘destope’ que finalmente se aplique, y que afecte a los funcionarios, rellenará la caja pública con más ingresos por cotizaciones, pero también engordará el gasto público, dado que el Estado, como órgano pagador, deberá desembolsar el alza de impuestos al empleo que lleva aparejada elevar las bases máximas, como ocurrirá también en el sector privado. En definitiva, el empresario y los trabajadores pagarán más.

Los grandes pagadores

Si observamos la distribución de trabajadores en función de la naturaleza del empleado que se encuentran en el último tramo de remuneración que se pude obtener del INE, se aprecia como el 46% de quienes ganan más corresponden al sector público. Concretamente, son unos 740.000 empleados públicos los que se insertan en el último decil de renta de la estructura salarial que ofrece Estadística y que parte desde los 3.585 euros anuales.

El ‘destope’ de cotizaciones, que según apuntaba recientemente la Seguridad Social se podría concretar en la creación de un nuevo tramo, hasta los 60.000 euros anuales, lo que supone aumentar un 29% la base máxima actual (0,9 puntos porcentuales en un plazo de 30 años) afectaría solo a quienes a día de hoy cuentan con un sueldo superior a los 4.139,4 euros mensuales -la base máxima actual-.

Pues bien, si volvemos a la distribución de ese último tramo de renta se aprecia como estos 740.000 funcionarios que se encuentran insertados obtienen rentas del trabajo medias de 4.747 euros mensuales. Es decir serían parte de los pagadores de la subida de la cotización costeando el 46% del coste de la subida, mientras que el resto correría a cargo de los 860.000 trabajadores, y sus correspondientes empleadores, del sector privado.

Tal y como señala en conversaciones con ABC el presidente de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Mariano Jiménez Lasheras, «el destope va a generar un incremento de cotizaciones que compensará parte de los gastos crecientes que está teniendo la Seguridad Social» en un primer momento. Sin embargo, al mismo tiempo que se ‘destopan’ las bases máximas también se incrementará la cuantía de la pensión máxima de jubilación para no socavar la contributividad del sistema. «A corto plazo generará una recaudación superior, pero lógicamente al subir la pensión máxima -que tendrá que ir adaptándose para no romper el equilibrio-, por lo que a medio plazo el gasto en pensiones derivado del incremento de la pensión máxima también elevaría el coste», señala el presidente de Ocopen.

Para Lashereras, si bien la medida supone un avance para la contributividad del sistema, el impacto aliviaría la tensión financiera de la Seguridad Social en los primeros años, si bien a la postre se vería comprometida a pagar mayores prestaciones, en un contexto en el que la esperanza de vida tras la jubilación continúa en aumento, Y donde esas mismas estimaciones de envejecimiento demográfico arrojan una progresiva pérdida de población en edad de trabajar.

Impacto limitado

Cabe recordar, además, que el impacto financiero sería limitado en cualquier caso. A parte de que la mitad de esta subida de bases máximas las acabarán pagando los funcionarios y empleados de las administraciones, el planteamiento del Gobierno parece no ambicionar un destope total de las bases, sino incluir algún nuevo tramo. Cálculos internos de los técnicos de Seguridad Social señalan que ese destope «a las bravas» de las bases tan solo aportaría unos 5.000 millones de euros más cada año a la tesorería del sistema. Aunque solo el aumento de la base máxima de 22,8 puntos porcentuales obligaría, no en vano, a elevar las pagas máximas de jubilación hasta por encima de los 3.000 euros mensuales, si se lleva a cabo una subida de forma proporcional.

Ahora bien, aunque el ministro Escrivá reflejó claramente en el compromiso remitido a Bruselas que no se mermaría la contributividad del sistema de pensiones con el ‘destope’ de las bases máximas, esta proporcionalidad no se ha mantenido en los últimos años. En los últimos 12 años, la base máxima se ha incrementado por esta vía en un 29,4%, mientras que en el mismo periodo de tiempo la pensión máxima se ha aumentado desde los 2.466 euros mensuales hasta los 2.819 euros en 2022. Es decir, la prestación máxima se ha elevado en un 14% desde 2010, lo que supone 15 puntos porcentuales menos que la base máxima.

El ‘castigo’ a las rentas altas, más allá, no queda en el destope incluido en la segunda parte de la reforma y que debería de comenzar a desplegarse desde comienzos de 2023, sino que el Gobierno espera también a partir del próximo aplicar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -que aplica una subida del 0,6% de la cotización con carácter general, independientemente del nivel de renta y durante un periodo de diez años-.

Además, si el Ejecutivo logra sacar adelante los Presupuestos Generales para 2023, una tercera vía de incremento de la cuota de Seguridad Social para las rentas más altas podría concurrir en la ecuación. En este caso se aplicaría el ajuste ordinario y automático que se fija en las cuentas anuales del Estado y que suele referenciarse al IPC estimado.

Tensionamiento financiero

Los planes del ministro Escrivá llegarán en un contexto en el que el gasto total en nóminas públicas, tras el alza aplicada este año del 2%, se ha disparado por encima de los 150.000 millones en un contexto de elevada incertidumbre económica. El coste de las jubilaciones sobre el PIB es del 12%, según reflejan los documentos enviados por el Gobierno a Bruselas. Para hacerse una idea de lo que supone ese 12%, sería equivalente al peso que tenía el sector turístico en la economía antes de la pandemia y es más de lo que España recibirá de fondos europeos para revitalizar la economía.

Este gasto, sin embargo, es un cálculo a la baja pues no tiene en cuenta la entrada en la Administración de nuevos funcionarios que, a tenor del aumento de las tasas de reposición, elevará el montante. La tasa ordinaria de reposición ha aumentado este año hasta el 110%, lo que significa que por cada 100 jubilaciones o bajas se incorporarán 110 nuevos funcionarios. Esa tasa crece hasta el 120% para los sectores prioritarios y la administración local y al 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La subida de cotizaciones a los sueldos más elevados intenta, no obstante, calmar a Bruselas tras una reforma ‘light’ de las jubilaciones, en la que, por el momento, se ha obviado cualquier mecanismo de ajuste a las puertas de la llegada de la generación de los ‘baby boom’, que comenzarán a incorporarse al sistema de pensiones desde 2023 y que aventura déficits de hasta 50.000 millones al año en la década de mayor despliegue de jubilados. Este año, no obstante, es el comprometido por el Gobierno con las autoridades europeas para tener lista su segunda fase de la reforma con subida de impuestos y medidas de recorte del gasto que permitan contener la factura que la inflación amenaza con desbordar.