Es un giro histórico en la política de España sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Según un comunicado de la Casa Real marroquí publicado por medios locales, «España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo». El posicionamiento cambia la postura que ha mantenido históricamente Madrid, que se ha alineado siempre con las resoluciones de Naciones Unidas en la búsqueda de una solución al contencioso alrededor de un territorio pendiente de descolonización y ha evitado siempre apoyar a Marruecos o al Frente Polisario, las dos partes enfrentadas por reclamar su soberanía.
La nueva postura de España ha sido trasladada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI en una misiva en la que reconoce «la importancia de la cuestión del Sáhara para Marruecos» y en la que llega a destacar «los esfuerzos serios y creíbles» del reino alauí «en el marco de Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable».
El Gobierno de Marruecos se ha congratulado del mensaje de Sánchez, afirmando que su apuesta por el plan de autonomía del Sáhara dentro del reino -propuesto por primera vez en 2007- «permite prever una hoja de ruta clara y ambiciosa para inscribir de forma duradera» la relación bilateral. Rabat ha anunciado, además, que el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, visitará la capital antes de que empiece el mes de ramadán cuyo inicio se calcula para principios de abril. Además, anunció un próximo viaje del presidente español.
El Frente Polisario ha respondido, por su parte, inmediatamente a este cambio en la postura del Gobierno español, antigua potencia colonizadora: «España sucumbe ante el chantaje y la política del miedo utilizada por Marruecos. Es una posición que no se corresponde con la responsabilidad política y jurídica de España y que condicionará su papel en la resolución del conflicto».
UN GIRO DE 180 GRADOS
Los términos de la carta de Sánchez suponen un giro de 180 grados respecto a la posición tradicionalmente mantenida por España, que siempre ha abogado por una resolución del conflicto en el marco de Naciones Unidas que considera el Sáhara como un «territorio no autónomo» pendiente de descolonización y admite el derecho de su población a determinar su futuro a través de una solución negociada.
De la misiva se desprende que España abandona el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental y otorga carta de naturaleza a la actual ocupación por parte de Marruecos reconociéndola ‘de facto’ como soberanía sobre el territorio.
Poco después de que la Casa Real marroquí haya hecho pública la carta del presidente del Gobierno, Moncloa ha emitido un comunicado confirmando la veracidad de la misma pero sin aludir en ninguno de sus tres párrafos a la cuestión saharaui.
La nota afirma que «hoy» se inicia una «nueva etapa» en la relación bilateral «basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos , la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente». La nueva fase, añade, se desarrollará «tal y como indican los comunicados del Gobierno de Marruecos, en una hoja de ruta clara y ambiciosa (…) para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países».
Además, el comunicado del Ejecutivo hace hincapié en la determinación de «afrontar juntos los desafíos comunes, especialmente la cooperación en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y en el Atlántico, actuando siempre con un espíritu de total cooperación y restablecer la plena normalidad en la circulación de personas y bienes».
El Ejecutivo asegura acoger «con satisfacción» la programación del viaje del presidente del Gobierno para desarrollar la hoja de ruta de la nueva etapa, así como la invitación para que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visite Rabat antes de finales de este mes.
La nueva posición de España se hace pública cuatro meses después de que Naciones Unidas decidiera prolongar, tras arduas discusiones, el mandato de la MINURSO y nombrara como nuevo enviado especial al diplomático Staffan de Mistura.
El paso dado por Sánchez ha suscitado de inmediato el rechazo de su socio minoritario de Gobierno. Fuentes de la formación morada han asegurado no compartir la propuesta española porque el plan autonomista -defendido desde el 2007 por Rabat- «supone abandonar la posición de neutralidad y el consenso de las resoluciones de Naciones Unidas».
«AMISTAD COMPARTIDA»
El mensaje de Sánchez al monarca alauí, recogido ampliamente por la agencia oficial Map y por medios próximos al palacio real como el digital ‘Le360’, señala que Sánchez en su misiva considera que «los dos países están unidos inextricablemente por afectos, historia, geografía, intereses y una amistad compartida», por lo que se dice «convencido de que los destinos de ambos pueblos lo son también» y que «la prosperidad de Marruecos está ligada a la de España y a la inversa».
«Nuestro objetivo es construir una nueva relación, basada en la transparencia y la comunicación permanente, el respeto mutuo y los acuerdos firmados por las dos partes y la abstención de toda acción unilateral», ha señalado el presidente español. Sánchez remarca la necesidad de enfrentarse conjuntamente a «los desafíos comunes, notablemente la cooperación migratoria en el Mediterráneo y el Atlántico», tras lo que concluye que «todas estas acciones» tienen como finalidad «garantizar la estabilidad y la integridad territorial de los dos países».
La misiva de Sánchez llega cuando faltan apenas un mes para que se cumpla un año del inicio de la crisis más grave en la historia reciente de las relaciones diplomáticas entre las dos orillas. A finales de abril de 2021, la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para recibir tratamiento hospitalario, provocó una airada reacción de Rabat, que retiró a su embajadora en Madrid (quien a día de hoy no ha vuelto a su plaza) y propició una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a mediados de mayo.
LAS RAÍCES DEL CONFLICTO
El contencioso sobre el Sáhara Occidental estalló en 1975, cuando España se retiró de la que entonces era su 53 provincia, tras comprometerse con Naciones Unidas a la descolonización del territorio. Marruecos y Mauritania ocuparon el vacío que dejó España y se desencadenó una guerra contra el Frente Polisario -que reclama desde entonces el derecho de los saharauis sobre estas tierras-. Decenas de miles de saharauis huyeron hacia el desierto para escapar del conflicto y se refugiaron en los campamentos de Tinduf, en tierra argelina. Dependientes de la ayuda internacional, allí siguen hoy entre 175.000 y 300.000 refugiados, según diversas fuentes. Paralelamente, miles de saharauis permanecieron en el territorio ocupado, donde hoy son una minoría acosada por la represión marroquí. Mauritania se retiró del conflicto en 1979 y Marruecos ocupó su espacio y continuó la contienda hasta que en 1991 firmó un alto el fuego con el Frente Polisario. El acuerdo, bajo los auspicios de la ONU, estableció la Misión para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), cuyo cometido era convocar un referéndum de autodeterminación que a día de hoy no ha logrado celebrarse.
Las disputas sobre el censo de votantes que elaboraba la MINURSO terminaron paralizando el referéndum a finales de los 90. Tras múltiples maniobras de dilación a lo largo de los años, en 2019, Marruecos anunció abiertamente que rechaza esta vía y confirmó que nunca aceptará la independencia del territorio. En cambio, Rabat propone una autonomía, opción a la que se opone el Frente Polisario, que insiste en celebrar la consulta.
Mientras el tiempo ha ido mellando, la mención al referéndum se ha diluido de las comunicaciones de la propia ONU, que en una de sus últimas resoluciones sobre el contencioso abogó simplemente por una «solución política». Otros actores internacionales han ido abandonando también la retórica de la consulta popular, incluso España ha evitado en el pasado hablar de referéndum adoptando una fórmula que remite a «una negociación política que permita una solución política, negociada, justa y duradera».
Es la primera vez, sin embargo, que un Gobierno español aboga por que el Sáhara Occidental se integre en Marruecos como una autonomía. En su plan original presentado en abril de 2007, Mohamed VI propuso una entidad integrada en Marruecos en forma de una futura autonomía que elegiría a su presidente y a un Parlamento compuesto por miembros elegidos de entre las tribus saharauis y por miembros electos a través de sufragio universal ejercido por todos los habitantes del territorio, entre los que se incluirían pues a los colonos marroquíes que son, tras cuatro décadas bajo ocupación marroquí, mayoría. Este plan quedó en el aire pero siempre ha sido invocado por Rabat como la única solución que aceptaría.
Mientras las negociaciones de paz se estancaban a lo largo de los últimos años, en noviembre de 2020, el conflicto armado se reactivó, agitando el fantasma de una nueva guerra con consecuencias regionales ya que podría implicar a Marruecos y a Argelia, rivales por la hegemonía del Magreb. Entonces, tras una intervención de tropas marroquíes en el extremo sur del Sáhara, el Frente Polisario declaró finiquitado el acuerdo de alto el fuego y comenzó una guerra de baja intensidad entre el grupo independentista y Marruecos.
