El número de beneficiarios del bono social eléctrico, que supone un descuento de entre el 60% y el 70% en la factura de la luz para los hogares con menos recursos, ha perdido 6.436 beneficiarios en Aragón desde el inicio de la pandemia, a pesar de la crisis de precios que sufre este bien básico desde el pasado verano. Al cierre de 2021, un total de 30.911 hogares de la comunidad (22.583 en Zaragoza, 4.712 en Huesca y 3.616 en Teruel) estaban acogidos a esta tarifa rebajada, según los datos facilitados a este diario por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Son un 17% menos de los que había en abril de 2020, a las pocas semanas del estallido del coronavirus, cuando eran 37.347, según una respuesta del mismo departamento al senador socialista Miguel Ángel Heredia Díaz. A nivel nacional también se ha registrado una caída, con unos 93.000 consumidores que han dejado de ver cómo sus compañías de referencia les aplican el correspondiente descuento en sus recibos en dicho periodo: de 1.311.662 a 1.218.000.
Los datos de Endesa, la distribuidora eléctrica de referencia en Aragón, también reflejan un descenso de beneficiarios en los últimos meses. Cuenta 26.935 clientes en la comunidad adheridos al bono social, según los datos a 25 de febrero facilitados por la compañía, frente a los 28.561 que tenía tres meses antes. Esto supone que hay 1.626 hogares menos con esta protección.
No hay razones objetivas que expliquen este descenso, más teniendo en cuenta que los problemas para hacer frente al pago del recibo de la luz no han hecho más que aumentar al agravarse en el último año y medio debido al deterioro económica y social que ha provocado el coronavirus y la carestía de la electricidad. Todo apunta a que el motivo es que una parte de los beneficiarios no ha solicitado la renovación de la ayudas que ha de hacerse cuando se cumplen dos años desde su concesión.
Este requisito volvió a ser obligatorio desde el 30 de septiembre de 2020, después de que quedara suspendido temporalmente durante el primer estado de alarma y el verano. Esto ha podido provocar un goteo de bajas desde entonces ante el desconocimiento de este procedimiento por parte de muchas familias vulnerables, que no han realizado el papeleo para seguir recibiendo el bono, un trámite que es además lento y farragoso.
Así lo cree Cecilia Foronda, ingeniera química y directora de Energía y Personas en Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). «Conseguir el bono social es una verdadera carrera obstáculos. La renovación requiere volver a presentar mucha documentación y las familias vulnerables no suelen ser conscientes de ello. La gente ni se entera de que se les ha caducado», sostiene. Por este motivo, precisamente, hace ya tiempo que esta entidad viene reclamando que la concesión y renovación del descuento en el recibo eléctrico sea de forma automática. «El que tiene la ayuda, raro se hace que no lo siga necesitando. Bastaría con que la Administración se guiará por el criterio de la renta y cruzara los datos que tiene para su actualización», explicó.
El Gobierno de España anunció el pasado mes de enero que barajaba un proyecto de real decreto que incluye la renovación automática del bono social eléctrico con el objetivo de ampliar la base de las familias que se benefician de la ayuda.
Los últimos datos disponibles señalan que la pobreza energética –quienes no pueden permitirse tener la vivienda con una temperatura adecuada– afectaba al 2,8% de los aragoneses en 2020, la tasa más baja de todo el país y el mejor dato desde 2012, según la encuesta condiciones de vida del INE. La cifra podría haber quedado desfasada ya que la electricidad nunca había estado tan cara como hasta ahora.
Campaña de Ecodes: la energía es un derecho
Ante la situación de emergencia energética que se está generando, Ecodes exige «estar a la altura» para garantizar el derecho a la energía de todas las personas y ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org. «Es un bien de primera necesidad. Una casa no es habitable sin electricidad», asegura Foronda.
Desde el año pasado, la escalada del precio de la energía, concretamente de la electricidad, ha sido imparable. Pero desde el estallido de la guerra de Ucrania todos los récords han sido pulverizados. El precio de la luz marcó su récord el pasado martes de 19 a 20 horas, cuando llegó a los 700 euros/MWh en el mercado mayorista, un 822% más que justo un año antes a esa misma hora. «Cocer un kilo de macarrones en ese momento tuvo un coste energético similar al precio de la pasta en sí», asegura Ecodes.
La entidad reclama una reforma del sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad para que no dependa del gas, la aplicación de un IVA superreducido del 4% para un «suministro mínimo vital» y la creación de un fondo de urgencia público-privado para hacer frente a la pobreza energética que apoye a las familias vulnerables.
