El Gobierno de Pedro Sánchez abrió en 2019 dos vías de comunicación con las tramas de apoyo a los presos de ETA, controladas por Sortu, el partido proetarra de Arnaldo Otegi. La primera de ellas, a través del Ministerio del Interior, más concretamente con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; la segunda, se entabló con el entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, que dejó su cargo un año después. Así lo recoge un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil que adelantó ‘El Confidencial’ y al que ha tenido acceso la agencia Colpisa, enviado el pasado verano al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el marco de la investigación contra los organizadores de los ‘ongi etorri’ a los terroristas excarcelados.
Hay que recordar la exigencia de Sortu a Sánchez: presos por seguir en La Moncloa.
El documento da un papel fundamental en esa trama a Antonio López Ruiz, ‘Kubati’, el etarra que el 10 de septiembre de 1986 asesinó en Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa) a Dolores Catarain, ‘Yoyes’, delante del hijo de ésta, porque la mujer había decidido dejar la banda terrorista. Este sujeto formaba parte de la dirección de la denominada ‘Comisión a favor de los presos’, encargada de controlar todo lo que se movía en ese mundo: «Desempeña un papel dirigente sobre los responsables de otras organizaciones y dinámicas que, como Sare, Foro Social o Etxerat, efectúan su actividad» en ese ámbito, precisa el informe.
La afirmación es muy relevante porque la cara visible de la autodenominada red ciudadana Sare, que por ejemplo llegó a convocar homenajes a etarras tan siniestros como Henri Parot, es Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno vasco y persona que, según el mismo documento, mantenía una interlocución con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, al que trasladaba las peticiones que le hacía este individuo. De hecho, se recogen mensajes de WhatsApp muy explícitos que lo demuestran; no solo eso, el exconsejero levantaba actas de esas conversaciones, de las que luego daba cuenta al terrorista.
Según la Guardia Civil, Azkarraga «mantiene contacto frecuente con algún responsable de Instituciones Penitenciarias». Ante la posibilidad de que tuvieran las comunicaciones intervenidas, como sugiere Kubati –«todo queda registrado», afirmaba el etarra–, se refería a esa persona como «el de Madrid», con el que contactaba tanto por teléfono como personalmente en reuniones en la capital. Luego trasladaba la información a Kubati.
Solo desde el ordenador
Azkarraga utilizaba una cuenta de correo electrónico personal, a la que solo accede desde un ordenador y no desde su teléfono. El 11 de junio de 2019 Kubati recibió un mensaje de Azkarraga en el que le pedía información sobre dos presos de ETA porque iba a tratar su caso en la reunión que tendría en Madrid unos días después (se deduce que con Ortiz). En concreto iban a hablar de la etarra Lierni Armendariz y de Oskarbi Jauregui. «Quiero enviarle antes unas notas para que la reunión sea más efectiva y hayan tenido tiempo de mirar cada caso», le dice.
Una semana después hubo otro mensaje por la misma vía, tras haberse mantenido la reunión. «He olvidado comentar que me ha insistido mucho en que intente tener una conversación con Consuelo Ordóñez. Que (sic) para ellos sería muy importante que lográramos un clima de entendimiento. Ya le he dicho que se puede intentar pero no creo que sea fácil». La Guardia Civil señala que «no se puede precisar la entidad de la tercera persona a la que Joseba hace referencia en el mensaje».
Ese mismo mes, el 28 de junio, Joseba le comunicó la inminente puesta en libertad del preso de ETA enfermo José Ángel Ochoa de Eribe. «Me llaman de Instituciones Penitenciarias para decirme que el juez ya ha firmado la libertad condicional. Así que me imagino que la libertad se producirá ya». Esa información la reenvió Azkarraga de inmediato a varios miembros del entorno, como el abogado Matanzas o Rufi Etxeberria. La libertad del etarra se produjo el 5 de julio en Castellón, donde cumplía condena.
Entre los mensajes que se intercambiaron, los agentes destacan otro del 29 de julio de ese mismo año en el que Azkarraga informaba a Kubati: «Aprovecho para comentarte que me envía el de Madrid un wasap con la foto del ‘ongi etorri’ de ayer y me dice esto no ayuda mucho». «Ya hablaremos de eso», es la respuesta que recibe.
El 18 de marzo de 2019 el abogado proetarra José María Matanzas envió un mensaje de voz a Kubati a través de un grupo de WhatsApp en el que le informaba de una serie de gestiones que había hecho con Interior sobre la situación de la etarra Aitziber Coello Onaindia, y que «deben dar sus frutos». El letrado explica que «le dijeron la semana pasada que le darán el segundo grado, que seguramente también le harán un tratamiento especial o pasarlo por la junta y enseguida le darán el segundo grado».
Poco después, el 5 de abril de 2019, Julen Arzuaga, diputado de Bildu en el Parlamento vasco, reenvió un mensaje que recibió de Azkarraga, responsable de Sare, que le informaba sobre una reunión que iba a mantener con el director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz: «El próximo martes tengo una nueva reunión con Ángel Luis. ¿Tenéis alguna cosa concreta que os interesa traslade». El mensaje denota que los contactos son frecuentes («nueva reunión»).
Seguido, el político de Bildu instaba a los miembros del grupo liderado por Kubati a que enviaran las peticiones que quisieran hacer llegar al Gobierno de Pedro Sánchez: «Hala, a pasar la lista de prioridades». Así lo hacen el histórico etarra Carlos Sáez de Eguilaz, ‘Kai’, y Jorge García Sertucha, ‘Patas’ –terrorista que intentó asesinar a Don Juan Carlos–, que remitieron varias peticiones «consistentes en movimientos de varios presos de ETA de un centro penitenciario a otro, para que ninguno se quede solo y para que puedan estar más cerca de la familia cuando los vayan a visitar». En concreto, uno de ellos pide «que Ainhoa García se junte con Oier Urrutia en Villabona y Karmelo Lauzirika con Marta Izagirre en Logroño».
«De forma discreta»
La reunión entre Azkarraga y el director de Instituciones Penitenciarias se produjo en tiempo y forma. Así, el 11 de abril de 2019 Julen Arzuaga escribió a Kubati a través del grupo: «A ver, tengo el acta de la reunión que ha tenido Joseba Azkarraga ¿Lo digo por aquí abiertamente u os lo hago saber de forma más discreta». Contesta Kubati: «De forma discreta mejor».
Kubati, que adoptaba medidas de seguridad porque sospechaba que tenía el teléfono intervenido y evitaba cualquier comentario que pudiera incriminarlo, mantenía contactos con «dirigentes provinciales que ejercen su responsabilidad en el ámbito de los presos y les imparte directrices de los criterios a seguir, pautas o líneas de actuación en relación a actos de apoyo o actos de homenaje» a etarras.
En cuanto a la segunda vía de comunicación, los protagonistas son Jorge García Sertucha, etarra que intentó asesinar al Rey en Palma de Mallorca en 1995, y el entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza. Una conversación del 21 de mayo de 2019, de nuevo, en el móvil de Kubati, recoge un mensaje que ha recibido previamente del diputado de Bildu Julen Arzuaga. Se exponía la situación del preso Zigor Orbe y se solicitaba que él mismo «participe en la decisión del traslado». «Yo haré la gestión con Loza», dice Sertucha a Kubati. «Se entiende que va a solicitar idénticas actuaciones», dice la Guardia Civil, en relación a que haría con la Delegación las mismas gestiones que a la luz de los mensajes se realizaban con Instituciones Penitenciarias para los presos de ETA. Entonces, Zigor Orbe, el asesino de Fernando Buesa y su escolta, estaba en una prisión en Cádiz. En enero de 2021 fue trasladado al País Vasco.
Pero en el informe de la Guardia Civil se aporta otro dato de máximo interés. Lo hace en el epígrafe relativo a los indicios obtenidos sobre Haymar Altuna, líder de la organización en Guipúzcoa, dirigente de Sortu y exetarra, en cuyo ordenador portátil se encontró un documento relacionado con una propuesta para crear «un nuevo agente nacional de carácter ‘antirrepresivo’». La intención de esa nueva organización sería ocupar «el antiguo espacio político de GGAA (Gestoras Pro Amnistía) organización ilegalizada en el año 2001 por su colaboración con la organización terrorista ETA».
Para la Guardia Civil, los individuos investigados «conforman una estructura organizada, a través de la cual desempeñan sus funciones relacionadas con los presos de ETA. Su equipo de dirección estaría formado por Antonio López Ruiz, ‘Kubati’; Carlos Sáez de Egilaz, ‘Kai’; Ohiana Garmendia; Rufi Etxeberria y Jokin Urain.
Papel de Etxeberria
Sobre Rufi Etxeberria, la Guardia Civil destaca que «recibe novedades y consultas de todo lo que tiene que ver con los actos de homenaje u ‘ongi etorris’ y los difunde a los demás responsables; resuelve dudas que le transmiten otras personas en cuanto a organización y desarrollo de los actos de homenaje (…); realiza un seguimiento detallado de la situación y la evolución de los presos de la organización terrorista ETA y lo difunde al resto de responsables para su conocimiento y asiste y participa» en las reuniones sobre los reclusos de ETA.
En el momento de esta investigación Etxeberria aún pertenecía a la dirección de Sortu –es un histórico de la izquierda abertzale–, partido que entre sus prioridades tiene la de controlar el colectivo de presos de la banda.
