El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya ha redactado el decreto con el que pone fin a una de las tres investigaciones abiertas en torno al patrimonio de Don Juan Carlos. Se trata de la línea más joven, incoada a finales de 2020, sobre movimientos económicos en un trust constituido en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. De acuerdo al borrador al que tuvo acceso Cope y cuyos términos fueron confirmados por fuentes fiscales a ABC, «no existe constancia alguna» de la vinculación del padre del Rey con el conglomerado.
La resolución, que está sólo a falta de firma, se extiende a lo largo de veinte folios para concluir, un año después de que se incoaran las pesquisas, que «no concurren indicios que permitan dirigir reproche penal contra S.M.
D. Juan Carlos de Borbón y Borbón». Por esa razón, resuelve, «procede acordar el archivo de las diligencias de investigación».
Esta investigación se abrió a partir de una alerta del Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac) en torno a un conglomerado denominado «The JRM 2004 Trust» en la isla británica. A lo largo de las pesquisas, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha contrastado que efectivamente, ese trust existe y fue constituido por Joaquín Romero de Maura (de ahí las iniciales), historiador y persona muy cercana al padre del Rey.
Lo puso en pie en 2004 con «la liquidación de los trust Tartessos y Hereu, fundados en 1995 y 1997, respectivamente» e impulsados por Manuel Prado y Colón de Carvajal con la «finalidad» de apoyar a Don Juan Carlos «en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar». Por eso, tenían al padre del Rey «como único beneficiario».
La Fiscalía llega a la conclusión de que esos dos trust bebieron de donaciones realizadas entre los años cincuenta y los años setenta por distintas personas para apoyar al entonces príncipe. Sin embargo, «no existiendo actualmente documentación soporte disponible, probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados».
La cuestión es que en el año 2004, «la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la Monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones». Así que Don Juan Carlos «decidió liquidar los trusts y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura», quien dispone de ellos desde entonces con una «baja actividad».
«No existe indicio alguno que permita vincularle con el trust»
Lo que sí está aclarado es que «desde 2004 a 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. Don Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos». «En ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas», señala el texto que está pendiente de firmar por Alejandro Luzón.
Añade que, en todo caso, desde la abdicación de Don Juan Carlos el 19 de junio de 2014, momento en que sería ya susceptible de recibir algún reproche penal al perder la inviolabilidad asociada a la Jefatura del Estado, «las disposiciones del JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español». De esto, concluye, «no existe constancia alguna».
La Fiscalía del Tribunal Supremo, que comanda las investigaciones en torno al patrimonio de Don Juan Carlos con un equipo del que ahora es jefe Alejandro Luzón, ultima igualmente otros dos decretos que pondrán fin a las líneas de investigación relativas a la adjudicación del AVE a la Meca y una serie de movimientos económicos destapados a colación; y las donaciones a favor del padre del Rey realizadas por un empresario mexicano a través de una persona interpuesta.
Fuentes oficiales vienen avanzando en las últimas semanas que en ambos casos, las diligencias acabarán en archivo pues Don Juan Carlos ha acometido sendas regularizaciones que le permitirían eludir los posibles delitos fiscales en que hubiese incurrido. La Fiscalía confía en que las investigaciones, la primera de las cuales data de noviembre de 2018, lleguen a su fin este mes de febrero, tal y como informó este diario.
En el primer caso, por los ocho millones de euros en vuelos privados que le costeó su primo, Álvaro de Orleans, y que afloraron durante la investigación de los movimientos económicos que estaban en el punto de mira como presuntas comisiones en la adjudicación del tren de alta velocidad, extremo ya descartado. En el segundo caso, por los más de 800.000 euros que fueron recibidos por un coronel del Ejército del Aire que ejerció de ayudante de campo y que costeaba con tarjeta gastos de Don Juan Carlos y varios de sus familiares por cuenta del mexicano Allen Sanginés Krause.
