La reforma laboral publicada por el Gobierno en el BOE el 30 de diciembre ya no será la que se someterá a votación para su preceptivo refrendo en el Congreso. Su tenor literal ha aguantado apenas quince días. Los remiendos que el Ejecutivo ha ido introduciendo en el texto original forzarán al Parlamento a votar dos reales decretos en vez de uno: tendrán que convalidar el decreto de diciembre, que se ha reformado con una corrección de errores; y, además, tendrán que convalidar también otro real decreto más sobre la Sareb (el conocido como ‘banco malo’), que el Gobierno aprovechó la semana pasada para colar otros dos remiendos a la reforma laboral. En total, dieciséis cambios con los que «corregir» o «aclarar» el texto que se promulgó en el BOE del pasado 30 de diciembre.
Las prisas que se dio la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para sacar adelante la reforma ha conducido a una larga lista de defectos detectados en el articulado. Y su corrección, ahora, complicará la tramitación parlamentaria, por la existencia de decretos cruzados: la reforma laboral ha sido promulgada con un decreto que exige convalidación parlamentaria, pero a su vez su articulado ha sido remozado con otro decreto, de otra materia (Sareb), que también tiene que ser convalidado en el Congreso. Y todo esto mientras la coalición PSOE-Unidas Podemos se afana por garantizarse apoyos con los que poder sacar adelante la reforma laboral.
En la práctica, las correcciones y aclaraciones introducidas ahora no alteran las condiciones pactadas por el Gobierno con sindicatos y patronal. No cambia el sentido de lo pactado, indican las fuentes jurídicas y sindicales consultadas por ABC. Pero no promulgar esas correcciones sí que podría suponer, en algunos casos, un escollo o discusiones en la aplicación de lo pactado.
Respecto a varias de esas modificaciones, el secretario confederal de UGT, Fernando Luján, afirma que son «muy convenientes» para evitar problemas de interpretación o controversias que sí podían generarse con el texto que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de diciembre y promulgó en el BOE dos días después. Pero este dirigente sindical indica también que «la técnica legislativa que ha seguido el Gobierno es manifiestamente mejorable». Luján hace este reproche a la vista de cómo ha enmendado el Gobierno parte del articulado de la reforma laboral: a través de un real decreto sobre el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
El Gobierno tenía prisa en sacar adelante la reforma laboral. Prometió aprobarla antes del 31 de diciembre, y pisó el acelerador para no saltarse el plazo. La reforma pactada, de limitado alcance práctico, se transcribió al real decreto de forma apresurada. El Consejo de Ministros la despachó el 28 de diciembre, la publicó en el BOE del día 30 y proclamó que no se iba a tocar «ni una coma», que se iba a llevar al Congreso tal cual, para cumplir así con el compromiso que alcanzó con patronal y sindicatos en la mesa de negociación. Pero sí que ha habido cambios, y no pocos, por más que se hayan tratado de correcciones o aclaraciones no contestadas por las partes negociadoras.
Lo intocable, retocado
La coalición de Gobierno ha visto tumbada esa promesa de mantener el texto intacto. Una proclama en la que vienen insistiendo desde que cerraron el pacto con sindicatos y patronal, que también ha insistido en ese condicional para mantener en vigor lo acordado. Eso ha llevado al PSOE a persistir en ese discurso incluso cuando ya estaban cocinando los remiendos. Así, el 14 de enero la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, insistía en que su partido no se planteaba tocar «ni una coma» de la reforma laboral publicada en el BOE el 30 de diciembre. Pero solo cinco días después de esas declaraciones, el 19 de enero, el Boletín Oficial del Estado publicó una «corrección de errores» con catorce rectificaciones. Y en el mismo BOE, se publicó el decreto de la Sareb al que el Consejo de Ministros había dado el visto bueno la víspera y en el que ha colado otros dos remiendos.
El decreto sobre el ‘banco malo’ retoca la reforma laboral en dos materias. Por un lado, añade una coletilla para reforzar la posibilidad legal de saltarse la tasa de reposición que limita la contratación en el sector público, mediante la posibilidad de aprobar tasas específicas para ciertos ámbitos de la Administración y, así, poder incorporar más empleados públicos con contratos indefinidos o fijos-discontinuos.
El otro remiendo de la reforma laboral introducido en el decreto de la Sareb aclara la deficiente redacción que se había dado a otro artículo en el que se habla sobre la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa en ciertas materias.
