El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Plan Anual Normativo (PAN) para 2022. La hoja de ruta del Gobierno para este año contempla la aprobación de 368 normas, de las cuáles 61 están vinculadas con compromisos adquiridos por España con la Comisión Europea. En total se aprobarán 92 leyes, de las que 11 son orgánicas y 81 ordinarias, además de 276 reales decretos. La propuesta legislativa del Gobierno tiene por tanto una clara vocación económica y social, mientras que se aparcan otras relacionadas con la cuestión catalana o la monarquía.
En 2021 ya se cayeron del PAN las reformas de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal que sí se habían incorporado en 2020.
Esa situación se consolida este año. Ha quedado descartado ya desde que el Gobierno concedió los indultos. Tampoco habrá espacio para la reforma del Código Penal en los apartados referentes a la libertad de expresión. Al calor de la condena al rapero Pablo Hasel, el Gobierno anunció que se impulsaría una reforma a través del ministerio de Justicia de los delitos relacionados con la libertad de expresión «para que solo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de una conducta violenta», pero apuntalando además que ese castigo sería mediante «penas disuasorias, pero no privativas de libertad». Ese proyecto se ha guardado en un cajón. Unidas Podemos registró una proposición de ley para despenalizar delitos como el de injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo o el de ofensas a los sentimientos religiosos. Pero no hay acuerdo entre los socios y esa norma se encuentra bloqueada en el trámite de enmiendas parciales en el Congreso de los Diputados.
Hace más de un año el presidente del Gobierno se comprometió con una hoja de ruta de modernización de la Monarquía de la que tampoco se conocen avances. Ni hay programados ninguno en el PAN de 2022. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de coordinar la acción del Gobierno, ha justificado que el foco del Gobierno deje atrás compromisos pasados para centrarse en la recuperación económica: «2022 nos los planteamos como un año muy importante en la recuperación económica de nuestro país (…) Esto son las prioridades y eso hace que hayamos presentado un plan donde hay normas que se contienen y otras que no están en el plan».
Bolaños glosó algunas normas que se van a aprobar como la Ley de Ciencia, la Ley de Industria o una ley para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 5G. También se aprobará una Ley para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Vivienda. Esta última se aprobará probablemente en el próximo Consejo de Ministros y se arrastra del pasado año. El ministro de la Presidencia también se refirió a una Ley contra el racismo y a una Ley del régimen régimen de organización de los municipios de menor población.
Aunque no lo mencionó en su intervención inicial, en el turno de preguntas Bolaños sí confirmó que se incorpora al PAN 2022 la modificación de la ley del aborto que está impulsando Irene Montero. También la ley de familias que prepara Ione Belarra. También en ese contexto de las preguntas confirmó Bolaños que habrá una regulación del compromiso que el PSOE adquirió en su 40 Congreso de abolir la prostitución. Los socialistas hablaron de una norma específica, un extremo al que Bolaños no se comprometió. En la nota de prensa posterior remitida por su ministerio se incluye esta cuestión en la Ley de acción integral contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas, «que abordará especialmente la trata con fines de explotación sexual».
