El PSOE no consigue remontar en las encuestas, una vez pasado el ecuador de la legislatura, lastrado en buena parte por unas políticas del Gobierno de Pedro Sánchez que merecen el rechazo de un porcentaje muy significativo del electorado socialista. Así se refleja en el último barómetro de GAD3 para ABC, en el que nueve de cada diez votantes del PSOE creen falsa la promesa de que cuando acabe este año no se pagará más por la luz que en 2018. Pero no es el único choque que se produce entre una parte del electorado socialista y el Gobierno: más de la mitad de los votantes del PSOE consideran que el castellano está discriminado en la educación en Cataluña, el 39 por ciento sostiene que España no ha ganado peso internacional con Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, el 38 por ciento cree que la reforma laboral que impulsa el Gobierno no servirá para mejorar el empleo en España y el 35 por ciento está convencido de que el indulto parcial a Juana Rivas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 16 de noviembre se hizo con criterios meramente políticos.
La conclusión de las respuestas que dan los electores socialistas, en asuntos clave de la línea política del Gobierno en los últimos meses, explica el desgaste progresivo del PSOE que se observa con más intensidad en esta recta final del año: las políticas que está aplicando Sánchez, junto a Unidas Podemos dentro del Gobierno y con el apoyo de los independentistas y de Bildu en el Congreso de los Diputados, no están encontrando el aplauso de una parte muy relevante del electorado moderado de la izquierda, que mira con recelo el alejamiento del centro de su partido político, y parece más próximo a ese otro Partido Socialista de la vieja guardia, protagonista de la Transición y de la consolidación de la Constitución, como también se observa en este barómetro.
Mil entrevistas
El estudio de GAD3 se realizó entre el 13 y el 16 de diciembre, con un total de 1.003 entrevistas en toda España. En este barómetro hay un apartado especial para la situación del castellano en la educación en Cataluña. El acoso al niño de Canet de Mar porque sus padres pidieron que estudiara un 25 por ciento de asignaturas en castellano, en cumplimiento de la ley, está marcando la actualidad en España, como también lo hace la subida imparable de la tarifa de la luz, o las negociaciones del Gobierno para alcanzar una reforma laboral, que lleva camino de quedarse en ‘reformita’ después de que Sánchez prometiera la derogación completa de la que aprobó Rajoy en 2012 y asumiera finalmente que no tendría sentido tumbarla cuando no deja de aportar datos positivos para el empleo.
Sobre esta nueva reforma laboral, en la que está involucrada de lleno la vicepresidenta Yolanda Díaz, solo el 37,1 por ciento del conjunto de los españoles confían en que sirva para crear empleo de calidad. Prácticamente la mitad, el 49,6 por ciento, están convencidos de que no cumplirá con ese objetivo, pese a las promesas de la vicepresidenta segunda del Gobierno y miembro del Partido Comunista de España (PCE). Díaz dio su palabra de que la reforma estaría aprobada antes de que acabe el año; y, si no es así, se comprometió a rendir cuentas ante el Parlamento.
¿Qué opinan los votantes del PSOE sobre esta reforma laboral de Díaz? A la vista de los resultados del barómetro, no puede hablarse de apoyo cerrado a la vicepresidenta ni de confianza plena en sus promesas, sino de todo lo contrario. Solo el 55 por ciento de los electores socialistas creen que la reforma laboral ayudará a crear empleo de calidad, mientras que un 38 por ciento están totalmente en desacuerdo y consideran que no cumplirá su objetivo. El escepticismo de los votantes del PSOE contrasta con el mayor entusiasmo de los seguidores de Unidas Podemos: el 72 por ciento afirman que la reforma laboral servirá para mejorar el empleo, y solo el 20 por ciento lo dudan.
En el centro-derecha, el recelo es mayoritario. Entre los votantes del Partido Popular, únicamente el 15 por ciento confían en que la reforma de Yolanda Díaz mejore de forma efectiva el empleo en España, mientras que el 74 por ciento no se creen una palabra de las promesas de la vicepresidenta en ese sentido. Entre los electores de Vox, la confianza en los buenos propósitos de la ministra de Trabajo cae hasta el 4 por ciento, frente a un 88 por ciento que desconfían por completo de sus intenciones. En Ciudadanos son algo más cautos: el 38 por ciento creen que la reforma será positiva para el empleo, frente a un 44 por ciento que opinan lo contrario.
Los encuestados también se pronuncian sobre el precio disparado de la luz, que lleva camino de convertirse en uno de los problemas que más pueden desgastar al Gobierno esta legislatura. Y no solo porque la escalada parece no tocar techo, sino porque la hemeroteca es demoledora para Pedro Sánchez, quien se llevó las manos a la cabeza en la oposición cuando la luz subía un 8 por ciento. Entonces llegó a exigir la dimisión del presidente Mariano Rajoy. Eran tiempos en los que Pablo Iglesias, después socio de Gobierno de Sánchez, pedía minutos de silencio en el Congreso por las víctimas de la pobreza energética, ante subidas como esa del 8 por ciento. La realidad es que ahora, a finales de 2021, la tarifa ha subido más de un 500 por ciento desde la llegada de Sánchez a La Moncloa.
A la vuelta del verano, Sánchez lanzó este compromiso concreto: «Al final de 2021 los españoles echarán la vista atrás y verán que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018». Pese al récord de la factura de esta misma semana, Sánchez ratificó su compromiso el pasado jueves en Bruselas. Desde La Moncloa ya trabajan a destajo para dar por cumplida su promesa, como ha podido comprobarse en los últimos días.
Confianza bajo mínimos
¿Pero qué piensan los españoles? A la vista del barómetro, muy poquitos creen que la promesa de Sánchez se cumpla, por mucho que digan desde la maquinaria de La Moncloa:el 92,3 por ciento de los ciudadanos afirman que el precio de la luz no será inferior cuando acabe el año al que tenía en 2018. Solo el 5,1 por ciento tiene fe en lo que dice el presidente del Gobierno.
Entre los votantes del PSOE, el resultado no cambia demasiado. El problema de la subida de la luz refleja, probablemente mejor que ningún otro, la brecha que se ha abierto entre el discurso de La Moncloa y los votantes socialistas. Nueve de cada diez (88 por ciento) muestran su desacuerdo con Sánchez y sostienen que al final de año se habrá pagado el precio de la luz más alto respecto a 2018. Solo el 8 por ciento confían en la palabra del jefe del Ejecutivo en este asunto. Los electores de Unidas Podemos expresan una desconfianza aún mayor:el 93 por ciento creen que se pagará más por luz este año que cuando Sánchez llegó al poder.
En el centro-derecha, el recelo roza la unanimidad: el 99 por ciento de los votantes del PP, el 98 por ciento de los electores de Vox y el 94 por ciento de los de Ciudadanos sostienen que Sánchez no dijo la verdad cuando aseguró que se pagaría menos por la luz este año que en 2018. Curiosamente, los que más creen a Sánchez son los nacionalistas: el 13 por ciento confían en que se cumpla el compromiso del presidente del Gobierno.
La situación del castellano en Cataluña
Los votantes socialistas también enmiendan la plana al discurso oficial del Gobierno de Sánchez en relación con la situación del castellano en Cataluña. El 54 por ciento de los electores del PSOE afirman, en el barómetro de GAD3, que la lengua común de todos los españoles está discriminada en la educación dentro de la comunidad autónoma catalana. Frente a ellos, el 37 por ciento opina que no exista tal discriminación. La opinión de los votantes socialistas es bastante similar a la que tienen el conjunto de los españoles, con independencia del partido al que votaron:el 56,7 por ciento está de acuerdo en que el castellano está discriminado, frente al 32,8 por ciento que no lo ve así.
En el barómetro hay una diferencia abultada entre las respuestas que se dan dentro de Cataluña y las del resto de España. En Cataluña, el 30 por ciento cree que el castellano sí está discriminado, mientras que en el resto de España esa percepción alcanza al 61 por ciento.
La desconfianza de una parte significativa del electorado del PSOE hacia decisiones relevantes del Gobierno se observa en otros asuntos de actualidad, como el indulto parcial de Juana Rivas que aprobó el Consejo de Ministros. Los votantes socialistas están divididos: el 35 por ciento denuncian que se hizo con criterios políticos, frente a otro 35 por ciento que sostienen lo contrario. De nuevo, la percepción de los socialistas es similar a la del conjunto de los españoles: el 39,1 por ciento creen que hubo criterios políticos en ese indulto.
Política internacional
El Gobierno de Sánchez ni siquiera se salva del rechazo de una parte significativa del electorado socialista en el apartado de la política internacional. Casi la mitad de los votantes del PSOE –49 por ciento– creen que España ha ganado peso en el exterior con el actual Ejecutivo, mientras que el 39 por ciento opinan lo contrario y sostienen que la posición internacional no ha mejorado. El conjunto de los ciudadanos entrevistados se muestran pesimistas en este punto:solo el 25,5 por ciento ven más peso de España ahora.
