El portavoz socialista en la Asamblea, Jesús Celada, hizo hincapié en que la «letra pequeña» del acuerdo presupuestario con Vox incluye derogar las leyes leyes Lgtbi o la imposición del veto parental educativo, conocido popularmente como «pin parental».
La portavoz de Más Madrid, Mónica García aprovechó su pregunta a la presidenta madrileña sobre si el Gobierno regional estaba en disposición de escuchar y atender las dificultades de la sociedad madrileña para arremeter contra Díaz Ayuso sobre el mismo asunto. La acusó de «mutilar con alevosía» las leyes legtbi y lamentó lo que, a su juicio, supondría «el primer retroceso de derechos y libertades en décadas», además de un «error de bulto» que, más que, en realidad, «suponen un ataque a los valores de los madrileños». Y en este punto advirtió de que «nos van a tener en frente si tocan una sola como y un solo punto de la ley LGTBI», por si quedaba alguna duda de su frontal oposición. Incluso sacó a relucir las declaraciones de Díaz Ayuso hace unos años en las que ésta defendía la necesidad de las leyes LGTBI habida cuenta de que hay gente que «no vive en plenitud y libertad a causa de prejuicios ajenos».
Pero la presidenta regional no está dispuesta a dar marcha atrás en los argumentos que ha venido defendiendo sobre las leyes LGTBI. Ya lo ha dicho en varias ocasiones y ayer lo repitió con contundencia para dejar claro que no dará un paso atrás en su idea de mantener las leyes LGTBI, aunque con algunas modificaciones. Por eso pidió a la izquierda que «dejen de colectivizar a homosexuales y transexuales».
Por si quedara alguna duda sobre cual va a ser la postura de los populares en el pleno de la semana que viene, Ayuso dejó meridianamente claro que el PP no apoyará la pretensión de Vox de derogar las vigentes. El próximo jueves, de hecho, se votará la toma en consideración de la Ley de Igualdad que ha llevado a la Cámara de Vallecas la formación de Rocío Monasterio que necesitaría el apoyo de los populares para continuar su tramitación. «No vamos a derogar ninguna ley Lgtbi, no van a tener motivos para ir a las pancartas como tanto les gusta; dejen de colectivizar a homosexuales y transexuales», sentenció Ayuso.
La presidenta regional mantiene la idea inicial de mejorar tan solo algunos aspectos de la normativa vigente de dudosa legalidad o que podrían contravenir algunos preceptos constitucionales. De hecho, Ayuso ya habría comunicado a Vox su postura y su voluntad de suprimir la inversión de la carga de la prueba de tal manera que, según la ley vigente, una persona acusada de homofobia tiene que demostrar que no ha sido así. De hecho, desde el primer momento, el asunto se desligó del acuerdo presupuestario de 2022 porque «son leyes que representan a mucha gente», aseguran desde el Gobierno de Díaz Ayuso.
Sin embargo, Díaz Ayuso defendió el derecho a modificar las leyes vigentes. «Por supuesto que las leyes se derogan y se modifican Estamos en democracia (…) Estos parlamentarios tenemos derecho a reformar leyes e incluso a derogarlas y seguir con nuestras mayorías parlamentarias trabajando como creemos que es mejor», sentenció.
La Plataforma Trans, sin embargo, urgió al Gobierno a acelerar los trámites de la ley trans y por la igualdad del colectivo LGTBI para «frenar los discursos de odio» ante lo que considera la «amenaza terrible» de lo que podría suponer, a su juicio, una «mutilación» de las normas por parte del Ejecutivo autonómico.
Considera que, de salir adelante la ley impulsada por Vox, sería «un precedente y una amenaza terrible para otras comunidades autónomas que también disponen de leyes similares.
