La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado las pruebas que solicitaba la defensa del comisario José Manuel Villarejo para intentar tumbar en el juicio la acusación por cohecho acreditando que sus encargos para particulares y por los que facturaba ingentes cantidades de dinero sólo eran una tapadera autorizada de sus auténticos servicios para el Centro Nacional de Inteligencia. En un auto notificado este viernes, descarta además suspender el juicio y reafirma que es competente para llevarlo a cabo.
Un ejemplo claro de ese intento fue la aportación in extremis de una noticia que, iniciado el juicio, refería la existencia de unos supuestos correos electrónicos que revelarían la intermediación del CNI en el proyecto King, aquel por el que Villarejo presupuestó 5 millones de euros a unos ecuatoguineanos y que dio origen a toda la causa contra él en la Audiencia Nacional a partir de los indicios de cohecho y blanqueo internacional.
Esos correos estaban ya en poder del abogado del comisario por lo que el tribunal descarta la argucia de que se puedan introducir como revelación inesperada: «Eran perfectamente conocidos por la defensa».
«Basta comprobar la fecha de las informaciones y de los correos, para ver que no se trata de revelaciones o retractaciones inesperadas, que además no han acontecido en el seno del proceso sino que han sido traídas al mismo por una de las defensas», dice la resolución. Y añade: «Ni se trata de nuevos elementos de prueba, ni lo que se pretende acreditar con ello es novedoso, ya que entre cosas, como ha indicado el Ministerio Fiscal, no se pone en duda la relación que el acusado Sr. Villarejo haya podido tener con el CNI».
Mismo destino ha tenido su petición de que testifiquen una batería de miembros y ex miembros del Gobierno, fiscales, magistrados y altos cargos, incluido el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán o la que lo fue del CITCO, Esperanza Casteleiro; o periodistas, incluida Ana Rosa Quintana, mujer de uno de los acusados. La Sala no lo ve procedente porque se aparta del objeto de enjuiciamiento: un encargo para un despacho de abogados, otro para una familia adinerada y un tercero para unos amigos empresarios de Villarejo.
Tampoco le da la razón en la necesidad de practicar una pericial de todos los audios intervenidos en las entradas y registros para contrastar su «autenticidad e integridad». Se considera que no procede.
Descarta imputados pero autoriza a Olivera, procesado
Sí admite, por contra, que desfilen por el plenario los jefes policiales que tuvo el comisario y no están imputados en otras piezas de la causa: Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado y Florentino Villalbona. De investigados como Eugenio Pino, rechaza la propuesta porque entiende que el día de mañana podrán acabar sentados en el banquillo ante el mismo tribunal y sin obligación a declarar contra sí mismos, «posición esta contrapuesta a la que ostentarían ahora en el juicio si se admitieran como testigos con la consiguiente obligación de decir verdad bajo juramento».
Llama la atención este punto porque a renglón seguido, detalla la lista de testigos que sí se admiten y figura el comisario José Luis Olivera, que ha sido procesado en la pieza separada del caso Villarejo sobre la operación Kitchen y que puede, así, acabar llegando a juicio como el resto de esos investigados a los que la Sala declina llamar.
Esa lista incluye al funcionario Miguel Ángel Bayo, que controlaba los fondos reservados en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (DAO), al comisario anterior responsable de la Policía Judicial, Eloy Quirós; al comisario Jefe de Asuntos Internos Francisco Migueláñez y al ex jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el coronel Manuel Sánchez Corbí. Se suma la testifical de Alejandra Fernández Chico, hija del difunto DAO Miguel Ángel Fernández Chico y que trabajó para las empresas de Villarejo. Es, como avanzó este diario, una testigo clave para la defensa de Rafael Redondo, abogado de esas empresas.
En cuanto a los documentos que se pretenden introducir en la vista, la Sala incide en que «se detecta de manera inmediata que algunas defensas, principalmente la del acusado Sr. Villarejo, han llevado a cabo una desmesurada petición de aportación documental, distinta de la ya solicitada en los respectivos escritos de acusación, obviando con tal forma de proceder la regla general de que la prueba que se proponga en el acto de juicio deberá aportarse por quien la propone».
Se refiere a la reclamación de incorporar otras piezas de la causa por ejemplo y que «el tribunal no puede admitir» de manera «indiscriminada». Acepta documentación de la pieza principal y en concreto, del inicio del caso Villarejo, como también los informes de volcado de material intervenido y custodia de la prueba, asunto por el que prácticamente todas las defensas pedían la nulidad y del que el tribunal se pronunciará en la sentencia una vez se analice todo en la vista oral.
