Aragón, Galicia, las dos Castillas, Extremadura, Cantabria, La Rioja y Asturias le reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que el nuevo modelo de financiación autonómica se fragüe a través de un acuerdo entre todos los territorios y que no caiga en la tentación de acordarlo a través de pactos bilaterales. Es una de las reclamaciones que se incluyen en la declaración institucional que han pactado este martes en Santiago de Compostela los presidentes de estas ocho comunidades, convocados por el gallego Alberto Núñez Feijóo, y que materializan las necesidades y demandas de la denominada ‘España vacía’, esa que padece el goteo constante de pérdida de población y el envejecimiento de la que decide permanecer. Ocho territorios, casi el 62% de la superficie de España pero apenas el 24% de su población.
El texto ha sido rubricado por los ocho mandatarios tras una reunión que se ha prolongado por espacio de dos horas en la capital gallega, y ha puesto de acuerdo a gobiernos del PSOE y el PP, además del regionalista Miguel Ángel Revilla. La declaración considera que hay «legítimos espacios bilaterales entre el Gobierno Central y cada Comunidad», pero al margen del debate de la financiación. «Reivindicamos que el nuevo sistema solo puede ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera», recoge el texto, «en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las Administraciones afectadas».
«El modelo resultante de las negociaciones deberá respetar la igualdad de todos los españoles protegida por la Constitución», subraya la declaración en su parte inicial, «así como rechazar privilegios económicos o sociales», de acuerdo al artículo 138 de la Carta Magna. No se cita a nadie pero parecen claros los destinatarios, más allá de que ningún privilegio económico es mayor que el siempre controvertido concierto vasco y navarro.
Las ocho comunidades han querido evitar que su cierre de filas se entienda como un frente contra nadie, y por eso transmiten «nuestro absoluto respeto» a las regiones «con intereses diferentes a los que defendemos en esta materia». El texto ha suavizado algunas referencias existentes en un borrador inicial, en el que por ejemplo se reclamaba la creación de mecanismos para que las Autonomías «asumieran plena responsabilidad» de las caídas o incrementos en la recaudación «como consecuencia del ejercicio de su capacidad normativa». Es decir, que si alguien quiere jugar a subir o bajar impuestos y eso merma sus cuentas, no es un problema que el modelo de financiación deba cubrir. Este apartado ha desaparecido, muy probablemente por las fisuras que crearía, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid. No obstante, sí se mantiene en la declaración aprobada una referencia a «la responsabilidad de las autonomías en el ejercicio de su capacidad normativa».
Los firmantes —Javier Lambán, Alberto Núñez Feijóo, Emiliano García-Page, Concha Andreu, Alfonso Rodríguez Mañueco, Miguel Ángel Revilla, Adrián Barbón y Guillermo Fernández Vara— reclaman que el nuevo sistema «debe tener como objetivo inexcusable que todas podamos prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios». Para ello, se defiende «la creación de un catálogo de servicios, cuya financiación esté asegurada a través de los recursos que el sistema atribuye a las Comunidades Autónomas». En esencia, ese catálogo atendería a las necesidades de educación, sanidad y servicios sociales, pero atendiendo a «los factores determinantes» que se aplican sobre ellos: envejecimiento y dispersión.
En este punto, los presidentes han acordado que «la sanidad pública y su dinámica de crecimiento de gasto, aún más intensificada con la pandemia todavía vigente, debe ser objeto de un análisis especial en la próxima negociación», y plantean que se valore «de forma adecuada» el impacto que en los sistemas sanitarios tienen las distintas franjas de edad. No tiene las mismas necesidades un adolescente o un adulto en la cuarentena que una persona que supera los setenta. De ahí que soliciten crear «nuevos tramos» para ponderar los efectos de los mayores de 65, y especialmente los mayores de 85. Para esta última horquilla también se reclama un reconocimiento expreso en los fondos que se dediquen a la Ley de Dependencia.
El documento, con 35 puntos, demanda también al Ejecutivo «la creación de un fondo específico con carácter estatal para paliar las desventajas de las zonas con desafíos demográficos provocados, entre otros motivos, por la caída de la natalidad y el envejecimiento de la población».
Entre otras cláusulas, los firmantes reclaman que la nueva financiación no suponga menos recursos para ninguna Comunidad, que las decisiones del Estado que afecten a la caja autonómica sean compensadas, que se «potencie» el Fondo de Compensación Interterritorial reformando sus «elementos configuradores» y que «se aborde la necesaria reforma de la financiación local».
