La Ley de Memoria Democrática estaba llamada a ser una de las iniciativas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez. Tras la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, la norma, pilotada por la entonces vicepresidenta primera Carmen Calvo tenía la vocación de ir más allá de la legislación que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
Sin embargo, la ambición que prometía Moncloa pronto chocó con las familias de las víctimas, que no vieron totalmente colmadas sus expectativas, así como con algunos socios de legislatura. En concreto, Esquerra ha echado un pulso al Ejecutivo en este ámbito, presentando, incluso, una enmienda a la totalidad a la norma. PNV y Bildu se muestran más cautos, pero también aprovecharán para intentar sacar rédito de la negociación.
El Gobierno deberá afanarse en el proceso, como casi siempre que sus aliados parlamentarios se ocupan de poner de relieve su debilidad parlamentaria, y en pleno afán, los partidos independentistas aprovecharon ayer su impacto en la aritmética para lanzar una nueva ofensiva a la Monarquía. Vía enmienda a la citada ley, exigieron la supresión del título de Rey de España «así como todos los privilegios y prerrogativas personales y familiares que del mismo se derivan», apoyándose en un artículo de la propia Ley de Memoria.
Para estos partidos deben retirarse reconocimientos, honores y distinciones «que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista», según reza el documento. Por el momento, Unidas Podemos no se ha unido a esta entente, en la que sí se ha embarcado en el pasado para impulsar comisiones de investigación sobre la figura del rey Don Juan Carlos. La postura del Gobierno en este sentido es nítida: un blindaje a la figura de Felipe VI y salvaguarda de la institución. No valoran atender estas demandas que encuadran en la liturgia habitual de los soberanistas.
Si bien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha endurecido en los últimos tiempos su discurso público respecto al anterior jefe del Ejecutivo, calificando de «preocupantes» las noticias sobre sus causas abiertas con la Justicia o defendiendo, hace escasamente un mes, la «conveniencia» de que «diera explicaciones» a los españoles sobre estos escándalos, lo cierto es que el compromiso del presidente con la institución es absoluto.
Zarzuela y Moncloa trabajan desde hace meses para materializar la voluntad de dotar de mayor transparencia y ejemplaridad a la Monarquía. Desterrada una Ley de la Corona, que en Moncloa descartan por su complejidad política y jurídica, las posibilidades que se barajan abarcan, entre otras cuestiones, una reforma en la ley de Presupuestos para establecer un mayor control sobre las cuentas de la Casa Real, de manera que se arrojara luz sobre algunos gastos que a día de hoy no pueden ser controlados por las Cortes.
En todo caso, desde el Ejecutivo sí avanzan que habrá «gestos» de Zarzuela en sus «normas internas». «Quizá no serán todo lo ambiciosos que cabría esperar, pero sí serán una muestra del compromiso y el rumbo con que quiere dirigirse la Jefatura del Estado, hacia una Monarquía del siglo XXI», aseguran las citadas fuentes. Otro de los aspectos sobre los que el propio Sánchez se ha mostrado dispuesto a avanzar es la revisión de la inviolabilidad del Rey y circunscribirla únicamente a su ámbito de actuación como jefe de Estado. En todo caso, más allá de la opinión del Gobierno, el hecho de que cualquier movimiento sea pactado con Zarzuela deja a Felipe VI la última palabra y el máximo margen de maniobra.
Horizonte judicial
Además de la iniciativa, también es la Casa Real quien marcará los tiempos, reconociendo que los de Palacio no obedecen ni a los políticos ni a los mediáticos. En este sentido, sí se avanza que un hito a superar es la resolución del horizonte judicial de Don Juan Carlos, que se espera para mediados de diciembre. No quieren que cualquier iniciativa se vea contaminada por esta circunstancia, sino que sea percibida como un ejercicio sincero de dotar de mayor transparencia y ejemplaridad a la institución, adecuándola a las exigencias actuales.
