Cambio de alianzas en la Mesa del Congreso por el caso de Alberto Rodríguez. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, y los otros dos representantes socialistas, el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y la secretaria segunda, Sofía Hernanz, han unido fuerzas esta mañana con PP y Vox para rechazar el suplicatorio en el que Unidas Podemos pedía que se le devuelva el escaño a su exdiputado Alberto Rodríguez, condenado por agredir a un policía.
Es la primera votación sobre este caso en la que PSOE rompe con su aliado de gobierno ya que la semana pasada los morados sacaron la cuestión en la reunión de la Mesa del Congreso para protestar contra la decisión de Batet de ejecutar la inhabilitación de Rodríguez pero no existió votación. La semana anterior, en cambio, los socialistas se posicionaron junto a las tesis de Unidas Podemos y en contra de la inhabilitación de Rodríguez en las dos votaciones que tuvieron lugar en la Mesa: la del martes 19 y la del jueves 21.
Unidas Podemos era plenamente consciente de que este escrito no progresaría pero quería mantener la presión sobre Batet y retratar su cambio de posición en una votación.
Hoy los morados solicitaban que «se deje sin efecto» la decisión de Batet de privar del escaño a su exnúmero tres, «se reconozca que la competencia para decidir los efectos parlamentarios» de la sentencia del Tribunal Supremo «corresponde a la Mesa» y se reenvíe el caso a ésta para que dicte una nueva resolución.
Además de contar con el rechazo de los socialistas, los morados se han dado de bruces con el informe jurídico del secretario general del Congreso y letrado mayor, Carlos Gutiérrez Vicén, quien ha defendido que tanto la sentencia del Supremo, como su auto de ejecución y los demás escritos remitidos por el Alto Tribunal nunca se han dirigido a la Mesa sino a la presidenta para que ésta proceda a su ejecución al ser su competencia únicamente de ella.
En este sentido, ha enmarcado «los pronunciamientos previos de la Mesa» en los escritos que elevaron PP, Vox, Ciudadanos y otros partidos conservadores reclamando la inhabilitación inmediata de Rodríguez «sin que de ello quepa inferir una competencia de la Mesa para decidir en relación con el asunto de fondo, que no es otro que dar cumplimiento a una Resolución judicial, lo que le corresponde hacer a la Presidencia de la Cámara». Por último, ha recordado que «no existe ninguna vía reglamentaria para que por la Mesa se revisen las decisiones de la Presidencia».
