Piden a Borrell que envíe observadores a la marcha del 15-N ante «las amenazas del régimen cubano»

Cuando quedan dos semanas para la celebración de la Marcha cívica por el cambio, convocada para el 15 de noviembre en varias ciudades de Cuba por el grupo Archipiélago -y apoyada por otras plataformas como el 27-N y el Movimiento San Isidro (MSI)-, la preocupación por la represión que pueda ejercer el Gobierno de Miguel Díaz-Canel sobre los cubanos que salgan a la calle ese día aumenta. Especialmente después de las miles de detenciones tras las manifestaciones del 11 de julio pasado (algunos cubanos se enfrentan a penas de cárcel de hasta 25 años); y a la vista de su respuesta ante el anuncio de estas nuevas movilizaciones pacíficas, cuyos organizadores, Yunior García (miembro también del 27-N) y Fernando Almeyda, han sido interrogados en los últimos días. A ambos se ha alertado desde la Fiscalía de las consecuencias legales que afrontarán quienes participen en estas manifestaciones, que han sido calificadas de «ilícitas» por el gobierno -y por Díaz-Canel de «provocación– , que intentó amedrentarlas con la militarización de la isla durante la fecha de su convocatoria inicial, el 20 de noviembre. Algo que no sucedió, pues los organizadores decidieron adelantarlas al 15 de noviembre.

Algunas de las personas que han mostrado su apoyo a esta convocatoria ya han sufrido la represión al ser expulsados de sus trabajos, como el profesor universitario David Martínez. Ante esto, y después de la represión que sufrieron miles de cubanos que salieron de manera espontánea a las calles de Cuba el pasado 11 de julio, en unas movilizaciones históricas, no vistas en la isla en las últimas décadas, son muchos los que han mostrado su preocupación por lo que puede suceder el próximo 15-N.

Dar visibilidad internacional a la marcha

Los mismos miembros del grupo Archipiélago han solicitado de manera encarecida que se diera visibilidad a la marcha a nivel internacional con el fin de que esto pueda protegerlos, según declaraciones realizadas a ABC tanto por Yunior García como por otros miembros que prefieren guardar el anonimato.

A esta preocupación se han sumado varios eurodiputados que han decido enviar una carta -a la que ha tenido acceso ABC- al Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, en la que le piden «que garantice la presencia de representantes de la delegación de la UE como observadores durante esta manifestación en las capitales de provincia más importantes como La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. Creemos que es necesario observar lo que va a ocurrir, dado el riesgo de escalada de violencia», señala la misiva firmada por los europarlamentarios Tilly Metz, miembro de Los Verdes; Javier Nart, del grupo Renew Europe y vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los países de Centroamérica, y Jens Gieseke, del Partido Popular Europeo.

«Creemos que es necesario observar lo que va a ocurrir, dado el riesgo de escalada de violencia», señala la carta enviada por eurodiputados de varios grupos políticos, a Josep Borrell

En ella, recuerdan a Borrell que el apoyo a la sociedad civil es uno de los puntos que condicionaron el apoyo que el Parlamento Europeo dio al Acuerdo de diálogo político y cooperación UE-Cuba en su resolución del 5 de julio de 2017. En el apartado 7 de esta resolución, los eurodiputados «piden a la Unión que apoye la visión del Parlamento sobre la democracia, los derechos humanos universales y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de reunión y de asociación política, la libertad de información en todas sus formas, y su «política global de apoyo a los defensores de los defensores de los derechos humanos» a lo largo de este diálogo», señala el texto, fechado el 20 de octubre.

La vicepresidenta del PE para Asuntos de América Latina y eurodiputada de Renew Europe, Dita Charanzová, ha mostrado también su preocupación sobre lo que pueda suceder el próximo 15 de noviembre. «El pueblo cubano quiere un cambio y tiene todo el derecho a pedirlo de forma pacífica. Los derechos humanos y la inclusión de la sociedad civil son el núcleo del Acuerdo UE-Cuba. Es nuestro deber velar por que se respeten, el 15 de noviembre y siempre», señaló en un comunicado de Renew Europe este jueves. Un día más tarde, en su cuenta de Twitter, Charanzová subrayó que en un momento como el 15-N «Europa tiene que estar con los cubanos».

Algunas ONG, como Human Rights Watch (HRW), también han expresado la necesidad de que otros organismos internacionales, como la ONU, muestren públicamente su apoyo a la marcha cívica del 15-N: «Los gobiernos que tienen presencia diplomática en Cuba, que interactúan con su gobierno, deberían defender públicamente el derecho a la protesta pacífica. E incluso más. Yo espero que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que finalmente se pronunció sobre la situación en Cuba e hizo un llamamiento a la protesta pacífica, cinco días después del 11-J, intervenga pronto y haga algún pronunciamiento exigiendo al Gobierno cubano que respete el derecho a la protesta pacífica», declaraba hace unos días José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW, durante una entrevista con ABC.