El Gobierno recula tras comunicar a Bruselas un ambicioso cambio regulatorio para implantar peajes en todas las autovías y autopistas en 2024. El Ejecutivo salió ayer al paso del torrente de críticas recibido dejando caer que la tarificación de la red viaria todavía está en estudio y tendría «un coste cercano» al céntimo por kilómetro. Una propuesta que dejaría el viaje en coche entre Madrid y Barcelona en poco más de 6 euros.
Con esta propuesta, que está en una fase inicial de estudio según fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ejecutivo pretende desmarcarse de las grandres constructoras y concesionarias. La patronal del sector, Seopan, planteó el año pasado una alternativa mucho más elevada, que pasaría por una tasa de 9 céntimos por kilómetros para los particulares y 19 céntimos para los transportistas, basándose en los precios de Europa.
El Gobierno descarta por el momento esos precios y aboga por un peaje «blando» que además estaría complementado con descuentos y bonificaciones. Todo ello después del torrente de críticas recibidas ayer por parte tanto del tejido productivo como de los partidos políticos. Incluso socios de gobierno como Unidas Podemos se han opuesto a la medida recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha remitido a Bruselas. «Es un impuesto a las clases medias», denunció ayer la formación morada en declaraciones a ‘Europa Press’.
Varios miembros del Gobierno intentaron calmar los ánimos, e incluso la ministra portavoz, María Jesús Montero, salió al paso de las críticas asegurando que los peajes solo se implantarán «cuando la recuperación sea una realidad», dejando en el aire el plazo de tres años que ha prometido el Ejecutivo a Bruselas. También existen dudas respecto a los afectados por la medida. El Ejecutivo asegura que no afectaría a los profesionales del transporte por carretera, aunque en el plan de recuperación menciona explícitamente que estos peajes serán «asumidos por los cargadores».
La Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) ha advertido de que esta propuesta «encarecería el precio de todos los productos y dificultaría la exportación» y no serviría para reducir para cumplir la premisa de ‘quien contamina, paga’ (uno de los objetivos del Ejecutivo), porque el sector únicamente representa el 5% de las emisiones.
La oposición de Ana Pastor
El Gobierno era consciente de que iba a recibir un aluvión de críticas por plantear esta medida. Así lo recoge en el documento transmitido a Bruselas, donnde menciona la necesidad de elaborar una «campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida, orientada a sensibilizar tanto a los transportistas y a la población en general de la necesidad de la reforma».
También destaca la necesidad de alcanzar un «consenso» con partidos políticos y profesionales del sector del transporte respecto a esta política. Un consenso que por ahora brilla por su ausencia. Desde la CETM explican a ABC que «el asunto ni siquiera se ha planteado con el Ejecutivo». Tal y como recordó este periódico, el Ejecutivo se comprometió el verano pasado con el sector a no imponer ninguna tasa sin su aprobación.
Los peajes en autovías son una constante en el resto de Europa. En España, esta opción ya ha sido abordada por el Gobierno en el pasado. Incluso fue planteada durante la anterior crisis económica, debido a la presión de constructoras y la necesidad de consolidación fiscal. La entonces ministra de Fomento, la popular Ana Pastor, zanjó el debate en 2014 y descartó estos peajes por el impacto que tendría en la movilidad y en la economía de los hogares. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo ha apostado por un ambicioso modelo de transición ecológica para reducir las emisiones y pretende, además de tarificar toda la red de alta capacidad, imponer un nuevo impuesto a los billetes de avión.
