A Joaquín Marco se le vino el mundo encima el día que le dijeron que tenía que exterminar de manera fulminante los 92.700 visones de su granja de La Puebla de Valverde (Teruel), una pequeña empresa con 30 años de historia. La orden la dictó el Gobierno aragonés. Fue «un drama en todos los sentidos», recuerda. Pero no podía imaginar que el sacrificio masivo de toda su granja iba a ser solo el principio de una prolongada ruina, víctima de la morosidad de la Administración: casi un año después, siguen sin haberle abonado ni un céntimo de la multimillonaria indemnización que le debe el Ejecutivo autonómico que preside el socialista Javier Lambán.
El Gobierno aragonés fue el que decidió y ordenó que esos 92.700 visones tenían que ser sacrificados de forma fulminante. Se habían detectado varios casos de Covid entre los trabajadores de Secapiel, como se llama la empresa. Todos los trabajadores contagiados eran asintomáticos, pero se comprobó que el virus también corría entre los visones. La Sanidad autonómica consideró que lo mejor era exterminar todos los animales, lo que se llevó por delante la granja al completo, una inversión de años y el pan de 14 familias que dependían del trabajo que daba la granja.
El sacrificio de los 92.700 visones se ejecutó en julio. Para entonces ya hacía tiempo que el expediente estaba abierto en la Administración autonómica. Pero pasaron las semanas, han pasado los meses y, a estas alturas, casi un año después, la indemnización sigue sin aparecer. El empresario afectado lamenta que si su granja hubiera estado en otro país europeo, como Holanda o Dinamarca, hace meses que hubiera cobrado y hubiera vuelto a trabajar. En esos países también decidieron sacrificar visones y hace tiempo que han pagado a los damnificados.
«Situación desesperada»
«Todavía no hemos cobrado ni un solo euro, y lo que es peor y más desespera es que este año 2021 ya está perdido, y tememos que el próximo año se pierda también», explica el granjero Joaquín Marco. Harto de esperar y de sentirse olvidado y abandonado por quienes tienen la obligación de indemnizarles, el empresario ha decidido hacer público su caso. Esperaba la indemnización para poner de nuevo en funcionamiento la granja.
Como el ciclo del visón es anual, calcula que tendrán que pasar dos o tres años hasta que su granja vuelva a estar al mismo rendimiento que la que perdió. Pero si no cobra pronto, todo se habrá perdido para siempre. Cada mes que pasa, el problema se multiplica. «Para tener una granja como la que teníamos a pleno rendimiento hacen falta muchos años de trabajo, por cuestiones de selección genética y otros factores», destaca.
«Estamos en una situación desesperada», confiesa este granjero. «Si no llega la indemnización que nos corresponde, no podemos continuar o iniciar una nueva actividad que permita volver a generar riqueza y trabajo en esta zona», en uno de los territorios aragoneses más azotados por la despoblación rural.
Catorce empleos perdidos
Joaquín Marco recuerda que, en julio del año pasado, cuando el Gobierno aragonés ordenó el sacrificio de sus 92.700 visones, «tuvimos que aceptarlo y en todo momento colaboramos con la administración, hicimos los trabajos de sacrificio, de desinfección.., todo lo que nos pidieron y en el menor tiempo posible». Además del revés que suponía perder la actividad de su granja, el empresario costeó todos esos trabajos, así como el despido de los 14 trabajadores de los que tuvo que prescindir. Era un coste que el granjero tuvo que desembolsar por adelantado, a la espera de que en un tiempo la Administración le resarciera con la correspondiente indemnización. Pero el dinero no llega.
Está económicamente maniatado, porque el perjuicio que ocasionó todo aquello dejó a la empresa sin fondos. Al no cobrar de la Administración autonómica, «estamos en una situación de bloqueo, sin poder planificar el futuro, y tampoco es posible iniciar una nueva actividad, porque el cierre de la explotación nos ha dejado totalmente descapitalizados».
La situación contrasta con lo que han hecho en países como Holanda, donde en verano del año pasado sacrificaron los visones de 640 granjas, y en diciembre ya habían cobrado las indemnizaciones, explica Joaquín Marco. «O en Dinamarca, donde las 1.600 granjas ya han recibido casi 2.500 millones de euros, equivalente al 50% de la indemnización que les corresponde».
«¿Por qué en España no se procede de la misma forma? ¿Cómo pretenden los responsables políticos reactivar la economía?», se lamenta este granjero turolense. Si el Gobierno aragonés no le paga pronto la indemnización que debe, la empresa puede perderse definitivamente para siempre. «Si no llega pronto, será demasiado tarde, no servirá para nada y se destruirá una pequeña empresa, sus puestos de trabajo y todo lo que esto supone en una zona rural de la España vaciada», critica Joaquín Marco.
