La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció ayer que el Gobierno asumirá las competencias en Cataluña para vacunar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es la única comunidad que no está cumpliendo la estrategia acordada en el Consejo Interterritorial de Salud que calificó a policías y guardias civiles como trabajadores esenciales. Los sindicatos y asociaciones policiales llevan desde marzo denunciado ese incumplimiento, que Cataluña niega y atribuye a un cambio de criterio. El SUP y la AUGC pidieron amparo al Gobierno y al Ministerio del Interior.
Tras el anuncio de Darias y el reconocimiento del fracaso, como admitió la ministra, el SUP ha calificado de «vergonzoso el uso político de un asunto tan serio como la vacunación de funcionarios» que están en primera línea de atención al ciudadano. Dicen que la Policía Nacional estará al lado de los ciudadanos y lo que está haciendo esa comunidad debe causar «alarma y preocupación». El ejecutivo catalán está discriminando a los agentes, «marcando la diferenciación entre policías de primera y de segunda».
Recuerda el sindicato que en ninguna otra comunidad autónoma se ha incumplido la vacunación de personal esencial de una manera tan grave. Los datos son elocuentes. En el resto de España el porcentaje de agentes ya inoculados ronda el 80 por ciento. En Cataluña solo uno de cada tres ha recibido la vacuna, aunque otras cifras apuntan a que no superan el 15 por ciento.
Tanto este sindicato como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que fueron de la mano en su reclamación al Gobierno, celebran el paso dado por Sanidad, aunque dicen que llega «tarde y mal». Y que se ha puesto durante este tiempo en riesgo la vida tanto de policías y guardias civiles como de los ciudadanos, por lo que exigen respuestas.
AUGC, en un comunicado, habla de clara «discriminación» de guardias civiles y policías nacionales a la hora de ser vacunados en Cataluña, tras el reconocimiento de Darias.
«Hay que recordar que, recientemente, AUGC, conjuntamente con el SUP, se dirigió formalmente al Ministerio de Sanidad, tras comprobar que tanto el Ministerio de Interior y las direcciones de ambos cuerpos, hacían oídos sordos a sus peticiones, sin que pareciera importarles lo más mínimo la salud de un colectivo tan relevante y numeroso como es el de los guardias civiles y policías nacionales», señalan.
En su escrito, ambas organizaciones denunciaban la marginación que están sufriendo los guardias civiles y policías en Cataluña, donde se les aparta del proceso de vacunación mientras se ha vacunado «prácticamente a la totalidad de los policías locales y autonómicos. Todo ello ante el silencio cómplice del Ministerio de Interior que prefiere no asumir responsabilidades, permitiendo, ante la descentralización sanitaria en la gestión de la pandemia, un trato desigual de las FCSE».
Darias no ha concretado cómo se va a realizar esta vacunación que asume el Gobierno, pero le advierten de que vigilarán de cerca el proceso para que se cumpla de inmediato. Tanto policías como guardias civiles se sienten agraviados, una vez más, en Cataluña. «Lo he pedido por activa y por pasiva y no puedo esperar más», señaló la ministra en su comparecencia en el Senado. La respuesta que obtuvo de la senadora de ERC Mirella Cortès fue lamentar que le diera «mucha importancia» a este retraso injustificado y le advirtió que el Ministerio al tomar las riendas «se salta el protocolo de vacunación en Cataluña».
