El Constitucional alemán permite la ratificación del Fondo de Reconstrucción europeo

El último paso para la ratificación por parte de Alemania del Fondo de Reconstrucción Europeo ya es posible y todo apunta a que se producirá con celeridadad. Después de que el parlamento alemán diese su aprobación, el presidente federal Frank-Walter Steinmeier podrá estampar su firma sobre la ley después de que el Tribunal Constitucional alemán haya levantado hoy la suspensión cautelar que impedía esa firma. Los jueces de la Segunda Sala del tribunal de Karlsrue han resuelto por completo el recurso y señalan que no tienen todavía total constancia de que la querella principal sea «evidentemente infundada», pero sí han considerado que la demanda «tras un examen sumario», no se puede determinar una alta probabilidad violación constitucional. El Tribulnal Constitucional no ha anunciado todavía cuando tomará la decisión definitiva, pero el levantamiento de la suspensión cautelar permite que el fondo de 750.000 millones para promover el desarrollo económico en la UE después de la pandemia siga su curso.

El Bundestag aprobó la emisión de deuda conjunta de los países de la UE para dotar el Fondo de Reconstrucción el pasado 25 de marzo con una mayoría de dos tercios, seguido por el Bundesrat un día después. Pero ese mismo día, fueron presentadas ante el Constitucional una solicitud urgente de suspensión cautelar y una denuncia por parte de un grupo de académicos y economistas alemanes encabezados por el fundador del partido ultraderechista y antieuropeo Alternativa para Alemania (AfD), Bernd Lucke, que defienden que la emisión conjunta de deuda con otros países europeos viola la ley fundamental alemana. La demanda había sido firmada además por 2.281 ciudadanos que respaldan la iniciativa «Bündnis Bürgerwille», que hace campaña contra el Fondo de Reconstrucción.

El hecho de que esté basado en un mecanismo sin precedentes de deuda común de todos los Estados miembros y el que una parte del dinero se transferirá en forma de subvenciones (312,500 millones de euros), entendidas como ayudas a fondo perdido, justifica según los demandantes su reprobación constitucional. Alegan que las leyes alemanas prohíben al país compartir el peso de la deuda con otros Estados. Según el texto de la demanda, ven en ello una política de «transferencia financiera inaceptable» de «países supuestamente virtuosos en sus presupuestos», hacia países negligentes. Invocan además los Tratados Europeos y no consideran que pueda ser aplicado artículo 122, que recoge que un Estado miembro puede recibir ayuda financiera de la Unión «bajo ciertas condiciones» en caso de desastres naturales o eventos extraordinarios.

La puesta en marcha del Fondo de Reconstrucción y los primeros desembolsos solo pueden producirse después de que los 27 estados de la UE hayan ratificado la constitución del fondo, de manera que la Comisión Europea pueda comenzar a obtener préstamos y realizar pagos. El paquete de ayuda acordado en el verano de 2020 comprende de alrededor de 1,8 billones de euros hasta finales de 2027.