El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado al Gabinete Técnico del órgano un informe para valorar el alcance de la reforma exprés que se aprobó definitivamente ayer y que le impide hacer nombramientos mientras esté en funciones, según ha podido saber ABC. Cuando ese informe esté listo, los vocales tienen previsto estudiarlo en un Pleno convocado para el próximo 22 de abril. Entonces decidirán qué harán.
El movimiento del Consejo se produce en paralelo a un comunicado difundido al filo del mediodía por tres asociaciones judiciales (todas, salvo Jueces para la Democracia) que piden al órgano que reaccione ante la limitación de sus competencias. «Instamos al CGPJ a fin de que, a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución».
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente recuerdan que «en una democracia real es obligación básica de los Poderes del Estado garantizar el funcionamiento de los órganos e instituciones constitucionales, en particular aquellas diseñadas para asegurar el respeto a los valores y pilares que sustentan el Estado de Derecho y actuar como contrapeso frente a cualquier intento de control o desestabilización, incluidos los que eventualmente pudieran proceder de esos mismos Poderes».
«Lejos de trabajar en este objetivo», apunta el comunicado, ayer se aprobó definitivamente por las Cortes Generales, «sin escuchar a nadie y por vía de urgencia», la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial «para impedir que el CGPJ pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales».
Las asociaciones recuerdan que la situación que se está viviendo, con un Consejo que lleva en funciones desde diciembre de 2018, es fruto de la incapacidad de las formaciones políticas para renovar el órgano y que sean los jueces los que elijan a sus doce representantes en el Poder Judicial, lo que es una reivindicación histórica de la carrera. Ahora, trasladan las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, «privándole de una de sus funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política».
A su juicio, con esta reforma, «ya se ha conseguido lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario». «Nada de esto hubiera sucedido si, como defendemos las asociaciones judiciales firmantes, en posición asumida por el Comité de Ministros de la Unión Europe, el Tribunal Europeo de Derehos Humanos, el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) o la Comisión de Venecia, los vocales de origen judicial del CGPJ fueran elegidos directamente por los jueces».
