El juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional ha dado la razón al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y ha ordenado al ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska que le readmita en el puesto del que fue cesado el pasado mes de mayo al frente de la Comandancia de Madrid: considera que el cese lo fue por no informar de una investigación en curso, es decir, una «motivación ilegal».
El Ministerio del Interior, que asegura «respetar la sentencia», ha anunciado ya que va a presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso de la propia Audiencia Nacional al no compartir la decisión del magistrado. Hasta que la Sala no se pronuncie la sentencia de restitución en su puesto no es ejecutable, según las fuentes consultadas por ABC.
En una sentencia notificada este miércoles, el magistrado Celestino Salgado anula la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del pasado 24 de mayo que supuso el cese de Pérez de los Cobos por pérdida de confianza al considerar que «no es conforme a derecho» y condena a la Administración a readmitirle y además, abonarle las cantidades salariales que ha dejado de percibir desde entonces y asumir las costas del procedimiento.
La reclamación, una vez agotada la vía en el Ministerio del Interior, acabó en la Audiencia Nacional, que ahora le da la razón en todos los sentidos: el cese lo fue, según el juez, por no informar a Interior de las investigaciones de la Guardia Civil en la causa judicial abierta sobre las manifestaciones feministas del 8 de marzo y en las que tenía deber de reserva reforzado por una orden expresa de la juez, Carmen Rodríguez Medel.
«Lo que es indiscutible es que a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la Magistrada a la Unidad de Policía Judicial (UOPJ), se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil», indica el magistrado.
Según explica, «no constando qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid», la conclusión ha de ser que «el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal».
«El cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso». Esto, añade, «podría haber sido constitutivo de un ilícito penal».
Desvío de la potestad discreccional
En su sentencia, señala que este es «un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional que aparece expresamente recogido en el propio expediente administrativo -propuesta de cese y resolución del recurso de alzada-, contra lo que es habitual y que ha motivado que difícilmente sea apreciada la desviación de poder por los tribunales».
«Es cierto que la decisión de cesar al coronel Pérez de los Cobos queda desvelada en la propuesta de la Directora General del Cuerpo, dirigida al Secretario de Estado de Seguridad, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento; unas investigaciones que por la legislación aplicable y por las expresas órdenes impartidas por la Magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, estaban sujetos al deber de reserva (…) Hemos concluido que aquella motivación es ilegal», subraya.
Para el magistrado, la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad de la que dispone en este caso el Ministerio del Interior para acordar ceses y nombramientos, sino que, por el contrario, las potestades discrecionales deben ejercitarse dentro de la legalidad.
«El actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos. Es por ello que el ejercicio de las potestades discrecionales está sujeto al control jurisdiccional en los términos expuestos», concluye.
Tras conocerse la sentencia, el líder del PP, Pablo Casado, escribió en una red social: «La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad», pidió la dimisión o destitución del ministro Grande-Marlaska..
