El nuevo pulso en el seno del Gobierno de coalición mantiene en el aire la aprobación mañana del nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros que el presidente del Gobierno anunció el pasado miércoles 24 en el Congreso y del que nada concreto se sabe hasta la fecha. Los ministros del PSOE y Moncloa se sitúan en un bando mientras los representantes de Unidas Podemos en el contrario. Y de fondo, como foco del conflicto, el porcentaje de ayudas directas que se dedican del monto total.
El debate ha escalado de las tradicionales disputas entre los ministerios económicos y participan ya de la discusión tanto el gabinete del presidente del Gobierno como la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo. No obstante, pilota las conversaciones el ministerio de Economía y, por parte de Unidas Podemos, la secretaria de Estado Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que este fin de semana propuso que de los 11.000 millones del fondo un total de 8.000 fueran en ayudas directas, punto al que no accedió Calviño. El plan todavía no está cerrado por lo que la posibilidad de que vaya mañana al consejo de ministros es aún una incógnita y el Gobierno podría darse una semana más de plazo si las posiciones no se acercan.
El debate no es menor, pues se desarrolla en un momento en que en torno a un millón de empresas se encuentran en una situación límite. De hecho, las cifras del Consejo General del Poder Judicial arrojan que en 2020 se registraron 13.741 concursos de acreedores, lo que supone un incremento del 14,2%, pese a estar vigente la moratoria concursal impulsada por el Gobierno y que elimina la obligación de presentación.
En ese casi millón de empresas estarían los cerca de 600.000 autónomos que están parados y cobrando el cese extraordinario de actividad y en torno a 250.000 empresas que tienen su plantilla en ERTE, hoy en torno a 900.000. Recuerda Lorenzo Amor, presidente de ATA, que las empresas que están cobrando el paro de los autónomos han tenido una caída del 50% en sus ingresos y que las que mantienen a sus trabajadores bajo el paraguas de las extinciones no están muy holgadas de liquidez.
Por ello asegura que «el Gobierno debería asumir su responsabilidad y, como han hecho otros ejecutivos europeos, compensar a las empresas a las que se ha obligado a restringir su actividad». Para el también vicepresidente de la CEOE «el plan de ayudas que prepara el Gobierno debería destinar, como mínimo 6.000 millones en transferencias directas que faciliten la liquidez. Esta es la única opción para salvar actividades y empleos», dice.
En el entorno de Podemos se pelea por ampliar el montante de ayudas a fondo perdido que contemplen el programa, mientras desde el ala socialista se pide mesura pues se considera que puede ser «improductivo» dar fondos públicos a empresas «zombies». Desde Moncloa, Hacienda y Economía, sin embargo, se busca controlar el destino de los fondos, y se propone instrumentar algún tipo de condicionante que obligue al pago de, por ejemplo, los gastos fijos de las empresas, dado que se considera que el mantenimiento de la plantilla ya se está asumiendo con los ERTE. Lo que se rechaza es hacer «una transferencia sin condiciones ni filtros».
En concreto, desde la formación morada defienden que las ayudas no se filtren por sectores, sino que sean accesibles a todas las empresas que haya sufrido una caída drástica, de entre el 30% y el 40% de su facturación en 2020. Y que cubran hasta un 80% de sus costes fijos.
La tensión en el mundo empresarial sobre este paquete de ayudas es máxima. Las empresas más afectadas por la pandemia han reclamado en numerosas ocasiones que las ayudas sean a fondo perdido y no de carácter financiero. Al igual que la banca, que ha rechazado la posibilidad de aprobar quitas a los préstamos ICO. Sin embargo, la ministra Calviño ha situado el sobreendeudamiento de algunas compañías en el centro del problema, lo que hace pensar que los instrumentos puedan ser de carácter financiero.
Frente a la pasividad del Ejecutivo, las autonomías sí que han tomado la iniciativa y todas ellas han puesto en marcha planes de ayudas directas para tratar de salvar sus economías. Más de 3.000 millones han dedicado las regiones a rescatar a sus negocios, cantidades que se han dirigido, en la mayoría de los casos, al sector servicios, que es uno de los más afectados por la crisis sanitaria.
