El Consejo de Europa ya avisó en 2020 que la reforma dura del CGPJ con la que amaga Sánchez puede «violar los estándares anticorrupción»
La reforma para renovar el CGPJ que proponen los socios del Gobierno y que pasa por rebajar las mayorías parlamentarias no cuenta con el aval de Europa. Esta vía que proponen Sumar y Podemos ante la ausencia de acuerdo entre PSOE y PP ya contó con el rechazo del Consejo de Europa y de Bruselas en 2020, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez amagó con reformar la ley para poder renovar en solitario el órgano de gobierno de jueces.
En aquel momento los desacuerdos entre el partido que lidera Pedro Sánchez y los populares llevaron al Ejecutivo a plantear esta reforma legal con la que conseguirían designar a los vocales sin necesidad de pactarlos con el PP. Las reticencias planteadas entonces por el Consejo de Europa y por Bruselas llevaron a Moncloa a dar marcha atrás y retirar la proposición de ley que presentó con su entonces socio Podemos.
Cuatro años después, el plan ‘b’ vuelve a ponerse sobre la mesa. Esta vez ha sido la formación morada la que ha presentado una proposición de ley para cambiar el modelo que rige desde 1985 y que requiere de una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso y del Senado para su elección.
Se trata de un texto que cuenta con el visto bueno de Sumar y con el que se insta a Sánchez a romper más de cinco años de negociaciones frustradas con el Partido Popular. Se propone modificar los artículos 570 y 572 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que los 12 candidatos provenientes de la carrera judicial que elige el Congreso de los Diputados puedan ser designados por mayoría absoluta en caso de no lograr mayoría de tres quintos en una primera votación.
Las líneas rojas de la UE con el CGPJ
Aunque el Gobierno no ha respaldado esta fórmula, sí que está dispuesto a renovar un CGPJ que opera en funciones desde 2018. El PSOE no confirma si prefiere este plan que ya tumbó la UE hace cuatro años o bien la reciente propuesta efectuada por el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte. Lo que sí ha dejado claro es que va a haber reforma.
Se trata de un cambio de postura que se produce tras el retiro de cinco días de Pedro Sánchez y su anuncio de que no solo no dimite, sino de que habrá un «punto y aparte» en su política. De hecho, sus últimos giros de guion y sus acusaciones hacia la judicatura y la prensa crítica con su mandato han vuelto a alejar cualquier conato de acuerdo que pudiera estar fraguándose con el Partido Popular.
Fuentes de las negociaciones consultadas por Vozpópuli explican que las conversaciones vuelven a estancarse después de que Pedro Sánchez se haya presentado como víctima del ‘lawfare’. Al respecto avisan de que los ataques vertidos desde el Gobierno y sus socios contra el Poder Judicial no se entienden en clave de amenaza al Consejo General del Poder Judicial, sino a la Justicia.
Modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con este telón de fondo y tratar de conseguir el aval de Europa se antoja muy complicado. Cabe recordar que en plena tramitación de la reforma propuesta en 2020, el Consejo de Europa se dirigió al Ministerio de Justicia que entonces lideraba Juan Carlos Campo, para advertirle de los peligros que suponían rebajar la mayoría de tres quintos para renovar el CGPJ.
«Violación de los estándares anticorrupción»
La misiva, firmada por Marin Mrčela en su condición de presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), advirtió que modificar la ley para rebajar la elección a mayoría simple «podría suponer una violación de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa», órgano al que pertenece el GRECO.
«Nuestros estándares establecen que al menos la mitad de miembros del consejo deben ser jueces elegidos por sus pares desde todos los niveles de la judicatura», precisó el GRECO. De hecho, advirtió de que España no estaba cumpliendo las recomendaciones del Consejo de Europa en materia judicial en cuanto a la no participación de las autoridades políticas en el proceso de selección de jueces.
Por su parte, la Comisión Europea también alertó de los peligros de rebajar a mayoría simple el límite parlamentario para poder elegir su cuota de vocales del órgano de gobierno de jueces. Tanto es así que la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, advirtió al Ejecutivo que debía frenar esta deriva y apostar por una reforma por la que abogan algunas asociaciones de jueces relativa a que a sean ellos los que elijan a sus pares.
Crisis institucional con el Poder Judicial
De hecho, las alusiones de Yolanda Díaz a recuperar esta fórmula para renovar ya el CGPJ han contado con el rechazo de asociaciones como Foro Judicial Independiente, que avisa que no tiene cabida que desde el Gobierno se hable de una justicia politizada y luego su reformas propuestas vayan encaminadas hacia un mayor control político de la Justicia.
«Una eventual reforma de la Ley para rebajar las mayorías necesarias para la renovación del CGPJ, por ejemplo, y facilitar que se pueda constituir el CGPJ sin contar con buena parte del espectro parlamentario, sería contraria a la Constitución y a los estándares europeos (…). Sería, además, una reforma inútil si lo que se quiere es controlar a los jueces», sostiene.
Sobre ello se ha pronunciado también la Asociación Europea de Jueces (EAJ), la cual recordó este lunes que el Tribunal Europeo de Justicia ha avisado en no pocas ocasiones que el nombramiento de los vocales del CGPJ debe ser realizado por los propios jueces. También Guilarte avisó hace unos días que el culpable de la no renovación no es el Consejo, sino los partidos que por ley tienen encomendada esta función.
Las fuentes consultadas aseguran que este órdago del Ejecutivo y de sus socios solo se puede entender como una amenaza al Partido Popular para que selle un pacto de renovación del órgano ya que choca con lo advertido por Europa hasta el momento. Sin embargo, ‘la fumata blanca’ que ponga fin a cinco años de interinidad en el CGPJ tampoco está cerca.
Los señalamientos del presidente del Gobierno a la judicatura y sus revelaciones este pasado martes acerca de que él ha sido víctima de ‘lawfare‘ ponen al PP en una situación complicada para renovar. «No se trata de un ataque al CGPJ, sino a la Justicia», afirman las fuentes consultadas. Así pues, la propuesta de modificar la ley para renovar el Consejo se produce en un momento de crisis institucional sin precedentes con el Poder Judicial.
