Rubén Blanco es el padre de una niña de ocho años con una discapacidad de grado 3, tanto a nivel físico como intelectual. Dada la edad y sus necesidades, la familia adquirió en octubre una furgoneta adaptada para transportar a la pequeña.
El vehículo tuvo que ponerse al nombre de la niña, ya que según Blanco, debe ser así para poder hacer uso de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con discapacidad y movilidad reducida, así como para la reducción sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), «porque es para el uso de ella», comenta.
Tras el reciente fallecimiento de la pequeña hace unas semanas, su padre quiere vender la furgoneta porque la familia ya no la necesita. Además, no cabe en el parquin y no puede dejarla en la calle al no poder hacer uso de la tarjeta.
Sin embargo el proceso de venta no está siendo fácil. Al parecer, le obligan a pagar 6.000 euros de IVA y entre 2.000 y 4.000 del impuesto de sucesiones, al adquirir un vehículo que está a nombre de su hija. «¿Cómo voy a tributar por algo que he pagado yo mismo?», se pregunta.
La venta le conlleva entre 8.000 y 10.000 euros, y la furgoneta le costó 30.000, costeándola entre los padres de la niña y solicitando un crédito. En el concesionario le ofrecen 20.000 euros, ya que al ser un vehículo adaptado la venta se hace más complicada. «En cuanto reciba esos 20.000 euros, pagaré 10.000 del crédito y los 10.000 del impuesto, y me quedaré sin dinero y sin furgoneta», detalla.
Blanco considera que su caso es excepcional y pide que le escuchen para poder encontrar una solución o una alternativa. «No vendo la furgoneta por capricho, no la quiero porque me recuerda al problema y emocionalmente nos cuesta. Estamos intentando luchar para que nos quiten algún impuesto porque nos vamos a quedar sin nada y nos ha costado mucho trabajo y dinero», indica.
A su doloroso duelo se suma tener que lidiar con esta situación, lo que personalmente le está afectando en gran medida. Ante la desesperación y las dudas que le genera su caso, mantuvo una reunión con el equipo del Justicia de Aragón.
Tras tratar su caso, Blanco está a la espera de una resolución, previsiblemente la semana que viene, ya que, según le indicaron, dependiendo del problema, podría estar exento de pagar el impuesto de sucesiones. Aunque le sorprende, porque en las consultas que ha realizado, le han comunicado que sí debe costearlo.
Blanco, por su parte, ha sugerido que cambien la ley para que un menor no pueda tener un coche a su nombre, sino que sea el tutor o los padres los que figuren en la propiedad. Y mucho menos en el caso de un niño o niña con discapacidad.
«Lo que quiero es que me comprendan porque es bastante razonable, ¿por qué tengo que tributar algo que yo ya he pagado? Mi opinión es que la ley está para cumplirla y cambiarla en algunos casos, debe ser más flexible», manifiesta.
Rubén Blanco, que también es hostelero, está haciendo frente a esta dolorosa situación al mismo tiempo que intenta que su restaurante prospere y asegura «estar muy al límite».
Fuentes cercanas a este gallego afincado en Zaragoza le hablaron de más casos similares al suyo, siendo también varias familias las afectadas.
Este tipo de situaciones es posible consultarlas con entidades como la Fundación DFA, donde ofrecen una asesoría jurídica gratuita para orientar a las familias en procesos como este u en otras consultas.
