Todas las miradas estuvieron puestas ayer en Rabat donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recalaba por séptima vez desde 2018 para intentar arrancar de Marruecos un compromiso en firma para que se cierre el grifo de la salida de pateras desde las cosas africanas frente a Canarias, la única manera de comenzar a desbloquear la situación y de que las mafias dedicadas al tráfico de personas reciban un mensaje claro de que la ruta del África occidental hasta Europa al módico precio de 4.000 dólares está cerrada. Otro de los puntos a tratar con su homólogo o Abdelouafi Laftit era activar las repatriaciones a Marruecos ya que el Gobierno sigue buscando soluciones a la crisis migratoria en Canarias, pero sin trasladar de forma regular a la Península a todas personas que llegan a las islas, una demanda del Ejecutivo autonómico socialista, que se niega a seguir siendo el único territorio que sostenga la presión de la llegada de pateras.
Pues bien, a juzgar por el tibio compendio de lugares comunes en los que cayó el titular de Interior en Rabat todo parece indicar que se volvió con las manos vacías de Marruecos. Marlaska explicó que el Gobierno quiere evitar que Canarias se convierta en la «vía de entrada irregular en Europa». «Cuando se habla de traslado a la Península (digo): hay que luchar contra la emigración irregular y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa», afirmó. A continuación despejó balones fuera al aclarar que «las políticas migratorias son del conjunto de la UE, y no solo de España» y reiteró que, al igual que explicó recientemente la ministra de Administración Territorial, Carolina Darias, las personas con derecho a protección o vulnerabilidad tendrán trato preferencial, pero que no se contemplan traslados masivos y regulares. En un comunicado posterior a la rueda de prensa, Interior señaló que en la reunión con Laftit, Marlaska «trasladó al ministro del Interior marroquí la necesidad de incrementar la colaboración en los diferentes ámbitos de la política migratoria (control de los flujos, intercambio de información policial y operaciones contra las organizaciones criminales que trafican con personas, entre otros) especialmente en la ruta de la fachada atlántica hacia las Islas Canarias». Lejos de emitir cualquier reproche, el ministro destacó en este sentido los «buenos resultados» alcanzados gracias a las políticas y las actuaciones conjuntas desarrolladas entre España y Marruecos durante el pasado año 2019, «las cuales lograron revertir la tendencia creciente de llegadas en el año 2018 con un descenso del 50 por ciento (64.298 entradas en 2018 y 32.513 entradas en 2019). «Ese el camino a seguir reforzando en la actualidad para afrontar las llegadas a las Islas Canarias», señaló el ministro. Por lo demás, según Interior, la reunión entre Grande-Marlaska y Laftit incidió en dos de los elementos clave en la gestión de la política migratoria puesta en marcha por el Gobierno español desde junio 2018, y que fueron los pilares que permitieron revertir la tendencia de llegadas entre 2018 y 2019: la cooperación real con los países de origen y tránsito y la lucha efectiva contra las mafias que trafican con personas.
En el otro frente de la batalla migratoria, el canario, el encargado de dar la cara desde Las Palmas de Gran Canaria fue el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá. Escrivá anunció que se habilitarán con carácter de urgencia campamentos con 6.000 plazas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para ir acogiendo a los inmigrantes que ahora se reparten por 17 complejos turísticos y, de forma paralela, trabajará para dotar de otras 7.000 plazas estables en el interior de inmuebles. El plan se apoya, en buena medida, en los terrenos e inmuebles cedidos por el Ministerio de Defensa en tres islas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Bankia. Escrivá destacó que «el 90 %» de los 18.348 inmigrantes que han llegado en patera a las islas en lo que va de año «son expulsables a sus países de origen» y recalcó que los traslados a la Península que puede promover su departamento se ciñen exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad.
Precisamente esta reivindicación es la más constante en otro socialista, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, que compareció en Las Palmas de Gran Canaria con el ministro Escrivá. Torres subrayó que las derivaciones a la Península siguen siendo una exigencia de Canarias porque es una «obligación solidaria» establecida en el pacto europeo de asilo y migraciones, al que se oponen países como Polonia o Eslovaquia, y porque las islas sólo pueden acoger a un porcentaje de los inmigrantes que llegan. «Canarias se rebela, se revira y se opone a ser el único lugar de España donde tenga que quedarse toda la inmigración irregular. Hay un pacto por la migración y el asilo que dice rotundamente que Europa tiene que ser solidaria con las personas que llegan a los territorios fronterizos (…) Se lo digo con rotundidad al Gobierno de España y a la UE: Canarias no aceptará que toda la inmigración quede en Canarias», señaló Torres. Además, dijo que sólo podrá estar satisfecho «cuando se desmantele» el campamento del muelle de Arguineguín, donde han llegado a hacinarse más de 2.500 personas esta misma semana, Torres ha estimado que «es una buena noticia» que comunidades como la Valenciana, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Aragón y la ciudad de Barcelona se hayan ofrecido a acoger a parte de los 9.000 inmigrantes que permanecen en Canarias. Escrivá admitió que su ministerio «podría haber llegado antes» a responder a esta emergencia humanitaria, si bien estimó que «hay que mirar hacia adelante». El plan de acogida diseñado por Migraciones supondrá una inversión de 84 millones de euros, de los que 43 procederán de fondos EMAS y 41 de los fondos de recuperación de la UE.
Mientras la oposición o está dejando escapar la ocasión de desgastar al Gobierno por lo que considera una nefasta gestión de la crisis. Para hoy está prevista la llegada a Canarias del líder del PP, Pablo Casado y ayer mismo el diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, presentó en el registro del Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley solicitando la reprobación de Marlaska por «su incapacidad para gestionar la crisis migratoria que sufre Canarias».
Fernández de la Puente explicó que «la crisis migratoria que se sufre en Canarias está convirtiendo las islas en un territorio al borde del colapso humanitario, económico e institucional», situación ante la cual el Gobierno de España, con el ministro del Interior a la cabeza, «se muestran incapaces de encontrar soluciones al problema».
