El coronavirus se ha cebado en las residencias de mayores, hogar de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. En estos centros los positivos se cuentan por centenas en todo el país y se han convertido en epicentro de una crisis sin precedentes. Las palabras de Margarita Robles, ministra de Defensa, que aseguró que el Ejército había encontrado cádaveres en algunos lugares en los que había entrado a desinfectar fueron el detonante después de que, durante días, muchos familiares de usuarios hablasen con incertidumbre sobre la dramática realidad de sus mayores.
Si bien el Ministerio de Sanidad con Salvador Illa al frente es el mando único y las autonomías, que son el órgano competente en esta materia, son quienes están ejecutando diversos planes de actuación, el pasado 19 de marzo Pablo Iglesias en rueda de prensa anunció una batería de medidas para paliar la situación. Entre otras, 300 millones de euros para reforzar la asistencia domiciliaria o las plantillas de trabajadores sociales, y la que más destacó de un discurso en el que tildó la situación de «crisis humanitaria»: su «vicepresidencia social» sería la responsable de destinar a la UME a aquellas residencias donde sea necesario. «En el caso concreto de las intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la vicepresidencia de Derechos Sociales indicará al Ministerio de Defensa a qué residencias deben acudir», reza un comunicado de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 del 22 de marzo.
Iglesias llegó a aseverar en La Moncloa que las residencias están «desbordadas» y que «en muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios» para atender a los mayores afectados por el Covid-19. «Es urgente medicalizar estos centros (las residencias) con más recursos y con equipos de protección individual para los profesionales. Estamos trabajando con Sanidad para que lleguen cuanto antes», aseveró. También incidió en la falta de personal y en la necesidad de actuar cuanto antes para atajar la crisis.
Las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, sin embargo, parecen más un gesto que responde a su limitada capacidad de gestión en esta crisis. Papel mojado para una situación que sigue fuera de control. La tasa de contagios y muertes por el Covid-19 ha hecho que muchas autonomías, ante el temor de que las residencias colapsen, hayan diseñado planes específicos para aislar a los mayores contagiados, o a los que se sospecha que lo están. También a intervenir los centros debido a la falta de personal, que también se está contagiando, y de medios de protección. En algunos los trabajadores han optado por confirnarse, y los llamientos para recibir equipos de protección individual han saltado a las redes. La cuestión también llegó al Congreso, donde el PP registró una iniciativa para dotar de más medios a las residencias del país.
En cifras
En la Comunidad de Madrid, la región más castigada con más de 1.000 muertes (no todas atribuibles al virus dada la falta de tests), el Gobierno regional ha intervenido ocho centros donde la situación es crítica. El pasado viernes el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso activó un plan de actuación y, desde entonces, sanitarios, médicos, enfermeras y miembros de la UME, entre otros, recorren uno a uno los centros de la comunidad para comprobar el estado real de la situación.
Los datos que facilita la Junta de Castilla y León, según informa Europa Press, indican que, en este momento, son 292 personas las que han muerto en residencias con coronavirus confirmado, mientras que otras 413 personas lo han hecho con algún síntoma, sin que se les haya practicado la prueba. En total, 705 personas fallecidas de centros de mayores en la región.
En Cataluña, tercera comunidad más golpeada, el secretario de Asuntos Sociales y Familias del Govern catalán, Francesc Iglesies, ha cifrado en 362 los ancianos que han muerto. En Castilla-La Mancha, un total de 143 residencias cuentan con casos confirmados y son 659 los residentes de las mismas que han dado positivo por coronavirus. Hasta la fecha se contabilizan 206 muertes. En Andalucía, el consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, ha confirmado este jueves que 82 personas han muerto en residencias de ancianos y que otras 672 se han contagiado.
Estas cifras, convertidas ya en reflejo de la magnitud de la situación, se repiten por todo el país. Y, aunque no hay datos oficiales debido a que no todas las regiones los facilitan, se sospecha que unas 3.000 personas ingresadas en estos centros han muerto por coronavirus.
