Moncloa dio ayer el pistoletazo de salida a la última semana de la precampaña electoral previa al 10-N con la retransmisión, minuto a minuto, de la exhumación de los restos de Franco, su traslado en helicóptero y su posterior reinhumación en un cementerio del norte de la capital. Con programación especial en la radio y en la televisión públicas durante toda la mañana. Con media hora de telediario dedicado a lo sucedido en el Valle de los Caídos y en el camposanto de Mingorrubio. Con veintidós cámaras del ente público cubriendo el recorrido. Y todo ello coronado con la comparecencia íntegra del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que ofreció su valoración de lo sucedido y descartó cualquier motivación electoralista: «Nos comprometimos a hacerlo en el mismo momento en que fuera posible. Y éste es el momento: ni un día antes ni un día después».
En una comparecencia sin preguntas de los medios de comunicación, Sánchez cuidó al máximo sus palabras, consciente de los tiempos preelectorales en los que se mueve y de la lupa que sobre sus afirmaciones pondrían los demás partidos políticos y la Junta Electoral Central (JEC). El presidente hizo hincapié en que la exhumación de Franco supone la «conclusión de un largo proceso» avalado por los tres poderes del Estado: el legislativo, «sin un voto en contra», recordó; el ejecutivo, al decidir la forma en la que se materializaría; y el judicial, al ser avalada por el Tribunal Supremo en sus recientes resoluciones de los recursos interpuestos por la familia, la Fundación Franco, la comunidad benedictina de Cuelgamuros y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. «Con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, España cumple consigo misma.Se pone fin a una afrenta moral, se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y la libertad. Hoy nuestra democracia se prestigia a los ojos del mundo», destacó. Ya por la tarde, el presidente visitó el cementerio de La Almudena para llevar un ramo de flores a la tumba de «Las 13 rosas».
De izquierda a derecha, el resto de formaciones, más allá de su posicionamiento concreto sobre la exhumación, coincidieron en rebatir al Gobierno y lamentar el profundo acento electoralista que Sánchez ha concedido a lo acontecido ayer en el Valle de los Caídos. En este contexto, el presidente y los ministros en funciones deberán extremar al máximo las valoraciones que realicen a partir de ahora sobre este asunto. Fuentes de la Junta Electoral Central (JEC) consultadas por LA RAZÓN recuerdan que «todos los integrantes del Ejecutivo socialista están apercibidos» desde el pasado día 17 por su «reiteración» en conductas que «vulneran el principio de neutralidad» –recogido en el artículo 50.2 de la Loreg y en el 23.2 de la Constitución– que se les exige en periodo electoral. Ello implica que tanto el presidente como los titulares de las carteras ministeriales no podrán «vender» la exhumación de Franco como «un logro» de su acción de gobierno en sus intervenciones institucionales, aseguran esas mismas fuentes. Deberán limitar sus alusiones a esta cuestión a la arena de la campaña electoral del PSOE. «El cuidado con el que aborden esta u otra cuestión relativa a su balance como Ejecutivo ha de ser total por la circunstancia añadida de que todos los ministros son candidatos de una formación política que concurre a los comicios del próximo 10 de noviembre», añaden desde el órgano encargado de velar por el juego limpio entre partidos durante las semanas previas a las generales.
En el caso de que alguno de los miembros del Gobierno en funciones obvie estos límites en sus manifiestaciones como representantes de un poder público y valoren la exhumación con un enfoque «publicitario», que sea «favorable» a un partido concreto desde el punto de vista electoral o que suponga una «patrimonialización» de la exhumación, se expondrán a la apertura de un expediente por parte de la Junta Electoral. Así lo resolvió este organismo en respuesta a la reclamación interpuesta por el PP contra la vicepresidenta y la ministra de Hacienda por sus manifestaciones en una rueda de Prensa en Moncloa: «Se insta al Secretario de Estado de Comunicación para que traslade dicho apercibimiento que incluye la posibilidad de que, en el caso de futuras vulneraciones de dicho precepto, se incoe un expediente sancionador», señaló en su resolución la JEC. Este expediente, al margen de la reprobación que implicaría en términos políticos, supondría la aplicación del artículo 153.1 de la Loreg, que establece que las multas por las infracciones cometidas por las autoridades oscilan entre los 300 y los 3.000 euros.
