Los Gobiernos de los Veintisiete han podido ya hacer un primer examen al acuerdo sobre la retirada del Reino Unidoque deberán refrendar en la cumbre del próximo domingo. Y, en los términos actuales, España no está en disposición de firmarlo. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha reclamado esta mañana al negociador de la UE, Michel Barnier, la modificación de un artículo sobre las negociaciones en las que se definirá la futura relación entre Reino Unido y la UE. “Queremos que quede clara la interpretación de ese texto de que las negociaciones entre el Reino Unido y la UE no se aplican a Gibraltar”, ha asegurado Borrell a la salida de la reunión.
El artículo que ha suscitado el enfado de España es el 184. Ese precepto, que trata de anclar en el acuerdo que habrá unas negociaciones para definir una futura relación entre Reino Unido y la UE, ha levantado ampollas en el ejecutivo de Pedro Sánchez por dos motivos. Según fuentes diplomáticas, España desconocía la existencia de ese artículo hasta el miércoles por la noche, cuando Barnier repartió el documento a los Veintisiete y posteriormente lo hizo público. En cambio, sí lo habían visto todo el Gabinete de Theresa May, y también el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.
Los servicios jurídicos de La Moncloa, además, quieren evitar que ese apartado pueda dar la más mínima cobertura a Gibraltar. Borrell, que ha intervenido en tercer lugar en la reunión ministerial de esta mañana, ha pedido que se modifique el artículo y se deje claro que la negociación con Gibraltar queda al margen del acuerdo de retirada y sujeta a las negociaciones bilaterales entre Londres y Madrid. Es más, Borrell ha puesto como condición para respaldar el borrador de acuerdo que la declaración política conjunta sobre las futuras relaciones entre ambas partes, que también debe cerrarse en los próximos días, incluyan una referencia explícita a que las negociaciones sobre Gibraltar quedan fuera del ámbito de la UE.
Sin cabos sueltos
Fuentes diplomáticas han sostenido que, en realidad, España exige “claridad” en el texto. Estas fuentes explican que Barnier ha respondido que los servicios jurídicos del Consejo de la UE darán las máximas garantías al ejecutivo de Sánchez. Aun así, el Gobierno no quiere dejar cabos sueltos que puedan ser objeto de reinterpretaciones contrarias a los intereses españoles. “Tiene que quedar claro que lo que se negocia tiene un ámbito territorial que no incluye Gibraltar. Que las negociaciones futuras sobre Gibraltar son aparte”, ha añadido Borrell.
Según fuentes comunitarias, tras la intervención de Borrell, varios ministros se han mostrado favorables a hallar acomodo a la demanda española. Sin embargo, el equipo negociador y algunos estados miembros son reacios a reabrir el texto para introducir cambios. En parte, porque ello podría dar pie a que otros reclamaran cambios en un documento cuya negociación ha sido un juego de equilibrios que ha dado como resultado un consenso «frágil».
Fuentes diplomáticas no descartan, sin embargo, que pueda encontrarse una solución mediante la inclusión de un anexo o una clarificación. Ese será el objetivo del equipo español que se verá las caras esta semana de nuevo con Barnier para idear una fórmula que espante los recelos. De momento, España no pronuncia la palabra bloqueo. «Si hubiera veto no se decidiría hoy, sino antes o durante el Consejo Europeo», explican fuentes diplomáticas.
